La diputada nacional por Santa Fe, Alicia Ciciliani, del Partido Socialista,solicitó la modificación del artículo 15º de la Ley 26.741, texto que expresa la expropiación de las acciones de Repsol en YPF, en el cual se deja en claro que tanto YPF como Gas YPF S.A continuarán operando como sociedades anónimas abiertas.

Esto implicó que  para ambas compañías no le fuera aplicable “legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación”. Se trata de un dibujo legal que les permitió estar por fuera de estas fiscalizaciones.

Por eso representantes de la oposición pusieron el grito en el cielo. La propuesta de Ciciliani va en consonancia con el artículo 85º de la Constitución Nacional: “es una atribución del Poder Legislativo el control externo del sector público nacional, tanto desde sus aspecto operativos, como de los patrimoniales, económicos y financieros”.

En el momento de la nacionalización de YPF  el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, ya hacía referencia a esta incongruencia: “la Ley de expropiación de YPF nos dice que aun cuando el Estado detente ahora la  mayoría accionaria, y ejerza exclusivamente todos los derechos políticos de la sociedad, no se le aplicarán  los controles internos ni externos, como si  no perteneciera a la hacienda pública”

Para Despouy “no hay ningún argumento jurídico, ni razones de competitividad empresarial, pública o  privada, que permitan tomar  una empresa como YPF y manejarla como una zona liberada de controles.”

En otros países de la región, las empresas petroleras que fueron recuperadas por el Estado presentan controles similares. Tal es el caso de Pemex en México, Petrobras en Brasil, PDVSA en Venezuela,  Ecopetrol en Colombia y Petroecuador en Ecuador.

En tanto, el proyecto deja en evidencia una paradójica similitud entre la reciente Ley de nacionalización y la de privatización de 1992 (Nº 24145), ya que ambas dejan al Estado fuera de la posibilidad de tener algún tipo de incumbencia de ese tipo.

No obstante, Ciciliani recordó que “desde el Partido Socialista acompañamos la ley que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el cincuenta y uno por ciento del patrimonio de YPF, con la misma coherencia que en la década neoliberal de 1990, nos opusimos a su privatización”

Luego amplió: “YPF pertenece al sector público estatal y como tal debe estar sujeta a los mismos controles públicos que auditan los estados contables y el desempeño de empresas como ENARSA, AYSA, CNEA, ARSAT, EDUCAR, Aerolíneas Argentinas, entre otras”.