La Consulta Pública del Preplieglo del Plan de Energías Renovables “RenovAr (Ronda 1)” vence el próximo 12 de junio. Este es el plazo máximo que tienen las empresas y asociaciones del rubro para exponer las sugerencias que consideren necesarias respecto de las condiciones enunciadas para licitar en la subasta lanzada por el Ministerio de Energía por 1.000 MW de potencia renovable.

Según indican fuentes que conocen de las iniciativas que recibe la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (CAMMESA) son cerca de 20 las carpetas presentadas con la información contable y comercial.  Se espera que en los próximos días se incremente el número, ya que importantes actores del rubro aún no hicieron sus comentarios. Están analizando en detalle los aspectos técnicos y comerciales, consensuando posiciones.

¿Cuáles son las principales críticas que plasman estos documentos? Diversos referentes del rubro, entre empresarios, académicos y dirigentes, aseguran que dadas las exigencias que plantea la normativa sólo firmas de gran envergadura – y en su mayoría de peso internacional – podrán adecuarse para ganar las licitaciones.

Uno de los puntos que señalaron a coro tiene que ver con el valor de la garantía que se exige a las propuestas, que deberá ser 50 mil dólares por cada MW de Potencia Ofertada. Como si fuera poco, en el último estado contable deberá reflejar un patrimonio neto mínimo 500.000 dólares por cada MW de potencia incluido en la Oferta (“Requerimientos Financieros”)

También mencionaron el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato ofrecida, que de acuerdo al pliego deberá 250.000 dólares por cada MW de Potencia Comprometida de la Central de Generación.

Otro argumento que esgrimieron apunta con los requisitos técnicos. “Se deberá acreditar solvencia técnica en trabajos de prospección del recurso energético del que se trate, haciendo mención a los trabajos efectuados y/o publicados en el sector, tanto a nivel nacional como internacional, junto con cualquier otro instrumento que avale la experiencia y capacidad técnica de las empresas y/o consultores involucrados”, plantea en forma general el pliego.

Pero párrafo seguido aclara que el consultor independiente deberá acreditar en declaración jurada que cuenta con la experiencia mínima de haber realizado estudios similares en el mercado local y/o internacional por un mínimo 1000 MW de cualquier fuente renovable y proveer referencias comerciales de cada proyecto (el “Consultor Independiente Calificado”). El mercado local, claramente, no cuenta con esa potencia instalada.

De esta situación tomaron nota los gremios, en puntual, la Unión Obrera Metalúrgica que dirige Antonio Caló. “Si esto termina siendo un aluvión chino, los únicos que pueden torcer las cosas son los gremios, por medidas de fuerza, por poder de negociación. Los informes técnicos no dan resultados”, señala una fuente del sector que prefiere no ser citada en la nota. Sindicatos afines presentaron nota a las autoridades reclamando el “compre nacional”.

Así las cosas, los proyectos chicos, tendrán su oportunidad de avanzar recién cuando salga la ley de generación distribuida, aún sin fecha definida. Se está consensuando un proyecto de ley entre las distintas fuerzas políticas, pero los tiempos del Congreso no se caracterizan por ser ágiles, menos en un contexto de poder repartido, como el actual.

Por el momento, el Gobierno está preocupado en sumar potencia y afrontar la crisis energética. En los momentos que crece la demanda hay que importar energía eléctrica de los países vecinos, a precios superiores de los que ofrecen cualquiera de las renovables. La reserva técnica oscila en torno al 3 por ciento.

Este es el apuro de Juan José Aranguren, el Ministro de Energía y Minería, quién confía y mucho en la gestión de Sebastián Kind, el subsecretario del área. Por eso, las condiciones para la licitación térmica fósil no fueron tan exigentes como las de renovables. Hay que afrontar el verano de 2017. Además, es año electoral y es menester reducir los cortes de energía.

En cuanto a las licitaciones, si las empresas son grandes o chicas, locales o internacionales, no parece ser un gran problema en este contexto. Para el Gobierno la urgencia es aumentar la potencia y estimular las inversiones en distribución, el principal cuello de botella.

Perspectivas

En cuanto a la licitación, la expectativa es que haya ofertas muy por encima de los 1.000 MW ofertados. ¿A qué precio? Es la pregunta del millón. Se esperan propuestas por encima de los 80 dólares el MWh en lo que respecta a energía eólica, aunque todo es incertidumbre. Son pocos los empresarios que estiman valores similares a los países de la región como Perú, Chile, Brasil, Uruguay o México.

Pero por cómo están dadas las condiciones en los pliegos, es de esperar que los proyectos avancen ya en 2017 y no queden truncados como ocurrió con el GENREN. La garantía del Banco Mundial es uno de los méritos que logró Sebastián Kind. “Lo hizo en tiempo récord”, valoró un empresario.

Proceso

La fecha para la Presentación de Ofertas (Sobres «A» y «B») está fijada para el 22 de agosto. El proceso de evaluación terminará el 23 de septiembre y cinco días más tarde se anunciará la adjudicación.

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