El pasado 27 de octubre la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales a carbón en todo el país a partir del 2026.

La votación culminó con 145 votos a favor, dos negativos y cinco abstenciones. Sin embargo, la iniciativa retornó a la Comisión de Medioambiente y Recursos Naturales para incorporar algunas indicaciones convenidas durante la sesión.

Para Sara Larraín, destacada activista chilena, quien en 1999 se presentó a elecciones presidenciales, hay altas chances y expectativas en que el proyecto de Ley vuelva a aprobarse en Diputados, y que culmine con la sanción definitiva tras su paso por el Senado.

Cabe señalar que esta propuesta adelanta en 15 años al Plan de Descarbonización que había delineado el Gobierno nacional, junto a las empresas, para que las carboneras salgan de operaciones en el 2040.

En diálogo con Energía Estratégica, Larraín no descarta que el Ejecutivo termine por vetar el proyecto una vez sancionada Ley por el Congreso, pero advierte: “sería dispararse en los pies”.

Para la Directora del Programa Chile Sustentable no aplicar la Ley sumaría mayor descontento social sobre un Gobierno que no goza de popularidad.

“La mayoría de estas carboneras están en zonas saturadas de contaminantes, particularmente material particulado de dióxido de azufre, que afecta a miles de personas en Puchuncaví-Quinteros, Coronel, Tocopilla, Mejillones y Huasco”, alarma Larraín.

Hasta el momento, sólo 8 de las 25 centrales a carbón operativas tienen fecha de cierre antes del 2025. Las 17 restantes aún no tienen un cronograma. De reglamentarse el proyecto, en los próximos cinco años debieran cerrar todas estas plantas, las cuales explican el 20% de la potencia instalada de Chile.

En esa línea, el Ministerio de Energía junto al Coordinador Eléctrico Nacional plantearon análisis técnicos, como el Estudio de operación y abastecimiento (ver en línea), que advierten que la salida anticipada de estas centrales redundaría en distintas peripecias, como aumentos del costo de la energía.

“En todos los escenarios con salida de las centrales a carbón al año 2025 y limitaciones de combustible, se evidencian costos marginales que alcanzarían valores del orden de 200 USD/MWh, en las horas de noche, siendo actualmente estos valores en torno a 50 USD/MWh promedio”, señala del Coordinador.

Por su parte, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, oportunamente indicó que con este proyecto “se perderían más de 13 mil puestos de trabajo, alto riego de racionamiento eléctrico, alza de cuentas de la luz, riesgo altísimo de demandas contra el Estado y vicios de constitucionalidad”.

Pero para Larraín nada de esto va a suceder. Explica que el parque a carbón actual, de unos 5.000 MW, se está reemplazando por energías renovables que prometen no sólo puestos de empleo sino energía suficiente y barata.

Por un lado, la especialista indica que no puede haber desabastecimiento. Observa que hoy Chile cuenta con casi 25.000 MW de oferta energética, mientras que el pico histórico de consumo no ha llegado a los 12.000 MW. “Tenemos una matriz con sobrecapacidad”, precisa.

Señala que dentro de ese volumen de potencia existen centrales termoeléctricas a gas (que no se están despachando) e hidroeléctricas que pueden oficiar como respaldo a la intermitencia de las plantas de energía eólica y solar existentes. Sin necesidad del carbón. Además la matriz cuenta con un 25% de energías renovables.

Un argumento del Ministerio de Energía decía que el gas, al ser más caro que el carbón, generaría una suba de tarifas. “No es verdad –arremete Larraín- porque al año 2022 para los clientes regulados empieza a ingresar la energía (renovable) que se licitó durante el Gobierno pasado (2015) donde se adjudicaron bloques del orden de 40 dólares el MWh”.

“En dos años va a ingresar energía más barata”, retruca la Directora de Chile Sustentable, al tiempo que argumenta: “las grandes mineras y empresas están cambiando todos sus contratos a energías renovables, básicamente porque el precio es mucho más barato”.

Consultada sobre el marco de inseguridad jurídica que según el Gobierno podría ocasionar este anticipo de la salida de las plantas a carbón, Larraín opina: “ninguna empresa puede alegar un cambio en reglas de juego cuando hoy día la comunidad internacional en su conjunto, y particularmente en relación a los compromisos del Acuerdo de París, está conminada a hacer una transición energética acelerada”.

Y agrega: “además, si hay un cambio en la legislación no es que mañana hay que cerrar todo. Sino que hay un plazo de 5 años para adaptarse a un cambio normativo”.

En esa misma línea, Larraín argumenta que el propio gobierno presentó el plan de reactivación económica frente al COVID-19 donde el 80% de los emprendimientos son renovables. “Debe hacerse un cronograma acelerado (para el cierre de las centrales a carbón) porque hay que darle un espacio a esos proyectos para que puedan despachar su energía”, observa.

Y concluye: “si queremos dar una señal de mercado, hay que acelerar la descarbonización”.