El sector eléctrico de Chile goza de un merecido prestigio ante los inversionistas nacionales y extranjeros, quienes han destacado siempre su estabilidad regulatoria, el respeto a las leyes, a las atribuciones de los organismos públicos relacionados con este sector y también la baja intervención de las autoridades en las materias correspondientes al funcionamiento del mercado.

No ha sido fácil lograr esta posición en una región caracterizada por permanentes vaivenes políticos que terminan afectando las políticas energéticas, particularmente aquellas relacionadas a la promoción de las energías renovables, descarbonización, combustibles fósiles y cambio climático.

Desde la publicación de la -entonces pionera en el mundo- Ley General de Servicios Eléctricos en 1982, Chile comenzó una curva de aprendizaje que a momentos fue dura, hubo que corregir algunos conceptos preestablecidos, como la idea implícita de que los segmentos de generación y transmisión sólo requerían de pequeñas señales económicas para asegurar las inversiones necesarias para la expansión del sistema y la oferta de precios competitivos a sus clientes.

De este aprendizaje vinieron las leyes cortas, la instalación de mecanismos licitatorios para obtener el suministro de energía a las distribuidoras, el código de red en la forma de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, las leyes de renovables y la reforma al sistema de transmisión, por mencionar sólo algunas.

Hoy contamos con un extenso y complejo marco regulatorio que ha mostrado positivos resultados en cuanto a atraer inversiones, reducir los precios de energía para los clientes, lograr un alto nivel de competencia en la oferta de energía e insertar aceleradamente fuentes de generación renovable, aprovechando así los vastos recursos solares, eólicos, geotérmicos, bioenergéticos e hidroeléctricos con que cuenta nuestro país.

Esa consistencia en la regulación del sector eléctrico que hemos logrado debe mantenerse y protegerse, siendo la riqueza máxima con la cual Chile cuenta.

El remezón que ha provocado en nuestro país los sucesos iniciados en octubre del año pasado, y luego con la crisis sanitaria por el COVID 19, ha generado una alta incertidumbre en la industria y creemos que quienes tienen en sus manos la facultad de regular el sector eléctrico deben tener presente la preservación de estos aspectos, que son los que han otorgado a Chile el reconocimiento de ser uno de los mercados más atractivos para la inversión en energías limpias durante los últimos años.

Es necesaria la implementación prolija de las leyes, sus reglamentos y sus respectivas normas, el respeto irrestricto a la cadena de pagos, así como el cumplimiento de las fechas establecidas para la emisión de los decretos o resoluciones que manda la regulación vigente.

Todos ellos elementos apreciados profundamente por los agentes del mercado eléctrico. Por el contrario, de no cumplirse alguno de los aspectos mencionados, la percepción de riesgo aumenta, sumándose a la incertidumbre generada por las demostraciones sociales y la pandemia en curso, reduciendo el interés de los inversionistas y poniendo en jaque las ambiciosas metas que Chile se ha planteado en materias tan relevantes como la descarbonización de su matriz eléctrica, la promoción de la electromovilidad, la descontaminación de las ciudades y la recuperación de nuestras “zonas de sacrificio”.

En esa línea, nuestro llamado es a efectuar a la brevedad las discusiones fundamentales para seguir avanzando en la transición energética de Chile, la cual es clave –a su vez- para la reactivación verde de nuestra economía tras la pandemia.

Nos referimos, por ejemplo, a la discusión de la ley que modernizará al segmento de distribución, a revisar (y/o completar) los reglamentos y normas que se encuentran pendientes, como el reglamento de PMGD, la norma de despacho de centrales con gas natural, las disposiciones relacionadas con la flexibilidad y las normas necesarias para establecer el sistema de garantías para la cadena de pagos.

ACERA se pone a disposición de las autoridades, empresas e instituciones civiles para participar en las discusiones que se requieran y aportar los antecedentes necesarios para avanzar en esta senda que tan buenas noticias le ha traído al país y que ahora necesitamos más que nunca.

Representando más del 80% de la generación renovable de Chile y con vínculos estrechos con variados países en el mundo, nuestro aporte permitirá una sana, transparente y profunda discusión para lograr una recuperación verde, sostenible y resiliente de nuestro país.