En la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) el año aún no termina. En lo que respecta a generación distribuida hubo iniciativas y avances que se tradujeron en aportes concretos para la reglamentación federal.

La primera reunión de trabajo oficial fue ayer jueves. Se trataron, en líneas generales, los aspectos de implementación claves para el decreto reglamentario de la Ley de Distribuida. La redacción de observaciones continúa hoy, el martes irá a comité de redacción en CADER y después de pasar un análisis por su comisión directiva se enviará al Ministerio de Energía, a mediados de la semana que viene. Desde el Gobierno se adelantó que durante diciembre y primeros días de enero evaluarán la propuesta.

 En otros países las leyes han tenido éxito o han fracasado por aspectos como la modalidad de implementación,  el tipo de medidores usados, la normativa para la presentación de certificación y aprobación de proyectos. Que Argentina proceda a otros en su reglamentación tiene sus desventajas pero también sus ventajas. Una ventaja significativa es anticiparse y hacer una reglamentación que prevea la mayoría de los problemas conocidos. La propuesta de CADER vendría a atender a estos aspectos.

De acuerdo a Marcelo Álvarez Presidente de CADER “ahora tenemos todos los elementos para hacer una política activa, anticipando los problemas que encontramos en otros países similares a Argentina, y después ante la aparición de nuevos problemas sobre las cuales trabajar superar las barreras”. Atendiendo a las reglamentaciones como “procesos vivos y continuos”, agregó Álvarez, se irán reviendo de acuerdo a las mejoras tecnológicas o a las modificaciones que se vayan presentando.

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Para la redacción de la Ley Nacional el Gobierno tomó como referencia próxima el caso de Chile. Por su parte, CADER si bien también está teniendo en cuenta al vecino país como antecedente para la reglamentación, está tomando de distintas experiencias varias, en principio para no repetir errores de otros.

 Se observó por ejemplo el caso de Canadá donde la primera reglamentación, según Álvarez, fue muy burocrática con cargas para hacer todos los trámites. Se evaluó el caso de México donde, con el afán de mejorar la rentabilidad del usuario, se puso en marcha un medidor satelital que por el costo de adquisición que implicaba se generó una barrera económica para la adhesión al nuevo sistema de generación distribuida.  Pero en este tratamiento el proceso no se resume en copiar, sino en saber adaptar y también proponer.

 “Hay que lograr un equilibrio entre una decisión de calidad, que permita saber lo que sucede en el sistema y medir la energía generada y la inyectada, pero también ofrecer una solución de compromiso en la que el sistema de medición no sea tan caro como el sistema de generación”, amplió Álvarez.

En el caso de Argentina cuando las primeras leyes provinciales empezaron a reglamentarse e incluso cuando se hizo la Ley 27.191, la Cámara estuvo brindando aportes tanto a leyes como reglamentaciones.  “En general con todos los Gobiernos, lo que hacemos es sugerir cuales son las acciones que no deberían dejar de tomar en el proceso reglamentario; después el Gobierno decide tomar de todas nuestras propuestas las que le parecen viables, financiables, adecuadas. Nosotros no hacemos ningún planteo de fuerza, ni vinculante; sugerimos lo que nos parece más adecuado para que el proceso de renovables sea más barato, rápido y eficiente. Y después acompañamos el proceso”, detalló Marcelo Álvarez.

Una de las claves de los incentivos a reglamentar a nivel federal según CADER sería tener en principio una política segmentada por nicho: Residencial, comercial e industrial. Donde en el residencial los beneficios sean parte del impacto inicial y la tasa de interés, en el caso de comerciales, ofrecer los dos anteriores más beneficios fiscales que permitan que el mercado arranque rápido y los precios bajen.

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Con respecto a las cooperativas, también su tratamiento podría ser diferenciado. Para Marcelo Álvarez, las cooperativas son unos de los actores que pueden ser un motor activo de desarrollo en la energía distribuida, por las características que tienen y los costos que presentan en la mayoría de las provincias. Para Álvarez, “la clave para las cooperativas es que los incentivos sean en inversión inicial y en financiamiento, y eventualmente en los impuestos provinciales pero no en el impacto a las ganancias”.

 La propuesta de la Cámara acompaña un proceso de aprendizaje continuo. El desafío será articular una política que es nueva para el país,  ver cómo se implementa y que el Estado sea capaz de transferir a los privados el ahorro que produce al utilizar energías renovables distribuidas, ofreciendo un contexto donde lo burocrático no sea una barrera y donde los beneficios estén fundamentados. “La idea es que el mecanismo de control sea un  mecanismo que pueda establecerlo Argentina de forma creíble y que los estímulos le permitan, en el balance del Gobierno, ahorrar dinero y reasignar los recursos”, sugirió Álvarez. Aquello evitaría la conformación de mercados secundarios y además se trasladarían los beneficios que el Estado experimenta a todo el país, “sin sobreestimular ni subestimular, para que la política se pueda sostener en el tiempo”, concluyó Álvarez.

 La propuesta de CADER que será presentada la semana próxima a Energía, será tenida en cuenta por Sebastián Kind y equipo para tratar la reglamentación a nivel federal y apuntar a la promulgación del decreto reglamentario, en principio, para marzo de 2018.