La nueva constitución de Chile estimulará las inversiones en energías renovables

Para Sara Larraín, una de las redactoras del máximo documento jurídico-institucional, son “tremendamente relevantes” las reformas introducidas. Sostiene que deberán acompañarse con tres leyes clave.


La semana pasada, el pleno de la Convención Constitucional entregó el borrador del texto aprobado que contiene 499 artículos divididos en ocho capítulos. El próximo 4 de setiembre, el pueblo chileno votará el apruebo o rechazo de la nueva Constitución, que comenzó a redactarse el año pasado.

Una de las redactoras del documento jurídico-institucional es Sara Larraín, directora de Chile Sustentable. En diálogo con Energía Estratégica, la destacada activista señala que desde la entidad han aportado técnicamente al escrito de cuatro fichas, junto a otros expertos del sector.

“La primera fue sobre Energía, donde se plantearon cuestiones vinculadas a derechos básicos, como el acceso de las personas a un mínimo vital de energía, asequible y segura, basándonos de la legislación española”, explica.

Allí también se fijó una mayor integración de renovables a la matriz energética y de bajo impacto “para respetar el derecho de las personas a un ambiente sano y, al mismo tiempo, para abordar la crisis climática y ecológica”.

Estos aspectos se condensaron en el artículo 21, del punto 323 de la constitución: “El Estado deberá regular y fomentar una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajo impacto ambiental”.

También quedó establecido que el desarrollo de la infraestructura energética es de interés público y que el Estado debe fomentar y proteger a las empresas cooperativas de energía y al autoconsumo.

Larraín indica que el hecho de que la nueva Constitución formule estas incorporaciones es “tremendamente relevante para no ir de atrás sino evolucionar a una matriz enteramente renovable y limpia”, lo que genera señales de inversión claras.

Y agrega: “Es importante que nuestra Constitución se haya aggiornado para ser coherente con las políticas climáticas que se están desplegando y los desafíos internacionales”, y para promover la Ley de Cambio Climático “que acaba de salir de revisión de un tribunal internacional y establece la Carbono Neutralidad al año 2050, lo que implica cambiar la matriz energética”.

En ese sentido, para la referente de Chile Sustentable será fundamental que, honrando a la nueva Constitución, sea promovida una Ley donde se fije un plazo definitivo para el cierre de centrales a carbón, que en 2019 explicaron el 25% de las emisiones de CO2 del país.

“Hoy día hay acuerdos voluntarios de cierre, por lo tanto, el Coordinador o empresas podrían extender los plazos que ahora están comprometidos.

Larraín recuerda que Chile, como miembro de la OCDE, debiera fijar un plan de cerrar centrales a carbón al 2030 y las de gas al 2035, tal como lo solicita el organismo internacional a sus asociados.

“Establecer una fecha de cierre daría certezas a más inversiones en renovables para el país”, destaca.

Por otra parte, la activista reconoce que el Gobierno debiera darle urgencia a la Ley de Almacenamiento para evitar vertimientos.

“El último trimestre en Chile se derramó el equivalente a más de 500 GWh de energía eólica y solar. Esto por congestión de las líneas y por un mal sistema de despacho del Coordinador Eléctrico Nacional”, precisa.

Y sostiene: “La Ley de Almacenamiento es clave para evitar estos vertimientos de renovables, que ya recibió aprobación de la Cámara de Diputados pero está pendiente en el Senado”.

Otros aportes

Por otra parte, Larraín cuenta que Chile Sustentable también aportó fichas en materia de Aguas, reformando su código (puesto en vigencia durante el mes pasado).

Del mismo modo, contribuyó sobre el ámbito de bienes públicos, denominándolos como bienes naturales comunes (en reemplazando del de bienes nacionales de uso público), para diferenciar un uso público (una plaza, por ejemplo) con uno que es natural y público (el sol, por ejemplo).

También se hizo aportes sobre Minería. “Reforzamos sobre la idea que el patrimonio minero es público y que el Estado tiene que tener la responsabilidad de custodia y entrega en las autorizaciones administrativas a los particulares pero sin perder propiedad”, indica.

Y cuenta que propusieron “establecer un royalty, como existe en todos los países del mundo, para que el Estado capture para la Nación la renta del uso de esos recursos naturales”.

No onstante, estos puntos no fueron incluidos. “Solo se estableció condiciones para la minería como el no acceso a áreas de glaciares ni áreas protegidas y que tengan que hacerse cargo de reparar daños ambientales. Pero no se avanzó en cambiar el estatuto minero”, cierra la destacada activista.

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