Todos los actores que participan del debate para regular el mercado de los hidrocarburos en Argentina necesitan de una nueva ley petrolera. Además de las cláusulas que afectan intereses concedidos a las provincias por la ley chica, lo que genera que no haya puntos de unión entre las partes son los diferentes tiempos que necesita cada sub-sector de la actividad para avanzar en una nueva legislación.
Sin dudas, YPF y el Gobierno, son los más ansiosos por conseguir un nuevo marco legal, preocupados por concretar los memorando de entendimiento firmados con operadores de gran peso internacional dispuestos a desembolsar miles de millones de dólares para extraer gas y crudo de Vaca Muerta.
Según se dice en el mundillo petrolero una de las inversiones que YPF estaría más cerca de conseguir es con Petronas, la firma malaya, por el área conocido como «La Amarga Chica», ubicada al noreste de Loma Campana, con una extensión de 187 kilómetros cuadrados con potencial para shale oíl.
El Gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, en cambio, aprovecha la batalla con el oficialismo para posicionarse frente a la sociedad neuquina como defensor de los recursos de su provincia.
Pagó caro el apoyo del contrato que YPF firmó con Chevrón para avanzar en los recursos no convencionales de Vaca Muerta y no está dispuesto a ceder posiciones con Guillermo Pereyra, el Secretario General del Sindicato que representa a los trabajadores petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa, con quién se enfrentará en la interna política del Movimiento Popular Neuquino (MPV) el próximo 25 de agosto.
Fuentes del sector consultadas por Energía Estratégica analizan que en el fondo “este proyecto de ley pone en papel los términos del acuerdo con Chevrón”, que fue resistido en su momento por las fuerzas políticas de Neuquén, con la excepción del Frente para la Victoria (FPV).
En estas condiciones, es de esperar que recién resuelto el combate electoral se pueda crear un borrador por consenso. “Yo creo que hay puntos de encuentro, pero se va a tener que decidir después de la interna y las provincias van a tener que aflojar un poco, porque no hay mucho margen para estirar”, analizó un referente petrolero de Neuquén.
Mientras tanto, ayer Sapag reiteró que el proyecto de Ley de Hidrocarburos debe incluir a las provincias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) “para discutir cuál es el ingreso, qué renta se cobra por ingresar al área y qué infraestructura habrá por el alto impacto que implica el desarrollo de la actividad”.
Sin el apoyo de fuerzas de la oposición, el oficialismo tendría complicaciones para aprobar el proyecto en el congreso nacional.
En declaraciones a la prensa, el principal mandatario neuquino dejó entrever la posibilidad de negociar, luego de presentar una contrapropuesta que modifica 40 puntos polémicos del proyecto del Gobierno: “el diálogo depende del gobierno nacional: si quieren sentarse a hablar, yo estoy dispuesto a argumentar cien veces lo que les hemos dado por escrito”.
“Quiero desdramatizar la discusión que hay en este momento con respecto al borrador de la ley de Hidrocarburos, hay que bajar los decibeles”, agregó.
Sapag tiene aún un año y medio de gestión en Neuquén y como a todo Gobernador tampoco le conviene abrir tantos frentes políticos. Ya tiene una piedra en el zapato, que es Pereyra. Si no sale en los próximos meses una nueva ley petrolera, el Gobierno va a redoblar aún más la apuesta y va a eliminar cualquier posibilidad de obra pública en su territorio y financiamiento de la coparticipación. Ya lo hizo en otras provincias.
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