La iniciativa privada plantea asumir una nueva estrategia de análisis del sector eléctrico en México, que incluya tanto una evaluación de los proyectos renovables como de las medidas del sector eléctrico que los afectarían. Esto sería clave para evitar confrontaciones con el Gobierno federal y asegurar nuevas transacciones entre privados.

El diálogo sería la clave. No obstante, eventuales mesas público privadas aún no se podrían concretar hasta tanto dure la pandemia.

Para Carlos Ortiz Diaz, presidente de la Comisión de Energía Solar en el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y CEO Greenergy, es preciso iniciar con aquel análisis particular y diferenciar –sin amarillismos– aquellas medidas.

“La falta de claridad sobre las disposiciones que el Gobierno desea establecer generan afectaciones a las inversiones en energías renovables”, indicó Carlos Ortiz.

En conversación con Energía Estratégica, el ejecutivo repasó inicialmente las distintas situaciones a las que se enfrenta el sector y cómo estas implican una afectación directa a las inversiones de energías renovables, principalmente aquellas que se refieren a las Centrales Eléctricas Legadas de autoabasto existentes y, en menor medida, a las nuevas instalaciones para prosumidores. 

En orden por afectación inmediata el referente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco diferenció aquellas que afectan a:

1. Centrales Eléctricas Legadas

2. Mercado Eléctrico Mayorista

3. Subastas de energía

4. CELs, Ley Transición Energética, Ley General de Cambio Climático, Ley de la Industria Eléctrica

5. Centrales Eléctricas Permisionarias del 2014 a la fecha

6. Generación Distribuida con fuente Solar

Sobre las primeras reconoció que sí sería necesario sincerar precios de transmisión para las centrales de autoabasto; no obstante, la definición de nuevas tarifas requerirían de un mayor análisis puesto que aquellas que ya amortizaron su inversión podrían actualizar sus tarifas de porteo según la inflación actual.

Y, en caso de requerirse una intervención, indicó que «sería recomendable seguir el rigor del marco regulatorio y los manuales ya existentes».

Por otro lado y para transmitir tranquilidad a prosumidores, aclaró –para evitar confusiones– que estas «no niegan que se continue el desarrollo de la generación distribuida, sino que pretende imponer mayores requerimientos técnicos» que, al no estar establecidos aún, no afectan a usuarios actuales ni nuevos procesos de instalación y que sólo pone a consideración aquellos requisitos adicionales.