La semana pasada, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, anunció que prontamente se lanzará una resolución para permitir el avance de trámites de licenciamiento ambiental y consultas previas de manera semipresencial, con los protocolos de bioseguridad necesarios para evitar la propagación del COVID-19.

El funcionario explicó que el Decreto 990, que extiende el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto, incluye una excepción para consultas previas.

En diálogo con Energía Estratégica, Alejandro Lucio, director Óptima Consultores, observa que este paso “es muy necesario” tanto para los emprendimientos adjudicados en el marco de la subasta de Cargo por Confiabilidad como en la de energías renovables a largo plazo.

“Es uno de los temas más importantes, para que los proyectos finalmente puedan iniciar la etapa de construcción. En la medida que esto esté paralizado, se retrasan los proyectos”, indica el consultor, al tiempo que manifiesta: “estamos todos a la espera de este decreto anunciado para que se reactiven los procedimientos”.

La llegada del COVID-19 a Colombia y, como efecto, la postergación de las consultas previas ha generado “un atraso de meses”, precisa Lucio.

¿Se requerirá de prórrogas en el hito de operación comercial de los proyectos? Al respecto, el director Óptima Consultores señala: “la entrada en operación para la mayoría de los proyectos de las subastas por Cargo de Confiabilidad y de renovables son para el año 2022 y 2023. Es posible que los cronogramas se aprieten, aunque cada mecanismo tiene la posibilidad de una entrada posterior a las fechas fijadas”.

El especialista comenta que en el caso de la subasta a largo plazo los emprendimientos deberían funcionar a partir de enero de año 2022pero, al tratarse de contratos financieros, podrán ingresar luego de esa fecha, aunque deberán entregar el volumen de energía comprometido en la convocatoria mediante otro mecanismo, sea a partir de un contrato de respaldo o del mercado spot.

Una fuente del mercado consultada por este medio explica que lo ideal es que las centrales renovables comiencen a funcionar antes de enero del 2024. Porque, de no hacerlo, la CREG podrá ejecutarles garantías, pero esto no afectará el contrato a largo plazo celebrado, asegura.

Proyectos adjudicados en la subasta de energías renovables a largo plazo

En el caso de los proyectos de Cargo por Confiabilidad, Lucio indica la posibilidad de que las empresas presenten demoras por un año sin que se los declare en incumplimiento, “simplemente ajustando algunas garantías constituidas”, apunta.