El artículo 14 de la Ley 26.190, sancionada el 27 de diciembre de 2006, reemplazó al antiguo artículo 5 de la Ley 25.019, creando el Fondo Fiduciario de Energías Renovables, administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica.

El mismo se financiaría con un aumento tarifas eléctricas y otorgaría remuneraciones adicionales para la generación eléctrica de fuente renovable por 15 años. Sin embargo el proyecto nunca se instrumentó.

Nicolás Eliaschev, especialista en derecho administrativo con más de diez años de experiencia en asesoramiento en materia de regulación de energía eléctrica y energías renovables, en diálogo con energiaestrategica.com, explica que el hecho de que no se haya puesto en funcionamiento el Fondo Fiducidiario partió como una decisión del gobierno nacional.

No es que las autoridades hayan tomado malas políticas, sino que en vez de apostar por el Fondo determinaron ir por el lado de los contratos de abastecimientos de energía a largo plazo, implementaciones que Uruguay y Brasil llevaron a cabo con mucho éxito”, aclara el experto.

Sin embargo, proyectos como el GENREN o la Resolución 108 no terminaron de la mejor manera, ya que se establecieron contratos que luego no llegaron a terminarse por falta de financiamiento. En ese sentido, según Eliaschev, “una de las cuestiones es que el único comprador bajo estos esquemas es CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), que depende del estado nacional, está en una situación de déficit y no se auto sustenta”.

Erico Spinadel, eminencia en energía eólica se muestra de acuerdo con la declaración del joven especialista: “al no generar, CAMMESA tiene inconvenientes para sustentarse”.

Es por ello que para ambos, la propuesta de crear un Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), tal como contempla el proyecto de Ley del senador por el Frente para la Victoria, Marcelo Guinle, podría ser una posible solución para el problema de la financiación aunque, por supuesto, que demoraría en establecerse.

A saber, la propuesta, que podría tener media sanción de aprobarse próximamente en Diputados, obliga a consumir un 8 por ciento de energías renovables a aquellos que tengan un gasto superior a los 300 KW. De ese modo, el dinero ahorrado en importaciones de combustibles fósil por medio de lo que se genere con energías alternativas, el 50 por ciento iría a parar al Fondo, el cual permitiría financiar futuros proyectos renovables.

Sobre el punto en particular de exigir a grandes consumidores de energía (gasto superior a 300 KW mensuales) a generar o comprar renovables o de lo contrario hacer frente a una multa del orden de los 200 dólares el MWh sobre lo excedido, Spinadel se muestra en desacuerdo porque considera que se trata de en su mayoría industriales que son considerados sólo el 32 por ciento del padrón de usuarios total.

En otro orden de cosas y en ese sentido, Eliaschev recuerda otra de las características que propone el proyecto: la posibilidad de crear contratos entre privados para la compra y venta de energía. Para el ejecutivo este tipo de transacciones es un punto positivo en beneficio de las energías renovables.

Si bien los especialistas apuntan que el proyecto de Guinle es perfectible, ambos están de acuerdo que se trata de una buena posibilidad para impulsar las energías renovables. “La ley Guinle es un buen proyecto, si bien tiene aspectos que podrían corregirse o adecuarse, debería ser aprobada y luego rectificada en el momento de su reglamentación”, opina el especialista en derecho administrativo.