26 de octubre 2020

La estrategia del nuevo Gobierno de República Dominicana para avanzar con la subasta de energías renovables

La flamante gestión de Luis Abinader impulsará una “gran licitación internacional” para el desarrollo de parques eólicas y solares. Pero antes presentará una reforma de la Ley de Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía 57-07. ¿Qué plazos se están evaluando?


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El pasado 16 de agosto, Luis Abinader comenzó su gestión al mando de la presidencia de República Dominicana. El Ingeniero Antonio Almonte lo acompaña en su Gabinete, como Secretario de Energía.

Una de sus primeras decisiones fue cancelar la subasta de energías renovables que evaluaba el Gobierno anterior para este año, donde se iban a licitar 250 MW renovables (100 MW eólicos y 159 MW solares fotovoltaicos).

Pero el Secretario de Energía anticipó a ‘Revista TELE15’ que lanzarán “una gran licitación internacional que se va a hacer posiblemente a principios del próximo año”. No concedió mayores detalles al respecto.

El funcionario destacó el interés de esta administración por desarrollar las energías renovables (especialmente la eólica y solar) que, además de ser amigables con el medioambiente, contribuirán a “abaratar el servicio de energía eléctrica”.

En diálogo con Diario Libre, Almonte señaló que República Dominicana cuenta con una oferta de energía de más de 3.000 MW netos, de los cuales más de 2.000 MW se producen “a precio adecuado”.

De esta manera, deslizó la posibilidad de la renovación de alrededor de 1.000 MW, que redunden en mejoras al precio final para los consumidores.

“Las posibilidades de instalar energía eólica y solar en el país son grandes y son muchas”, enfatizó el jefe de la cartera energética a Revista TELE15, al tiempo que reconoció que “el país tiene condiciones para duplicar o triplicar en un espacio de tiempo relativamente pequeño la cantidad actual” de estas fuentes de energía limpia.

No obstante, el funcionario explicó que para aprovechar el potencial renovable de República Dominicana también deberán llegar inversiones relacionadas a líneas eléctricas.

Según datos oficiales, el 76% potencia eléctrica instalada en el país centroamericano está representada por fuentes térmicas (carbón, gas natural, diésel y fuel oil) y el 24% restante por energías limpias, como la eólica, la solar, la biomasa y centrales hidroeléctricas.

De acuerdo al Organismo Coordinador, durante el pasado mes de julio el 39,9% de la energía generada fue con carbón; el 24,6% con gas natural; el 17,7% con fuel oil y el restante con fuentes renovables: 6,7% con eólica; 5,2% con hidráulica; 1,4% solar fotovoltaica y el 0,9% con biomasa.

Almonte aclaró que las energías renovables no convencionales ocupan menos del 8% de la matriz eléctrica dominicana y que, a este ritmo, no se alcanzará el mandato de la Ley 57-07, que establece una cobertura con renovables del 25% para el 2025.

Antes de lanzar la subasta de renovables, el Gobierno se propone introducir cambios a la Ley 57-07. La consideran antigua para los tiempos que corren, ya que se sancionó en el año 2007. Es por ello que el Poder Ejecutivo presentará una propuesta ante el Congreso entre noviembre y diciembre próximo.

El objetivo es “actualizar los incentivos a los fines de que no perjudiquen al Estado y ampliar las posibilidades a los inversionistas privados”, indicó Almonte.

Algunos de los cambios que se introducirían en la ley están contenidos en los Lineamientos Generales del Programa de Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), para el período 2020-2024. Se propondrá correr el objetivo de 25% de la matriz eléctrica con renovables 5 años más: al 2030.

El plan de campaña además enfatiza sobre la restauración del nivel del crédito fiscal (75%) para las inversiones en equipamiento de fuentes renovables establecido en la Ley 57-07, que fue modificado y reducido al 40% en la reforma tributaria de la Ley 253-12.

Entre otros ejes, la propuesta también apunta a modificar el artículo 110 de la Ley General de Electricidad, a fin de que las empresas distribuidoras puedan contratar hasta el 100% de sus respectivas demandas mediante procesos de licitación pública y precios competitivos, supervisados por la Superintendencia de Electricidad. Un mínimo del 20% de los contratos deberá ser a corto plazo.

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