Desde el 10 de diciembre del 2019 asumió a la presidencia en Argentina el peronista Alberto Fernández, por el Frente de Todos.

La nueva administración heredó un esquema de contrataciones de energías renovables no convencionales. Bajo los esquemas “Programa RenovAr” (subastas estatales) y “Mercado a Término de Energías Renovables (MATER, contratación entre privados)”, se adjudicaron 6.500 MW.

¿Qué se espera del nuevo Gobierno de Fernández y qué expectativas genera para el sector eólico? En una entrevista, Héctor Ruiz Moreno, Gerente General de la Cámara Eólica Argentina (CEA), analiza el futuro del rubro.

¿Cómo se está moviendo la industria?

El balance que hacemos desde la Cámara Eólica Argentina es positivo teniendo en cuenta el éxito en general de cada una de las subastas, dado que, bajo los programas RenovAr y MATER, se han adjudicado más de 2.400 MW de energía eólica.

Sin embargo, es de público conocimiento, que el actual contexto macroeconómico y de restricciones al financiamiento no ayudan a los proyectos ya instalados y a los que deben concretarse.

Todo este desarrollo del sector eólico es posible en gran parte gracias al financiamiento externo. Si este se ve comprometido, obviamente las dificultades se notaran.

¿Cuál será el futuro de los proyectos adjudicados que no avanzaron en la construcción?

Tenemos la esperanza que la situación macroeconómica descrita anteriormente, que afecta el financiamiento de los proyectos, encuentre una solución definitiva y los referidos proyectos puedan continuar.

Si por alguna razón algunos de estos proyectos no pudieran hacerlo, creemos que sería importante que la capacidad de transporte sea liberada para permitir que otras inversiones se puedan concretar.

¿Y los usuarios están interesados en contratar energía eólica?

Los contratos entre privados no solamente es una opción válida sino absolutamente necesaria en un mercado que por naturaleza debe ser competitivo y consistente.  Los contratos suscriptos entre privados, que ya superan los 500 MW, responden a períodos plurianuales entre 5 y 20 años. Sus precios son variados y responden a la libre competencia del mercado.

¿Podrá compensar la ausencia de subastas?

Como antes lo referimos, los contratos entre privados en el mercado eléctrico no solamente son una opción válida sino absolutamente necesaria en un mercado como el nuestro en donde la regulación permite estas transacciones.

Estas contrataciones entre privados no deben verse en oposición a las subastas por parte del Estado, sino como una forma posible y natural de un mercado en constante evolución.

Pensamos que tanto las subastas públicas como las contrataciones entre privados pueden coexistir y complementarse armónicamente.

¿Qué se puede esperar para el corto plazo?

El potencial de crecimiento de la industria eólica en Argentina es exponencial. Argentina está entre los tres países con mayor potencial de desarrollo a nivel mundial en generación eólica y solar.

Con este potencial, la Ley 27.191/15 estableció que en el año 2025 el 20% de la energía del país deba proceder de fuentes renovables (10 GW), estableciendo un calendario escalonado de cumplimiento.

Es cierto que el sistema de transporte se encuentra mayormente saturado, dificultando de alguna manera la continuidad del crecimiento masivo de la energía eólica.

Llevar adelante un plan de ampliación de transporte requiere obras por aproximadamente 2.500 km2 de línea de 500 kV, y este es un aspecto trascendental que deberá analizarse en conjunto con las actuales autoridades nacionales con el objeto de encontrar una solución viable a este problema.

¿Existe la posibilidad que el Gobierno argentino renegocie contratos eólicos adjudicados?

La eólica es una industria con proyectos capital intensivos. Los mismos cuentan con un muy alto grado de apalancamiento (en promedio entre el 60% y el 70% del total de la inversión), otorgado por entidades multilaterales y agencias de créditos de exportación (ECAs) extranjeras que han aportado financiamiento externo genuino a riesgo de proyecto y con tasas preferenciales en plazos entre 10 a 18 años aproximadamente.

Cualquier modificación de los precios o condiciones esenciales de los contratos afectaría sin duda la capacidad de los proyectos de repagar su deuda.

Los contratos se financiaron con tasas consistentes con el precio ofertado en su oportunidad y luego contractualizado. Si por alguna razón los precios se revisaran a la baja, los generadores se verían forzados a renegociar la deuda con sus acreedores en un contexto sustancialmente más adverso, colocando a los proyectos eventualmente en una situación de inviabilidad o inconveniencia.

Desde la Cámara somos optimistas en cuanto a que las actuales autoridades nacionales están en conocimiento de esta compleja problemática y harán los esfuerzos necesarios para que el sector continúe contribuyendo y cumpliendo con los compromisos asumidos.