El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, dio a conocer los cambios de la segunda fase del proyecto integral de modernización del sector distribución.

“Estamos introduciendo modificaciones para generar más competencia y empoderar a los clientes, lo que redundará en un mejor servicio y precios más bajos”, explicó el ministro Jobet.

“Bajo el concepto central de portabilidad, tres son los aspectos que estamos abordando: la separación del distribuidor de la energía del comercializador de la misma, la creación de una institucionalidad independiente para administrar de manera segura los datos de los clientes y mejoras en el proceso de licitación”, precisó el Ministro Jobet.

Los cambios permitirán paulatinamente a los clientes regulados- que son el 6,7 millones de clientes en el país- elegir a qué empresa le compran la energía, qué fuentes quieren que produzca esa energía y que tipo de servicio desean recibir.

“El año pasado aprobamos –como parte de la primera fase de modernización del sector- la llamada Ley Corta de distribución, con la que avanzamos en aspectos de transparencia. Ahora, estamos incorporando mayor competencia en el sector y empoderando a los clientes”, destacó Juan Carlos Jobet.

El proyecto de ley en su conjunto recoge experiencias internacionales y las adapta a la realidad chilena. Estas modificaciones permiten que los chilenos puedan acceder a los beneficios de los adelantos tecnológicos de la industria, al mismo tiempo que mantienen las certezas para las empresas respecto de los contratos vigentes, al introducir mecanismos que permiten avanzar en una transición paulatina.

Además, se coordinará esta política pública con otras iniciativas clave para la ciudadanía como es el tema de la estrategia de transición domiciliaria (leña).

Durante el año, el ministerio de energía presentará un paquete de iniciativas que para continuar con la modernización del sector de distribución y para entregar más protección a los chilenos.

Próximamente se ingresará la Ley que fortalece la labor de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, para mejorar su capacidad de fiscalización, además de entregarle herramientas sancionatorias a la altura de los tiempos.