La nueva ley establece como objetivo que al menos 8 por ciento de la matriz nacional de energía eléctrica sea aportada por fuentes renovables hacia 2017 (unos 9.000 GWh que implican aproximadamente 2.400 MW y montos de inversión cercanos a los 5.000 millones de U$) y para el 2025 un extraordinario 20 por ciento de la matriz, frente al panorama actual donde todas las renovables, solo representan un 1,5 por ciento del total del país. Esta situación, que conlleva en si la posibilidad de un extraordinario esfuerzo del trabajo industrial nacional.

La ley otorga incentivos fiscales para los desarrolladores, crea esquemas de financiamientos para su construcción y fija precios máximos de venta de la energía producida en 113 U$/MWh. Tambien introduce una exención de los derechos de importación para los bienes de capital,  equipos y componentes hasta 2017 que es sin dudas, una señal de alarma para la industria nacional .

El PEN garantiza la no aplicación de eventuales tributos específicos, regalías nacionales, provinciales y municipales durante el régimen de fomento y también posibilita el traslado al precio de venta de energía a eventuales aumentos de impuestos.

Se crea un Fondo fiduciario (FODER) para la promoción del financiamiento de los proyectos, formado con los ahorros de combustibles fósiles del año anterior generados por las ER. El fiduciante del FODER será el Ministerio de Economía, el fiduciario el BICE y beneficiarios los titulares de los proyectos.

Entre las demás fuentes que integrarán el FODER, se prevén cargos específicos a la demanda de energía. También  eventuales aportes de capital en sociedades que lleven a cabo los proyectos y suscribir cualquier otro instrumento de financiamiento que determine la Autoridad de Aplicación. Por último, otorgará avales y garantías para respaldar los contratos de compraventa.

El panorama que se presenta a los inversores con capacidad de obtener fondos externos y/o locales es muy atractivo. Este inversor es un modelo que surge de las pautas escritas y llevadas a la práctica en los 90 donde predominaban las señales del mercado. Es un actor del mercado eólico, que parece favorecer más a los operadores financieros que a un emprendedor industrial. Este “actor-eólico” se hace cargo primero de la financiación, luego de la compra de los equipos, contrata la instalación y la operación para cerrar el negocio con el retorno del capital invertido que se garantiza con una tarifa expresada y cobrada en dólares que girará al exterior. Al asumir diversos riesgos le reclama al estado más y más promociones durante la vida del proyecto.

El programa de promoción de la energía renovable que desarrolla la ley no implica de por si un programa de desarrollo industrial (aerogeneradores, paneles solares, turbinas hidráulicas, etc.) La promoción no deja de ser solo una señal de mercado.

Con este esquema en realidad se mantienen conceptos que consideraban a la energía a un commodity de amplio acceso como es la electricidad. En realidad la energía es uno de los bienes más escasos y es un bien de carácter estratégico. Por ello los 90 fueron una experiencia nefasta para la industria energética nacional. Allí se planteaba que el mercado de capitales era omnipotente y podía financiar lo que sea. Ello estimulaba a los “actores del mercado” a que se interesaran más en comercializar la energía que en producirla.

Por suerte las circunstancias después del 2003 ante el crecimiento autónomo del mercado interno y ante las necesidades de resolver la provisión de energía el Ministerio de  Planificación Federal con su intensa intervención hizo retornar, en los hechos, al sector energético al “status” de servicio público que, agregamos, necesita de una planificación estratégica de largo plazo.

Los riesgos de fabricar los equipos determina para el “actor eólico” la opción de cortar camino, es decir, comprar equipos ya desarrollados que están en oferta por parte de los países desarrollados industrializados que ante la crisis económica se transforman en proveedores muy “insistentes”. Esos equipos han sido desarrollados y provienen de Dinamarca, Bélgica, Alemania, España o China, que deberán contemplar la asociación con empresas locales y la transferencia de tecnología para gestionar la generación localmente y evitar girar divisas de más.

La ecuación de la retribución de  CAMMESA al actor eólico a los proyectos de todas las tecnologías está fijada en un techo de 113 U$/MWh. Cabe preguntarse, ¿le será suficiente o es demasiado? Según los autores de la ley la tendencia es a la baja. Con la ley 26.190 del 2006 se proponía un pago de 127 U$/MWh y lo concreto fue que la instalación de generación eólica del GENREN quedó estancada por falta de financiamiento. (Hubo un poco menos montos de promoción que en esta ley). Igual pareciera que solo con señales de mercado en paises emergentes, sin industria consolidada, no alcanza. Queremos consolidar Industria Argentina.

La nueva ley introduce dos beneficios que pueden ser muy importantes para la industria nacional: 1) un bono fiscal del 20 por ciento para el desarrollador que integre entre un 30 por ciento y 60 por ciento de industria nacional y 2) un fideicomiso, el FODER con “asignaciones preferentes” de manera muy poco explícita, para financiar proyectos que incluyan industria nacional. Ambos, como están, no son suficientes para que cierre la ecuación financiera y el flujo de caja de un productor local. Si se reglamentara adecuadamente podrían ser muy exitosos.

Entendemos que suscribir una situación que no mejora la provisión industrial y tecnológica del país es apuntar en sentido contrario de la soberanía energética.

No hay soberanía energética sin industria argentina energética.

En el caso de la energía eólica con una potencialidad de más de 40.000 MW en el país es una lástima que se deje pasar la oportunidad histórica de contar con 3 o 4 empresas fabricantes que asuman el desafío de proveer determinada cantidad de aerogeneradores al año a los operadores locales y aún exportaciones… Esta división del que fabrica, “fabrica” y del que opera, “opera” es una opción más interesante para las condiciones de una industria energética argentina que se halla estancada.

Sostenemos que: Lo sano en Argentina es contar con herramientas e instrumentos de desarrollo. (Caso YPF, INVAP, ARSAT etc.).

Las pymes industriales que se hallan en diversas provincias requieren de contratos plurianuales y con anticipos adecuados para encarar con éxito la fabricación seriada.

Los pedidos de las empresas privadas se circunscriben a  emprendimientos  de coyuntura y  no promueven una senda de crecimiento de largo plazo.

La oportunidad del capital, se analiza puntualmente y si los números no cierran se cancelan las inversiones y todo vuelve a empezar de cero. El fabricante y las personas se quedan desocupadas y el fabricante mirando hacia la puerta.

Creemos que es fundamental que la promovida importación libre por dos años de equipos completos o de partes, de establecer en la reglamentación condiciones de asociatividad y de transferencia de tecnología a empresas nacionales de capital interno. Asimismo sería una apuesta de máxima (y óptima)  establecer una empresa nacional de energía eólica (que puede ser encabezada por Enarsa) que genere compras plurianuales a fabricantes en el mercado local a 3 o 4 años.

Un esquema Público-Privado con una acción del Estado y de los desarrolladores eólicos podría sortear mejor la restricción externa que sufrimos en el actual periodo. Hoy estamos ante diversas bisagras del desarrollo y de la reindustrialización. Esta ley es una de ellas o puede serlo: El objetivo a lograr, de generar el 20 por ciento con renovables en el 2025 es muy ambicioso. Implica un cambio del modelo de uso de las energías y es una señal hacia otro paradigma de la energía. Ya no solo hablan los “dólares” y las “térmicas” sino que habla la sociedad que quiere (la ley se votó por casi unanimidad) un modelo donde la economía esté al servicio del hombre.