Soledad Martínez, diputada nacional de Buenos Aires presentó recientemente un proyecto de resolución con la finalidad de que el Poder Ejecutivo Nacional “se sirva informar” a la Cámara de Diputados sobre las “situaciones técnicas, legales y administrativas” de la Comisión Nacional Asesora para la Promoción de la Producción y Uso Sustentables de los Biocombustibles.

Tal como lo dice la Ley 26.093, promulgada en 2006, propone en su artículo cuarto la creación de dicha Comisión con la finalidad de regular y promover la producción y el uso sustentable de biodiesel, bioetanol y biogás.

Además, según detalla en su artículo tercero, para “asegurar el mejor cumplimiento de las funciones asignadas a la autoridad de aplicación” debe haber “un representante de cada uno de los siguientes organismos nacionales: Secretaría de Energía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Política Económica, Secretaría de Comercio, Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y Administración Federal de Ingresos Públicos y todo otro organismo o instituciones públicas o privadas —incluidos los Consejos Federales con competencia en las áreas señaladas”.

Sin embargo, según comentaron fuentes vinculadas al tema a Energía Estratégica “es de público conocimiento que la Comisión Asesora es manejada por autoridades de YPF y el Ministerio de Economía” de la Nación presidido por Axel Kicilof, ya que el Gobierno nunca mencionó a los miembro que la norma promete.

Es por ello que la legisladora exige al Ejecutivo que indique “los nombres de los representantes de cada uno de los organismos oficiales previstos en el Artículo 3º de la Ley Nº 26.093 que integran la Comisión Nacional Asesora detallando el cargo a desempeñar”, que informe “si existe partida presupuestaria para su funcionamiento –el de la Comisión-”, y que, en el caso que la hubiere, indique el monto estipulado.