Diego Roger es Responsable de Desarrollo Sectorial y Vinculación Tecnológica en la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital de la República Argentina (CIPIBIC).

Además es una de las personalidades que trabajan dentro del equipo de energía del Frente de Todos, espacio liderado por Alberto Fernández, quien tiene altas chances de ser el próximo presidente de Argentina.

Para la revista de economía política “Márgenes”, Roger redactó un documento en el plasma su perspectiva y esboza lineamientos sobre cómo debiera desarrollarse la matriz energética argentina a su parecer, teniendo en cuenta no sólo los recursos naturales del país sino también industriales y académicos.

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Extractos del documento

Alternativas y propuestas

En el escenario energético actual, la discusión central está dada por el rol que podría jugar Vaca Muerta para revolucionar al país, polarizándose entre un sí y un no respecto de esta, lo cual coloca a otras alternativas, o la exploración de una transición, fuera del foco de las discusiones. A criterio del autor entonces, de lo que adolece la discusión, es de una visión desafiante que catalice y ordene esfuerzos y prioridades, y el escenario propuesto por Shell nos brida un pretexto para analizarla.

Entonces, y siguiendo nuestro postulado de que uno de los puntos de apalancamiento es la planificación de largo plazo, vamos a proponer pensar las alternativas en función de poner a la Argentina en camino hacia una transición6 energética, que busque desplazar a la economía hacia la electricidad en por lo menos el 50% de la oferta primaria de energía para el año 2050, y que a su vez esta provenga de fuentes sostenibles y en las que el país tiene capacidad tecnológica, y que a su vez maximizan las posibilidades de desarrollo del país, al tratarse de tecnologías con potencial de crecimiento que utilizan recursos con buenos rendimientos termodinámicos.

Se podrá alegar que esta visión es inviable para un país como la Argentina en el que el largo plazo es 4 años, pero la realidad de cualquier acción en un tema estratégico como energía y desarrollo muestra que, sin dirección estratégica, lo que hoy resulta bueno en un par de años se transformará en problema.

Por ende, lo que se introduce con la visión es un criterio para que la toma de decisiones en el corto y medio plazo tiendan a converger con la visión de largo plazo, lo que resulta básico para llevar adelante un esfuerzo coordinado entre empresas, el Estado y el sector de ciencia y tecnología.

Entonces, con la visión general propuesta, y poniendo como marco la premisa de explorar las implicancias de emprender ese camino, analizaremos los temas generales del sistema energético del país. Se propone como ejemplo del ejercicio una oferta de energía primaria como la de la figura 5 para el año 2050.

Para facilitar la interpretación se asume lo siguiente en el escenario. El consumo de energía crece –trabajando sobre eficiencia energética– a un ritmo del 2,5 promedio en el período. La oferta es igual a la demanda. Se trata de incluir toda le energía hidroeléctrica, nuclear y eólica que la industria nacional puede aportar a partir de un ritmo razonable de incremento productivo. Se utiliza la solar FV como complemento.

El saldo se cubre con gas natural y desplaza al petróleo a un ritmo de un 1% anual. Los demás elementos se proyectan según punto de partida. Como se ha señalado, no pretende ser un ejercicio riguroso, sino una aproximación para explorar las alternativas que de él se derivan. Como primer dato a resaltar, hay que señalar que hay que seguir estimulando la producción de gas, dándose el pico de consumo para 2040, momento en el cual la eólica se torna exponencial en su penetración.

En lo que hace a hidroelectricidad y energía nuclear, crecen de manera constante, pero la primera está limitada por la cantidad limitada de recursos, en tanto que la segunda por el ritmo de construcción de las centrales. Solar FV tiene un papel subordinado, ya que se priorizan industrias donde existe mayor capacidad industrial y derrames tecnológicos, conjugados con un recurso natural excepcional como el viento. Se ha dejado de lado el desarrollo de tecnologías como mareomotriz, undimotriz y termosolar, básicamente porque exceden el marco del trabajo.

Un escenario como el planteado tiene el potencial de transformar la estructura productiva del país solo a partir de la creación de empleo en el sector de bienes de capital y la tracción del esfuerzo tecnológico asociado, y tal como hemos señalado, se basa en su punto de partida y escalamiento en las capacidades del país.

A modo de ejemplo de los requerimientos de capital, desarrollo de la capacidad productiva y creación de empleo, se expone en el cuadro 2 una actualización de la propuesta que oportunamente impulsara CIPIBIC para la industria eólica nacional (Roger, 2017b).

El cuadro ilustra un sendero perfectamente viable de desarrollo de la competitividad y capacidad productiva local, baja de precios de la electricidad generada, y de apalancamiento de la capacidad industrial a partir de la captura de rentas vías financiamientos alternativos con alto componente de moneda nacional (Roger, 2017b).

A continuación, y teniendo como horizonte de sentido la propuesta de transición, se pasarán a desgranar algunos de los temas a resolver en el corto y mediano plazo en el sector energético.

Primero. Marco general. Hay que señalar que, dadas las restricciones que hemos identificado en el sistema energético, cualquier opción conducida por empresas transnacionales va en dirección contraria a la necesidad de romper con la restricción externa, por lo cual un cambio en el sistema debe ser conducido por una política que componga una hoja de ruta de largo plazo para que empresas tecnológicas e industriales nacionales puedan organizar sus esfuerzos, y nuevas institucionalidades dirijan el proceso.

Entonces, para el desarrollo y selección de inversiones, es preciso crear herramientas para el fondeo nacional de los proyectos, y la creación de una organización en la que, el Estado, el sistema científicotecnológico, las empresas y las provincias coordinen esfuerzos y decisiones. Al respecto, cabe destacar que la lógica de organizar por ministerios la ejecución de políticas resulta antifuncional al objetivo, por lo cual se trataría de crear un consorcio (u otra herramienta) que organice de forma vertical la política de transición abarcando los diferentes aspectos Dossier D de esta, a saber, electricidad, transporte, hogares, industria, eficiencia, etcétera.

Antes de que se objete la cuestión de las transnacionales, cabe aclarar que de lo que se trata es del núcleo del proceso. No se niega la participación de estas, pero si el país quiere usar el desarrollo del sector energético para impulsar su desarrollo, debe hacerlo de manera prioritaria con empresas nacionales que provean los bienes de capital.

Recordemos que el sector de bienes de capital es central para todo proceso de cambio estructural; por ende, sin su desarrollo, no hay catching up posible.

Segundo. Competitividad nacional. Para logra elevar la productividad y competitividad del país es preciso apuntar a tecnologías nuevas y a recursos con altas tasas de retornos energéticos, de modo de aprovechar procesos de rendimientos crecientes y de generación de rentas termodinámicas (Roger 2015, 2017a, 2019).

Pero también cortar con los mecanismos de créditos extranjeros e importación de bienes de capital para la energía, que mediante mecanismos financieros se apropian de rentas de recursos naturales y las trasfieren al exterior por medio de mecanismos de endeudamiento externo (Roger, 2019).

Por lo tanto, la tecnología nacional debería ser la columna vertebral de la política, de modo que tanto rentas termodinámicas (solo apropiables en procesos productivos) como renta de la tierra (apropiables en el proyecto por la vía del rendimiento del recurso) sean reconducidas al proceso de desarrollo del país. Para lograr esto la innovación financiera con mecanismos nacionales de financiamiento de largo plazo es clave.

Tercero. El transporte y la distribución. Es sin duda este eslabón el que más aparece en el foco de la polémica de la política energética, tanto por la mala calidad del servicio de electricidad, como por los costos de los servicios, ya que los distribuidores son los encargados de cobrar y transferir al resto de los eslabones (producción, transporte). Es aquí, por consiguiente, donde hay una cada vez más fuerte presión de la opinión pública para revertir las concesiones, lo que al presente parece condición necesaria para mejorar el servicio. Aquí, más que en cualquier lugar, es preciso definir bien el campo de la discusión, teniendo presente lo que se espera del eslabón de distribución.

Hemos señalado que la estructura de propiedad del sistema, en buena parte extranjera y capitaneada por capital financiero, ofrece un conjunto de incentivos opuestos a los requerimientos de desarrollo del país, a la vez que ha llevado a resentir la calidad del sistema, con un pésimo servicio tanto en tiempos de bajas como de altas tarifas.

a pregunta está dada alrededor de cuál es la herramienta o régimen que permite tener un buen servicio, a la vez que ofrecer a todo el país tarifas uniformes, lo que es condición básica para cortar con incentivos indirectos que lastran el desarrollo federal y fomentan la conurbanización.

Al respecto de lo señalado, hay que subrayar que es requisito excluyente que el sistema de distribución esté en sintonía con la industria nacional del sector electromecánico, por lo cual su participación en la estructura de toma de decisiones y control de los sistemas de transporte y distribución es deseable e imperativa.

Recordemos que los largos períodos de crecimiento que ha vivido el mundo y los países desarrollados se han dado en momentos en los cuales la dirección del proceso de acumulación fue llevada por el capital industrial, subordinando al capital financiero a un mecanismo de apoyo (Pérez, 2001, 2004).

Como sucede lo contrario, el capital financiero inclina la balanza hacia la búsqueda de rentas y, de este modo, se torna inviable un camino de desarrollo. Sea cual sea el esquema que se elija, hay que resolver el fondeo de las tarifas sociales, el equilibrio de las tarifas en el territorio, la calidad del sistema. El primero de los elementos debe, sin duda, ser de índole federal, para garantizar condiciones que equilibren las asimetrías de infraestructura y acceso.

El segundo es más complejo, pues en las tarifas intervienen el costo de cada sistema de distribución, que se hace más elevado en aquellos que poseen una baja densidad poblacional y gran extensión. Por otro lado, hay componentes impositivos diferenciales que castigan de manera desigual, ocultándose aquí diversos problemas de financiamiento del estado subnacional y municipal.

Para el problema de la heterogeneidad de costos es posible aplicar correctivos mediante fondos especiales, pero ello sin duda exige el aseguramiento de estándares de calidad y eficiencias mínimos, porque si no se subsidian nichos de rentas. Para el caso de la estructura impositiva, las opciones grosso modo son dos. O se eliminan impuestos a los servicios públicos en todas las instancias, o bien se establece un tope total y por jurisdicción.

Una alternativa puede ser un impuesto único, uniforme y coparticipable a los tres niveles, aunque claro está, exige niveles de cooperación y acuerdos en materia fiscal.

Cuarto. El mix energético. Tal como se señalado, y dado que el rumbo propuesto es la transición, se trataría de reconducir el mix de consumo energético hacia fuentes que resulten más sostenibles y que aporten al desarrollo del país desde el punto de vista tecnológico, industrial y competitivo. Al respecto, puede sostenerse que tal mix está relacionado con las energías renovables, en particular eólica y termosolar, y que el recorrido que lleve al pleno desarrollo de estas incluye al gas como puente, y a la energía nuclear y la hidroeléctrica como apoyos claves, a la vez que contiene a las bioenergías como un actor con un potencial de desarrollo territorial formidable (Roger, 2017a, 2019).

Un desarrollo energético basado en tecnologías con alto componente nacional tiene –entre otras ventajas– la virtud de tender a la desdolarización del sistema, ya que, al realizarse la mayor parte de las inversiones en moneda local, y con financiamiento local, se puede contribuir a romper la lógica ilustrada en la figura 2, que hace divergir al sistema energético de las necesidades Dossier D del proceso de desarrollo del país.

La matriz hacia la que se tienda debe partir de las capacidades industriales y tecnológicas del país, tomar en cuenta los recursos naturales existentes, y plantear una hoja de ruta realista respecto del proceso de escalamiento productivo y desplazamiento de recursos fósiles de segmentos como el transporte y la calefacción.

Una dirección planteada en el párrafo anterior implica la creación de miles de empleos en el sector industrial, con empleos de alta calificación, ya que se trata de desplazar el actual esquema de importación por lo que hoy puede hacer el país –reactores nucleares tipo Candu y Carem, centrales hidroeléctricas de potencia y molinos eólicos (ver cuadro 2), equipos para la explotación del gas y petróleo– hacia lo deseado –organizar y desarrollar capacidades en nuevos campos, como termosolar, mareomotriz, undimotriz, paquetes tecnológicos renovables, etcétera– para lo cual se requiere utilizar y desarrollar de manera intensiva capacidades en el sector científico-tecnológico.

Sexto. Infraestructuras. Una transición energética requiere del despliegue de todo un nuevo conjunto de infraestructuras que, planeado en derredor de las capacidades y potencialidades nacionales, constituye una formidable oportunidad para generar empleos y desarrollos industriales, científicos y tecnológicos.

Para ello es también preciso realizar cambios de fondo en la regulación sobre transporte eléctrico, y desarrollar todo un plan que se adecue para aprovechar los recursos naturales del país, de modo de favorecer desarrollos territoriales y especializaciones regionales.

El caso de las bioenergías (cuyo recurso se concentra en el centro del país) y el de la energía eólica (cuyo mejor recurso está en la Patagonia) ofrecen buenos ejemplos, pero no los únicos.

Por otro lado, la infraestructura debe ser pensada y desarrollada en función de los requerimientos del sistema energético que se quiere desarrollar, no del que existe, lo cual puede permitir enormes potenciales de complementariedad como eólica-hidroeléctrica y biogás, por citar algunos ejemplos. En tal sentido, la planificación y desarrollo de una infraestructura de transporte que identifique y facilite complementariedades por regiones, es la base del despliegue de un enorme potencial energético que puede bajar costos y multiplicar su disponibilidad, rompiendo de una vez los ciclos de stop and go relacionados con la energía.

Es a partir de una política de transición que se torna viable el desarrollo de baterías de litio, por ejemplo, pero también de todo un conjunto de tecnologías que, yendo de las centrales de bombeo al almacenaje térmico con sales fundidas o hidrógeno, tiene la función de brindar el respaldo necesario para acoplar una creciente oferta intermitente con la demanda de energía.

Las soluciones para cada caso dependen del requerimiento de almacenaje, habiendo por ende una multiplicidad de alternativas (Roger, 2018a, b y c), por lo cual existe en este campo, una relativa libertad a la hora de definir soluciones en función de los recursos y capacidades disponibles en el país. Sin duda en este campo existe un enorme terreno fértil para desarrollos nacionales, pero como tantas otras oportunidades, depende del desarrollo de una política pública adecuada.

Séptimo. Un párrafo aparte merece el desarrollo de los hidrocarburos, y sobre todo el gas, ya que constituye la base para cerrar la brecha de importaciones, y garantizar una transición sustentable hacia la electricidad.

Al respecto, es preciso desplazar el mecanismo de subsidio a los productores por un precio único basado en la estructura de costos, ya que el nivel de incentivos no guarda ninguna relación con el costo del gas, a la vez que al aplicarse al shale desplaza la producción convencional. Si bien se requieren otras cuestiones de fondo, romper con la dinámica que premia rentas es básico, pues caso contrario, no se logrará ni el autoabastecimiento ni la exportación.

Solo una política que organice de manera armónica los intereses de las partes y que se centre en la producción, con senderos de desarrollo previsibles y apoyos a la industria local, puede lograr el objetivo.

Cualquier otra solución solo contribuirá a agravar los problemas estructurales del país, pues una política de desarrollo de los recursos no convencionales disociada de las industrias metalúrgicas del país, por ejemplo, solo puede producir una profundización de la desindustrialización y agravamiento de la primarización del país.

Solo una cuestión más. La expansión de la producción de gas puede encontrar su lugar en un mayor alcance de la red domiciliaria y en la exportación, pero sería deseable antes que esta, una industrialización de la primera.

Tanto en la producción de, por ejemplo, fertilizantes (el país importa una gran cantidad), o en otros eslabones de la industria petroquímica se pueden encontrar interesantes oportunidades con agregado de valor, y de su mano, nuevas oportunidades para la industria metalmecánica y la ingeniería nacional. Se trata entonces, una vez más, de hacer un ejercicio de qué podemos hacer y qué requiere el desarrollo del país. La exportación de gas es sin duda una oportunidad, pero no es la única, y ni siquiera la más deseable.