Luis Manuel Hernández González, presidente del Consejo Mexicano de la Industria Manufacturera y de Exportación, aseguró que el país necesita reglas específicas y constantes para que se mantenga la inversión, así como también más energía limpia y renovable para alcanzar los objetivos de la transición energética. 

Y es preciso recordar que actualmente hay poco más de 14 GW operativos entre energía solar (+6 GW) y eólica (+8 GW), pero en los últimos años se frenaron varios proyectos debido a la incertidumbre, posturas y decisiones de la administración actual. 

“Necesitamos reglas que le permitan al inversionista decidir a largo plazo. Son indispensables. Y que también se plantee cómo participa el estado con la parte privada, porque ésta trae el hambre de crecer”, reconoció durante el sexto foro del Parlamento Abierto. 

“Si no tenemos una constitucionalidad a largo plazo del nuevo sistema energético de México, no podremos dar certeza ni al sector público ni al privado”, agregó. 

El especialista se refirió puntualmente a la industria manufacturera y reconoció que existen algunos aspectos a resolver: aumentar la capacidad instalada que posee el país y regular de otro modo la parte de la distribución, que hoy en día le corresponde a la Comisión Federal de Electricidad. 

Es por ello que propuso que “la industria privada también puede participar en la construcción de infraestructura y que, eventualmente, sea donada a la CFE”.

“No podemos pensar que generaremos energía barata si la CFE no tiene recursos, así como tampoco permitir la entrada a esquemas de subsidios. Pero si definimos las reglas, controles y funciones de los participantes del mercado, habrá una decisión diferente”, continuó.

Luis Manuel Hernández González vaticinó que la empresa productiva del Estado no puede sola con la generación de electricidad o con la parte de las redes de distribución en México, por lo que aseguró que no es posible aceptar esta reforma. 

“La CFE no tiene recursos suficientes para proveer de energías renovables a la industria aeronáutica y automotriz con energías renovables para que los privados cumplan sus objetivos de transición energética”, aseveró. 

Por otro lado, la abogada especialista en proyectos de infraestructura, Julia Romero, también participó del debate y ratificó el punto de que “las energías limpias deben aumentarse, dado el impacto directo que tendrá en la reducción de emisiones hacia el medio ambiente”. 

“México no puede justificar el incumplimiento de un tratado con el pretexto de la soberanía. Y si la iniciativa se aprueba en los términos actuales, es posible que se deba pagar unos USD 70.000.000.000 para compensar a los inversionistas que no pudieron desarrollar sus proyectos en el país”, señaló.