«Puerto Rico se levanta» es el lema que acompaña al país que más sufrió por la embestida del huracán María a fines de 2017. En su recuperación, el Gobierno está llevando a cabo importantes reformas estructurales.

Entre los cambios propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que se establecieron como necesarios para este año, está la transformación del modelo del sistema eléctrico.

Ya a principios de este año, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares lo había anunciado. El 22 de enero de 2018, dijo que en su administración estaban planeando un modelo moderno, sostenible y resiliente.

Hace cinco días, la nueva ley que propone cambios en el sistema eléctrico de la isla comenzó a regir. Esta promueve la privatización de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y actualizar la política pública del Gobierno con respecto al sistema eléctrico. (Ver ley)

En pos de mejorar el servicio y el costo de la electricidad – rezan las especificaciones de la ley, en su exposición de motivos–, es que el Gobierno está instando a la reestructuración del sistema eléctrico del país caribeño.

La propuesta de una mayor participación de las energías renovables dista mucho de estar detallada en esta Ley. Aunque sí se advirtió tener una alta dependencia del petróleo que hace que su sistema de generación sea cada vez más costoso, más contaminante y menos eficiente. Por lo que se puede suponer que podrán tratar la incorporación de más participación de renovables en la reglamentación.

Lea también «Las ‘claves’ para Latinoamérica: una experta trae la experiencia de Estados Unidos para motorizar generación distribuida con fuentes renovables»

Entre los cambios que Estados Unidos propone a la red de Puerto Rico, a través de un informe de su Departamento de Energía (DOE), incluyen microrredes y energías renovables. (ver informe)

En cuanto a las microrredes, recomienda que los planes de recuperación deben incluir un análisis para determinar la aplicación y ubicaciones óptimas para las microrredes, incluida su función especializada en el sistema (por ejemplo, servir infraestructura crítica en áreas urbanas, atender necesidades únicas de clientes industriales o prestar servicio a comunidades remotas). Aquel análisis debe incluir la disponibilidad de recursos de generación, combustibles, tipo de carga y los límites de las microrredes.

Refiriéndose a los detalles de diversificación de la matriz, recomienda alejarse de la dependencia del petróleo y dirigirse hacia el gas natural que puede ser provisto por EE. UU. Además, explicita como necesaria la incorporación de recursos de energía renovable y sugiere como importante atender a la Generación distribuida y las tecnologías de almacenamiento de energía.

En ese sentido, debemos tener en cuenta que hasta la fecha la matriz energética puertorriqueña está compuesta por solo el 2% de las energías renovables, el 48% de la generación proviene del petróleo, el 35% del gas natural y el 15% restante del carbón. Será clave para dar más participación a las energías renovables lo que se indique de ahora en más como nueva política pública a seguir.

Por ahora, los próximos pasos que la ley declara son: auscultar el mercado, abrir el llamado a las empresas interesadas en participar en la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a través de la creación de Alianzas Público Privadas, para que dentro de 180 días, se desarrolle y apruebe el nuevo marco legal que acompañe todos los procesos detallados.

Pero para que aquello suceda, se ordena que en 15 días se cree un grupo de trabajo que cuente, a su vez, con el asesoramiento de la Junta de Energía de los Estados del Sur (SSEB, en inglés) y el DOE; en este sentido, las sugerencias del DOE sobre diversificación de matriz y microrredes alienta al sector renovable, pese a que continúen las incertidumbres de su participación en el esquema final.