Cada año se liberan en la atmósfera miles de millones de toneladas de CO2 como resultado de la producción de carbón, petróleo y gas. La actividad humana está produciendo emisiones de gases de efecto invernadero a niveles récord, sin signos de desaceleración.

El Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático exige que el calentamiento final se mantenga por debajo de los dos grados centígrados y que se redoblen los esfuerzos para limitar aún más el aumento a 1,5 grados. Transformar la matriz energética es entonces un objetivo inminente.

Para poder avanzar en este sentido deberían invertirse, según lo publicado por la Secretaría de Energía de la Nación en el documento “Lineamientos para un plan de Transición Energética al 2030” entre US$ 20 mil millones (REN20) y US$ 27 mil millones (REN30) hasta 2030 además de sortear los desafíos técnicos como la interconexión del sistema eléctrico.

De las inversiones calculadas, USD 25 mil millones corresponden a insumos importados.

El impacto de las barreras a la importación

Necesitamos cumplir nuestros compromisos internacionales y modificar de manera urgente la matriz energética para reducir nuestras emisiones pero no tenemos forma de hacer frente a las importaciones que se requieren para el desarrollo de los parques solares, eólicos, ni la tecnología que se necesita para la producción de biomasa y biogás. Esto es como consecuencia de 3 grandes problemas.

El primero es que algunos productos que se necesitan para la construcción de estos proyectos están alcanzados por licencias no automáticas de importación (por ejemplo, la torres para los aerogeneradores, las estructuras de seguimiento para los paneles solares (trackers)) que no están siendo autorizadas por la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial.

El segundo problema es la autorización para el giro de divisas al exterior por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Con las reservas de dólares casi agotadas girar al exterior se transformó en un desafío. Con la publicación de la Comunicación A-7466 el BCRA restringe aún más los giros categorizando las SIMI en A y B y determinó los montos y los plazos en que cada importación se podrá pagar. Para las SIMIs que obtengan categoría A se podrá girar de manera anticipada, vista o diferida en hasta un 5% más de monto FOB que en 2021 o un 70% más que lo girado en 2020, el que sea menor. Para las SIMI que se otorgue categoría B, el pago al exterior se podrá realizar recién a los 180 días. A su vez, los nuevos importadores solo podrán girar hasta USD 50.000 por año. 

El tercer obstáculo son las intervenciones de terceros organismos que estos productos requieren. Estas son reglamentos técnicos que Argentina exige cumplir para el ingreso al país como la certificación de Aceros para la Construcción, la certificación de torres para aerogeneradores, certificaciones de seguridad eléctrica y otras tantas, que demandan tiempo y dinero y muchas veces salen rechazadas por la Dirección de Lealtad Comercial dependiente de la Secretaría de Comercio Interior.

A lo anteriormente mencionado, hoy se suma el nuevo bloqueo CEF (Capacidad Económica Financiera del Contribuyente) gestionado a discrecionalidad por la AFIP que impide la presentación de licencias de importación SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones). El CEF determina la capacidad económico financiera que tiene una empresa para canalizar importaciones y si bien la fórmula de cálculo es secreta, se basa en una diferencia entre los ingresos declarados y los gastos y deudas vigentes.

Es importante remarcar que la mayoría de las empresas que ganan proyectos de RenovAr (Régimen creado por la Ley 27.191) son empresas de capital extranjero que constituyen una sociedad en la Argentina para poder ser incluidas en el Régimen de Fomento a las Energías Renovables y al ser sociedades nuevas solo cuentan con un aporte de capital (no hay ventas registradas). Por lo que la no asignación de CEF podría ser otra barrera para arancelaria que deberían sortear para poder avanzar con los proyectos sumado a la restricción del BCRA que autoriza solo USD 50.000 para pagos al exterior de nuevas importadores.

Aportes al desarrollo económico de la industria de renovables

Según el documento publicado por la Secretaría de Energía, incrementar la participación de energías renovables en la matriz energética no tendría solo impacto positivo para el medio ambiente sino que hay un potencial de desarrollo de proveedores locales a través de la fabricación de bienes de capital que aportaría valor agregado a la producción nacional y ayudaría a sustituir importaciones y ahorrar divisas.

A su vez, el crecimiento a escala del know how en la fabricación de bienes específicos para el sector permitiría el ingreso de divisas genuinas por la potencial venta de maquinaria y equipo con alto contenido tecnológico a países de la región. Esto mejoraría la inserción regional e internacional de la Argentina. También, las mejoras en las capacidades productivas potenciarían encadenamientos intra e inter industriales con bienes que contienen mayor valor agregado, crean puestos de trabajo con mejores calificaciones, con mayor productividad y nivel salarial más alto del promedio. 

Estado de situación y compromisos asumidos

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), celebrada en Glasgow a finales del año pasado, la mayoría de los países han presentado sus NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional) con metas concretas de reducción para 2030 y en muchos casos comprometiéndose a la carbono neutralidad para 2050.

La geografía de Argentina tiene características extraordinarias en cuanto a la radiación solar e intensidad de los vientos por lo que resulta un territorio ideal para el desarrollo de energías limpias y sustentables.

Según un informe del año 2015 del Fondo Monetario Internacional (FMI), la industria energética rankea en el primer puesto de las 10 industrias que más emisiones generan en nuestro país. La transformación de la matriz energética debe ser entonces una prioridad.

Pero ¿en qué situación estamos? En 2021, las fuentes renovables generaron un 13% de la energía que demandó el sistema eléctrico argentino, por debajo del 16% que planteaba la Ley 27.191 (Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica, 2016) para ese año. En la COP26 Argentina se comprometió a “desarrollar el 30% de la matriz energética nacional con energías renovables”.

Argentina es entonces el país de las contradicciones. Por un lado, asumimos con el mundo compromisos de reducción de emisiones y aumento de la producción de energía renovable, pero por otro lado, colocamos todas las barreras posibles para que los proyectos no se puedan construir y por lo tanto, la economía no se pueda desarrollar.

Entonces, me pregunto ¿cuándo vamos a construir políticas públicas consecuentes con los objetivos que buscamos alcanzar como país? Porque hasta que no respondamos esta pregunta no podremos avanzar en la transformación de nuestra matriz energética.