El día de ayer, energiaestrategica.com reveló que el Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, solicitó al vicepresidente de la compañía que administra el mercado eléctrico (CAMMESA), Julio Bragulat, la suspensión de la Resolución 108, marco legal con el que proyectistas de emprendimientos de energías renovables convenían un precio por MWh de acuerdo a características específicas.

Aún se desconoce con precisión el nuevo esquema que se implementará, sin embargo, fuentes del sector señalan que el Gobierno lanzaría licitaciones para el desarrollo de las energías limpias divididas por tecnología. A priori, se estima que se ganaría por precio y calidad, como ocurre en otros rubros. Lo que no está claro todavía es el rol que tendría la industria nacional en estas subastas.

En diálogo con energiaestrategica.com, Gustavo Gil, coordinador del Área de Energías Renovables del INTI, analiza cómo debería aplicarse el nuevo sistema. En principio, observa que “lo determinante es definir una matriz de selección de proyectos que no esté sólo ponderada por precios”.

El especialista explica que si se prioriza el desarrollo de proyectos solo por cuestiones de competitividad tarifaria y se deja de lado factores como disponibilidad de recursos de la zona, necesidades en la inyección de energía en un punto de la red específico, creación de puestos de empleo o aspectos como la mitigación de impacto ambiental a partir, por ejemplo, del tratamiento de residuos, el nuevo esquema estaría planteado sesgadamente.

En ese sentido, Gil da como referencia un ejemplo concreto impulsado por el INTI en Presidencia De la Plaza, localidad de la provincia del Chaco. Allí, a partir del residuo forestal más de 50 aserraderos y carpinterías, quisieron instalar un equipo de gasificación de alrededor de 200 KW.

El especialista cuenta que el proyecto apuntaba a generar una decena de puestos de trabajo (número interesante para la pequeña localidad), la implementación de tecnología novedosa, la reducción de casi el 100 por ciento de los residuos del parque industrial, pero requerían de un precio por MWh de 145 dólares para llevar a cabo el proyecto. “En este ejemplo concreto, priman ciertas externalidades que son más positivas que la tarifa en sí”, enfatiza Gil.

Por otra parte, en cuanto al lugar que le podría merecer a la industria nacional esta nueva Resolución en reemplazo de la 108, el especialista del INTI manifiesta: “hay un modelo, quizá no el mejor de todos, que fija establecer una serie de beneficios adicionales a la tarifa en función del porcentaje de integración nacional que tienen los proyectos (Ley de Compre Argentino)”.

No obstante, agrega que será más próspero para la industria nacional que prime un aspecto cualitativo más que el mero hecho de un porcentaje de cumplimiento, como podría ser la sustitución de importaciones a partir de un estudio previo de la cadena de valor nacional, identificando qué componentes son los que se quieren sustituir y fomentando su desarrollo.