La Secretaría de Energía de la Nación confirmó que trabaja en nuevas resoluciones normativas que permitan brindar previsibilidad al sector privado y se incrementen las inversiones en energías renovables en el país. 

Una de ellas está vinculada a los proyectos truncados de distintas rondas del Programa RenovAr que ya solicitaron la rescisión de sus contratos PPA mediante la Res. SE 1260/2021 y la Res. SE 284/2023.

“La idea es canjear total o parcialmente las penalidades que tienen los proyectos multados del RenovAr por inversiones. Es decir, en vez de que paguen una multa por 10 o 15 años, que se comprometan a realizar inversiones en renovables en 3 años y de nuevo tener desarrollándose el sector con fondos genuinos privados”, afirmó Santiago Yanotti, subsecretario de Energía Eléctrica, durante un evento organizado por Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina.

Y si bien Yanotti no precisó un número concreto de emprendimientos que pudieran estar en dicha situación, si le informó a Energía Estratégica que “el proceso está en estudio” y que “hay voluntad en dinamizar y dar oportunidad al sector privado de que genere inversiones, puestos de trabajo y más energía renovable”.

Cabe recordar que, en septiembre del año, el gobierno nacional dio a conocer que 30 parques (total de 778 MW) optaron por la baja voluntaria mediante la mediante la Res. SE 1260/2021, la cual estableció multas que oscilaban entre USD 12500 y 17500 por cada megavatio de potencia contratada

En total fueron 16 centrales fotovoltaicas, 4 eólicas, 6 de biomasa y 4 de biogás, y la mayoría de dichas plantas de generación habían obtenido su contrato de abastecimiento en la Ronda 2 del RenovAr (19 – 402,29), seguido por aquellos que lo hicieron en la Ronda 1.5 (9 – 372,6 MW); sumado a un emprendimiento de la Ronda 1 (1,2 MW) y otro de la Ronda 3/MiniRen (2 MW) 

Mientras que en abril del corriente año se habilitó un nuevo mecanismo de salida para los proyectos demorados de las rondas 2 y 3 de las licitaciones públicas llevadas a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri. 

Puntualmente, tales parques que decidan ir por esa vía y asumir la baja tendrían que abonar la suma de USD 35.000/MW de potencia contratada de la central, además de presentar una renuncia a todo derecho, acción o reclamo administrativo, judicial, extrajudicial o arbitral, ya sea en Argentina o en el extranjero, contra el estado nacional, la Secretaría de Energía y/o CAMMESA; como también a los beneficios fiscales de la Ley N° 27191. 

“Permitimos que los proyectos que lamentablemente no podían concretarse del Programa RenovAr, por cuestiones macroeconómicas, se fueran en condiciones beneficiosas y ahí recuperamos 1100 MW de potencia en la red de transmisión que fue a parar al MATER”, sostuvo el subsecretario de Energía Eléctrica al referirse sobre el tema.