El miércoles de la semana pasada ingresó un proyecto de Ley a la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile que modifica la Ley de Servicios Básicos (ver) N°21.249 hasta diciembre del 2022.

En efecto, de aprobarse la iniciativa, las empresas no podrán cortar el suministro por mora en el pago a las personas, usuarios y establecimientos hasta la fecha indicada.

Cabe señalar que se consideran las deudas que se generen desde el 18 de marzo del 2020; éstas “se dividirán en el número de cuotas mensuales iguales y sucesivas que determine el usuario. Las cuotas no podrán ser más de 48. Se cobrarán a partir de la facturación siguiente al término del último plazo. No podrán considerar multas, intereses ni gastos asociados”, indica la norma.

Ahora bien, según Empresas Eléctricas A.G., a abril de 2021 se registró que más de 800 mil de clientes residenciales cuentan con una deuda impaga de más de 45 días de vencimiento.

“De acuerdo con nuestros datos, en abril de 2021 la deuda acumulada de los clientes residenciales con deudas sobre 45 días alcanzó los $230 mil millones, cifra que se espera se siga incremento en los próximos meses, de los cuales el 76% corresponde a clientes con consumos inferiores a 400 kWh al mes”, advierte Empresas Eléctricas.

Además, la nueva iniciativa presentada en la Cámara de Diputados y Diputadas hace extensivo el beneficio para el total de la población: según la normativa actual sólo el 80 por ciento de la población podría acogerse a esta medida, dejando afuera al 20% del estrato social de mayor poder adquisitivo de Chile. Pero ahora la cobertura alcanza al 100% de la población.

Ante esta situación, el Senado está llamando a la conformación de una mesa de trabajo tripartita donde participe el Ejecutivo, la industria energética y los consumidores.

En ese marco, los distribuidores ya han adelantado que exigirán que los demás agentes de la industria contribuyan a aportar recursos para afrontar parte de la deuda. Pero una fuente ligada al universo de los generadores en Chile, considera que es un pedido “injusto”.

“Nosotros ya estamos aportando en un fondo de 1,35 billones de dólares, que se conformó en octubre del 2019, desde el estallido social. Estamos cobrando una tarifa congelada que sólo se ajusta por inflación local desde 2020; entonces no nos parece justo que quiénes hemos aportado y lo seguimos haciendo, debamos hacer un esfuerzo adicional. Esta vez es el turno de ellos”, dice la fuente respecto a los distribuidores, en diálogo con Energía Estratégica.

Y agrega: “Ya estamos aportando y creemos que es el turno de otra industria. Porque los generadores ya tenemos otros riesgos, por hidrología, precios de commodities, demanda, congestiones de transmisión, y los estamos asumiendo sin reclamar nada”.