Con fecha al 8 de mayo, los generadores nucleados en ACOLGEN y ANDEG, distribuidores aglutinados en ASOCODIS, las cámaras de grandes consumidores ANDI y ASOENERGÍA, el Comité Asesor de Comercialización (CAC) y las empresas de servicios públicos y comunicaciones nucleadas en ANDESCO, enviaron una carta a la ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez.

El motivo de la misiva no fue otro que sugerirle a la cartera algunos criterios a tener en cuenta de cara a la segunda versión de la subasta a largo plazo de energías renovables, cuya fecha se dará a conocer el próximo mes de junio. Cabe aclarar que las propuestas se dan en el marco de los procesos de consulta pública que está lanzando el propio Gobierno para identificar las inquietudes del sector privado.

En la carta, las entidades hacen señalamientos sobre distintos aspectos. En cuanto a la demanda, califican como “relevante” que la participación continúe siendo voluntaria, criticando cualquier obligatoriedad sobre distribuidoras y comercializadoras. En ese sentido, apuntaron contra uno de los aspectos del Plan Nacional de Desarrollo, el cual establece que los grandes consumidores deban incorporar entre un 8 y un 10 por ciento de energía limpia.

“La obligatoriedad de compra de energía que provenga de FNCER (Fuentes No Convencionales de Energías Renovables) por parte de los comercializadores que fue establecida en el Articulo 296 del Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso de la Republica, va en contravía de la libertad de mercado, lo cual puede afectar la formación eficiente de precios de la que los usuarios deberían beneficiarse”, adviertan en la carta.

Y exhortan: “Por lo tanto, sugerimos que la reglamentación de dicho artículo tenga en cuenta estos aspectos”.

Para las entidades gremiales, lo que debe hacer el Gobierno es otorgar incentivos que seduzcan a la demanda, los cuales “deben basarse en que el contrato brinde cobertura efectiva de precio y cantidad a un costo eficiente y garantice al comercializador el traslado en la tarifa para la demanda regulada”, señalan.

Por otro lado, sobre el contrato de energía a celebrarse entre partes, la misiva propone “un producto que permita reducir la incertidumbre respecto al cubrimiento de la curva de carga, lo que contribuye a lograr una cobertura de largo plazo de cantidad y precio en pro del bienestar del usuario”.

En ese sentido, consideran que la mejor manera de instrumentarse será por bloques horarios intradiarios, donde se “pague lo contratado”.

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En pesos colombianos

Por otra parte, la carta sugiere “mantener la moneda del mecanismo en pesos colombianos y de esta forma asegurar simetría al comercializador respecto al esquema actual de traslado de precio de compras de energía en la fórmula tarifaria”, tal como fue planteado en los orígenes de la subasta.

Las entidades argumentan que la primera versión de la licitación obtuvo un éxito relativo por parte de la oferta, a pesar de que los contratos estaban fijados en pesos y no en dólares. Allí se habían presentado 22 proyectos, de entre los cuales 17 correspondían a energía solar, 4 eólicos y uno de biomasa, pero el motivo de que haya quedado trunca tuvo que ver con la demanda y su bajo interés de participar, foco a mejorar en esta segunda versión.

Flexibilizar la oferta

Asimismo, las entidades proponen al Ministerio generar incentivos para que la convocatoria de la oferta sea aún mayor. ¿De qué modo? Revisando criterios de precalificación, “de tal manera que la ubicación geográfica no sea un elemento de descalificación para este tipo de proyectos”.