Guatemala promulgó la Norma Técnica de Generación Distribuida Renovable que establece las condiciones para que un inversionista introduzca una central pequeña de generación con recursos renovables en el sistema eléctrico nacional, con el fin de la disminución de los precios de la energía.

Paralelamente Comisión Nacional de energía Eléctrica promulga la norma denominada “ley para el Generador Distribuido Renovable” (GDR)  siendo algunas de sus características:

  1. Facilita y aclara el proceso de aprobación de proceso de interconexión y operación de la planta y la comercialización de su energía producida.
  2. El tamaño de la GDR debe ser menor a 5 MVA.
  3. Las compañías de distribución están obligadas a permitir la conexión de las GDR al sistema eléctrico, después de recibir la aprobación con un estudio de capacidad de la red.
  4. Las GDR pueden participar en licitaciones públicas para suplir la demanda de las compañías de distribución o vender su energía en el mercado spot guatemalteco.

En el caso de El Salvador, dado lo pequeño de su territorio, la generación distribuida es una de las opciones más viables para la diversificación de su matriz energética, generando consecuentemente un impacto favorable en los consumidores.

Sin embargo, enfrenta un reto muy importante: el idear establecer una tarifa de acceso que permita que el distribuidor pueda garantizar la sostenibilidad de su actividad de distribución permitiendo que el usuario disponga de una potencia y/o voltaje firme las 24 horas del día, 7 días a la semana.

El legislador hondureño también considera que es necesario impulsar el sector de generación distribuida. Por ello, en noviembre de 2018 promulgó una serie de modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos incorporando normativa específica. Entre los incentivos está a clásica exoneración de pago de impuestos y/ o aranceles de importación incluyendo el impuesto sobre las ventas.

En la misma corriente se encuentra Nicaragua. En diciembre de 2017 se publica el acuerdo ministerial Nº 063-DGERR-002-2017 del Ministerio de Energía y Minas: Normativa de Generación Distribuida Renovable para Autoconsumo.

En términos generales, la normativa elimina distorsionadores como por ejemplo cobros por inyectar energía en la red por la incorporación de medidores bidireccionales, reconoce la venta de excedentes inyectados  a la red y genera mayor seguridad y confiabilidad de instalaciones de baja y media tensión.

En Costa Rica la generación distribuida ha tenido importantes escollos.  Si bien el país cuenta con un decreto que regula la actividad, ha encontrado fuerte oposición de parte de las distribuidoras (cooperativas de generación rural que por ley pueden generar y comercializar energía eléctrica en sus circunscripciones territoriales) pero especialmente de la CNFL, la distribuidora del ICE que, como indicamos anteriormente, es de propiedad estatal.

La reglamentación puesta en vigencia por el rector del sector (el Ministerio del Ambiente y Energía), si bien contiene hasta cierto punto requisitos claros, deja la posibilidad que las distribuidoras definan otros requisitos, lo cual ha generado diversas interpretaciones de la normativa técnica e incluso arbitrariedades en cuanto a cobros para estudios de disponibilidad, incumplimiento de plazos, plazos mínimo de consumo no contenidos en el reglamento del MINAE, entre otros.

Sin embargo, existen cuatro limitantes importantes:

a) solo es posible conectar sistemas de autoconsumo hasta un tope 15% de la capacidad de los circuitos

b) no es posible vender excedentes si no es mediante concesión según un criterio de la Procuraduría General de la República

c) El productor-consumidor podrá depositar en la red de distribución la energía no consumida, y tendrá derecho a retirar hasta un máximo del cuarenta y nueve por ciento (49%) de la energía total generada, para utilizarla en el mes o meses siguientes en un periodo anual

d) el Ministerio de Hacienda está renuente a aplicar exenciones a la importación de equipos a pesar de un reciente pronunciamiento de la Procuraduría.

De hecho lo más preocupante es que el propio Ministro del Ambiente y Energía, señaló públicamente que lo que se busca por ahora es proteger la clientela de la CNFL principalmente.  La presión sobre las autoridades por parte de cámaras y asociaciones industriales y comerciales es fuerte.

Finalmente, Panamá, en el 2018 no solo ha actualizado su normativa sino que su Plan Energético Nacional 2015-2050 establece que se espera que, a pesar que el proceso es lento, el sector residencial, siga optando por desarrollar la generación distribuida, al colocar paneles fotovoltaicos.

Se logró obtener datos del 2018 que indican que generación de energía solar para el autocosumo, y en aquel año, había unas 241 instalaciones de equivalentes al 1% del parque de generación de Panamá.

Para el 2019, al Autoridad Nacional de Servicios Públicos informa que, según reportes de las tres distribuidoras del país, existen 601 sistemas fotovoltaicos instalados para autoconsumo con una capacidad de 29,820 kW según datos de junio de 2019 confirmando que la cada vez más usuarios en Panamá están optando por instalar sistemas para autoconsumo siguiendo las pautas establecidas por el Procedimiento para Autoconsumo con Fuentes Nuevas, Renovables y Limpias.

Juan Carlos Pizarro Corrales.

Abogado costarricense, máster en Derecho Comercial, y con más de 20 años de experiencia en materia de Derecho Público. Ex gerente legal de la empresa Globeleq Mesoamérica Energy quien tuvo la oportunidad de trabajar de lleno en varios proyectos de energía eólica a nivel regional como Cero de Hula en Honduras, Eolo de Nicaragua, Quebrada Grande en Costa Rica y el desarrollo inicial de un proyecto, también eólico, en Jutiapa, Guatemala. Actualmente, desde su despacho privado asesora a una asociación nacional de productores de energía solar y es miembro de la Comisión de Energía de la Cámara de Industrias de Costa Rica.