Durante la última década, Argentina comenzó a demandar energía eléctrica como consecuencia de la reactivación del sistema productivo. Según datos oficiales en 2003 la potencia necesaria era de 14.000 MW mientras que en la actualidad pasó a ser de 24.000.

Profundizando la dependencia de la matriz con fósiles, esa diferencia fue resuelta generando energía eléctrica con gas natural y, en menor medida, Fuel Oil, Gasoil y Gas Natural Licuado, en gran medida importados, por caída de la producción local.

En lo que respecta a Gasoil, el Reporte Ejecutivo del Sector Eléctrico elaborado por Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) muestra que el año pasado se utilizaron 1.240 millones de dólares para generar energía eléctrica a costos muy superiores que con cualquiera de las tecnologías renovables, como la eólica, solar, biomasa y mini-hidroeléctrica.

Esta fue la estrategia que encontró el gobierno nacional, a través de Energía Argentina S.A. (ENARSA): la inserción de motores diésel correspondientes a los programas de contratación de potencia (distribuida y móviles).

Estos disponen de más de 1.400 MW en generadores mayormente de un módulo de potencia del orden de 600 kW a 1.200 kW por unidad y rendimientos térmicos del orden del 28 al 42 por ciento para los diferentes equipos.

Tales motores han resuelto problemas de abastecimiento en distintos puntos del país con notables resultados, aunque debe resaltarse que la necesidad de instalación surge, principalmente, de la falta de inversión en infraestructura de distribución. Esto obliga a sostener la calidad del servicio inyectando potencia en ciertos puntos críticos de la red eléctrica.

Se estima que, aún considerando la baja actual en el precio internacional del combustible, el valor final (por lo oneroso de los contratos de los equipos) por MWh es de entre 600 y 620 dólares para la generación Diésel Distribuida y Móvil contratada por ENARSA, entre 5 y 6 veces más de lo que significa apostar a las energías limpias.