El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizó un nuevo evento destinado a transparentar las “Finanzas e inversiones sustentables. Avances y oportunidades para posicionar a Uruguay a nivel global”.

Allí, Herman Kamil, director de la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) en el Ministerio de Economía y Finanzas explicó cómo la estrategia de financiamiento del Gobierno busca integrar la acción climática y alinearla con su misión a largo plazo.

Entre las propuestas que detalló el referente uruguayo, destacó la alternativa de emisión de bonos sostenibles.

“El gobierno está trabajando actualmente en diseñar un bono soberano que incorpore explícitamente los objetivos que el país se ha puesto para alcanzar metas de indicadores ambientales dentro de un plazo predefinido”, anunció.

¿Cuáles son esas metas? Según explicó Herman Kamil esas metas están asociadas a la mitigación de gases de efecto invernadero. Estos ya fueron detallados en sus compromisos internacionales asumidos bajo el Acuerdo de París.

Se tratan de indicadores cuantitativos basados en la Contribución Nacionalmente Determinada. Es preciso recordar que entre los Objetivos de Mitigación a 2025 que presentó Uruguay en 2017, se encuentra una reducción de intensidad (emisiones de GEI por unidad de PBI) con respecto a 1990 del 29% (meta condicionada a medios de implementación adicionales específicos) en el sector de energía, incluido el transporte y los procesos industriales.

Al respecto, el referente del Ministerio de Economía y Finanzas subrayó: “es un compromiso irreversible del gobierno para dar respuesta a un desafío urgente que es el cambio climático”.

Durante su ponencia, el director de la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) explicó que la emisión de este bono sostenible será un proyecto multidisciplinario e interministerial con una participación activa de: el Ministerio de Ambiente (MA), el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la República del Uruguay, con asesoramiento técnico del BID y el apoyo del PNUD.

¿Porqué Uruguay busca incorporar el financiamiento sostenible? Herman Kamil respondió:

“Primero, por la importancia que los inversores internacionales le están dando a los factores verdes y a la protección del medio ambiente en sus decisiones de inversión. Segundo, por el excelente posicionamiento estratégico que tiene el país en materia medioambiental”

«Y la tercera razón por la que consideramos que esto es bien importante (..) es que el Gobierno tiene como mandato y ha incorporado explícitamente en el presupuesto que la recuperación económica de la crisis del Covid-19 tenga que ser sostenible e inclusiva. Esto quiere decir que la política de ingresos y gastos tiene que contemplar los objetivos nacionales de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático”.

En línea con esto, el referente de gobierno indicó que en el sector energético su estrategia incluirá la meta aspiracional de neutralidad de CO2 hacia el 2050 y el diseño de una estrategia de mediano plazo para la promoción de energías del hidrógeno verde y profundización de la movilidad eléctrica. Y adicionalmente, reveló que en la rendición de cuentas que está bajo estudio del Parlamento se propone un impuesto a las emisiones de CO2 de los combustibles.

Herman Kamil, director de la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) en el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay

Concluyendo, destacó que “de concretarse la emisión de un bono de este tipo, podría traer beneficios en distintas áreas” y repasó:

Podrían mejorarse las condiciones de financiamiento soberano porque amplía la base de inversionistas del gobierno y mejora los términos de financiamiento, porque atrae a fondos comprometidos con el desarrollo sostenible.

También habrá beneficios reputacionales y de atracción de otras alternativas de financiamiento, en el sentido que contribuye a iniciativas estratégicas más amplias con efectos reputacionales para el país como las negociaciones de acuerdos comerciales multilaterales o avances en los ODS. Pero también aumenta la visibilidad para acceder a otros instrumentos de financiamiento climático internacional

Un tercer aspecto beneficioso es potenciar la coordinación entre distintas entidades gubernamentales. Incentiva a un mayor intercambio y espacios de articulación interinstitucional, potenciando la integración del cambio climático a las políticas públicas.

Y eventualmente, también puede tener un efecto demostrativo sobre el sector privado, tanto corporativo como en el ecosistema financiero. Que, en última instancia, se trata de convertir ideas sostenibles en proyectos financiables y escalables.