¿Hay seguridad jurídica sobre la continuidad de los proyectos de RenovAr adjudicados?

Los resultados de las PASO generaron incertidumbre en casi todos los sectores de la economía. De todos los sectores, sin embargo, el sector de las energías renovables parecería ser uno de los mejor parados para enfrentar cualquier cambio.

Esto así porque la Ley 27.191 de Energías Renovables surge de un proyecto de ley de Marcelo Guinle, Senador del Frente para la Victoria, quien junto a Sebastian Kind, buscaron en la redacción de la nueva ley corregir los problemas de la anterior Ley 26.190. Los últimos borradores del proyecto fueron revisados, presuntamente, por el mismísimo Axel Kicillof, entonces Ministro de Economía.

La ley se sancionó en el Congreso el 23 de septiembre de 2015, casi por unanimidad, en una sesión con importante quórum antes de las elecciones presidenciales de ese año.

Ya la reglamentación (mediante el Decreto 531/2016) y las distintas rondas del Programa RenovAR tuvieron lugar durante la gestión de Mauricio Macri, quien designó al propio Kind, a cargo del área de Energías Renovables y logró estructurar un paquete de garantías incluyendo principalmente una garantía del Banco Mundial a la obligación que tiene el Estado Nacional de integrar aportes para cubrir la inversión del proyecto que opte por ejercer la opción de venta. El paquete de garantías fue considerado clave para dar impulso a un sector que no había logrado despegar.

Desde el punto de vista político, entonces, y considerando el consenso que siempre hubo alrededor del marco normativo, no parecerían haber motivos para pensar en un cambio ni para dejar de dar continuidad a los programas RenovAR y mucho menos para afectar la seguridad jurídica de los contratos ya firmados.

De acuerdo con la International Renewable Energy Agency- IRENA, en 2017, las energías renovables alcanzaron una participación record del 61% respecto de la capacidad instalada a nivel global y comportaron inversiones por USD 333 mil millones.

En Argentina, las licitaciones en el marco del programa RenovAR generaron inversiones extranjeras directas y empleo. De acuerdo con un estudio publicado por la Subsecretaría de Energías Renovables, la estimación proyectada para los 157 proyectos del Programa RenovAr es la creación de 14.954 empleos.

Además, hoy como consecuencia del Programa RenovAR, la generación de energía eléctrica renovable es competitiva. De acuerdo a lo informado por Kind, en julio de 2019, en una comparativa de costos entre las tecnologías renovables no convencionales y gas natural en ciclos combinados eficientes para generación eléctrica, la eólica se ubicaría como la tecnología de generación más competitiva con un precio promedio de USD 45,4/ MWh mientras que la energía solar fotovoltaica cuenta con un precio promedio de USD 50,1/ MWh comparado con la generación térmica a USD 61,8 MWh.

Desde el punto de vista económico, entonces, tampoco vemos que existan motivos para afectar la seguridad jurídica del sector.

Desde mi punto de vista, las energías renovables se instalaron y están acá para quedarse, tal como sucede en el resto del mundo.

¿Se podría repetir la situación de la Resolución 202 que llamó a renegociar contratos de la Resolución 108?

La Resolución ex MEyM 202/2016 buscó renegociar algunos contratos de las Resoluciones ex SE 712/2009 y 108/2011 que tenían distinto grado de avance siendo que en muchos casos (generalmente por temas de financiamiento) se había producido una causal de rescisión automática por incumplimientos de los plazos para el inicio de obra o de habilitación comercial.

El programa RenovAR había avanzado justamente sobre estas dificultades y mediante el paquete de garantías y otros aspectos logró solucionar gran parte de los problemas enfrentados por el GENREN, con los resultados que ya conocemos. En ese sentido, a mi entender, la Resolución ex MEyM 202/2016 permitió aprovechar algunas obras y re-encuadrarlas, obviamente con algunos ajustes, incluyendo el ajuste de precio, pero sin afectar a las centrales que estaban habilitadas.

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¿Se podrían modificar los precios ya contratados?

Es prematuro pensar que un eventual cambio de gobierno podría resultar en una modificación de los precios de los contratos firmados.

Lo cierto es que el costo de generar energía de la mayoría de los proyectos de energía de fuente renovable sigue siendo bastante inferior al costo de generar energía con diésel. Las energías renovables son fuentes atractivas y baratas de generación de energía eléctrica y es evidente que para que el sector continúe creciendo deben mantenerse las políticas y sobretodo respetarse los precios contratados.

Evidentemente, no podemos dejar de mencionar que Alberto Fernández ha declarado en el marco de la campaña electoral que “no es razonable una economía donde solo las tarifas estén dolarizadas y el resto de la economía no”. En todo caso, habrá que ver si los resultados de las PASO se confirman y, en ese caso, si esta declaración se traslada efectivamente a los contratos de renovables y a cuáles. Lo cierto es que la propia Ley 27.191 establecía precios máximos para los contratos a ser celebrados por los grandes usuarios en dólares (que el propio Kicillof ajustó, pasando de USD 127 MWh a USD113 MWh). El sector desde sus inicios se concibió con precios en USD por lo que hoy es prematuro pensar que esto va a cambiar.

En Brasil, donde trabajé varios años con proyectos de energías renovables, los precios de los contratos adjudicados mediante las licitaciones en el mercado regulado están fijados en Reales pero tanto los contratos de financiamientos de largo plazo como los contratos para la compra de las maquinarias se negocian en Reales, lo que aquí no ocurre.

¿Qué herramientas legales tienen los proyectos adjudicados para defender sus contratos?

Los Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable-CAEER son celebrados en base a una Resolución del Ministerio/ Secretaría de Energía que se emite en base a una ley (en concreto, en base a las Leyes 26.190 y 27.191 y el Decreto 531/2016) y que instruye a CAMMESA a realizar una licitación a efectos de aumentar la participación de las fuentes renovables de energía en la matriz energética del país. A los oferentes cuyos proyectos resultan ganadores se les adjudica un contrato también mediante una resolución.

Los derechos otorgados pasan a integrar la propiedad de los adjudicatarios por lo que cualquier afectación a los contratos resultaría inconstitucional, ya que violaría el derecho de la propiedad que se encuentra consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional (“la propiedad es inviolable”) y que comprende (tal como lo ha reconocido la Corte Suprema) “todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad’’. En definitiva se considera que “todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado sea que nazca de actos administrativos (…), integra el concepto constitucional de ‘propiedad”’’ (Confr. Fallos 145:325, ‘‘Bourdieu c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires’’).

Todo ello sin perjuicio de las herramientas que otorga el propio contrato tal como la opción de venta del proyecto ante ciertos supuestos –que incluyen falta de pago, casos de inconvertibilidad del dólar estadounidense o de intransferibilidad de divisas al exterior, entre otras causales. Asimismo, los contratos prevén la posibilidad de acudir al arbitraje internacional para solucionar controversias.

¿Cómo evalúa el contexto para el lanzamiento de una nueva Licitación Ronda 4?

En varias conferencias a lo largo del primer semestre, Kind anunció la Ronda 4 para “este año”. Tras los resultados de las PASO y la inestabilidad del mercado, todo parece indicar que va a quedar postergada la Ronda 4, al menos hasta que exista más certidumbre sobre el gobierno de turno y sus políticas económicas. Sin embargo, no tengo dudas de que esta nueva Ronda 4 va a existir y que seguramente va a ser un éxito. El gran desafío, como sabemos, para el éxito de la Ronda 4 es dar una solución a las restricciones que existen en materia de transmisión.