Continúa el malestar por la eliminación de beneficios para el desarrollo de las energías renovables en Brasil. La Ley N ° 14.210/2021 del 1 de marzo de 2021 establece que en 12 meses los proyectos ya no podrán solicitar subenciones  y que aquellos que lleguen a requerirlas a tiempo deberán iniciar operaciones comerciales antes del 2 de marzo de 2025.

Aquella decisión ha producido dos principales efectos, de acuerdo con Flavio Schuler, Country Manager Brazil de PowerTree: que se acelere la ejecución de proyectos concretos que transitan etapas tempranas y que se frenen los nuevos eventuales desarrollos renovables hasta que se recuperen los incentivos o hasta acomodar el modelo de negocios para los nuevos emprendimientos.

El impacto no es menor para los proyectos de energías renovables. La quita de incentivos incluye un porcentaje de reducción impositivo significativo que repercutiría en los costos finales. 

“Los proyectos renovables que no se autoricen hasta el 2 de marzo de 2022 perderían el 50% de descuento en la tarifa de transmisión eléctrica”, ejemplificó Flavio Schuler.

El valor depende de cada proyecto y su punto de interconexión, pero en líneas generales el referente consultado indicó que este podrá representar un aumento en el orden de los 30 reales por MWh a más (unos 5 dólares) a los proyectos. 

La medida no sorprendió al empresariado brasileño ya que desde el año pasado las autoridades de Gobierno vienen alertando que tomarán esta decisión, pero el desconcierto continúa porque desde el sector privado consideran que no era momento para tomar esta medida.

“El país está en una crisis sanitaria y financiera, no sólo energética. No es momento de eliminar incentivos a las energías renovables. Menos hace sentido el cambio de la ley durante una pandemia”, cuestionó el referente de PowerTree.

Flavio Schuler, Country Manager Brazil de PowerTree

Aunque los proyectos de PowerTree que transitan etapas tempranas de realización llegaron a obtener el beneficio para energías renovables, esta no sería la situación de sus inversiones futuras ni la de otras empresas en el país, por lo que más actores de las renovables podrían verse afectados.  

“Empezó una carrera loca para hacer proyectos lo más rápido posible y llegar a obtener el descuento del 50% en la tarifa de transmisión. No hablo de decenas, hablo de cientos de pedidos”, advirtió el referente empresario consultado.

Hasta la fecha, habrían unos 500 pedidos “parados” -según indicó Schuler- que aún no reciben respuesta de las autoridades. 

Las “reglas del juego” cambiaron sobre la marcha y algunos proyectos encontrarían barreras para poder ser ejecutados en el corto plazo bajo el nuevo escenario sin porcentajes de reducción. 

Por eso, Schuler propuso que de considerarse un plazo de 24 meses en vez de 12, se podría preparar más al sector energético privado para adecuar los desarrollos renovables a la nueva normalidad que adoptaría el país.