El Ministerio de Energía y Minería ya confirmó que en junio lanzará subastas para proyectos de generación de energías limpias, obligando a las empresas a competir en el mercado teniendo que bajar al máximo los precios de la energía.

Atrás quedaron los contratos de 240 dólares el MWh para solar, 180 para Biomasa y algo menos para la energía eólica. Ni Juan José Aranguren, el titular de esta cartera, ni Sebastián Kind, subsecretario en la materia, están de acuerdo con estos números.

En realidad, por el momento no se conocen las cifras de esta iniciativa – valor del MWh ni potencia a licitar -, pero en base a las ideas que exponen en las reuniones los funcionarios del área, se estima que sería similar al GENREN. En tanto, a partir del próximo semestre se establecería un mecanismo para aprovechar el potencial de cada zona del país, con condiciones más flexibles en las de menor factor de capacidad.

Respecto de la Resolución 108, que hasta ahora funcionaba como herramienta legal para avanzar con las iniciativas de inversión, está confirmada su suspensión y futura derogación. De hecho, desde el 10 de diciembre, fecha en que asumieron las nuevas autoridades, no se firmó ningún contrato del tipo PPA.

En definitiva, se terminaron las negociaciones con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (CAMMESA). Sin dudas, la idea del Gobierno es avanzar con licitaciones.

José Carlos Cueva, abogado y titular del estudio especializado BECCAR VARELA, analizó este tema en una entrevista para energiaestratégica.com

¿Cómo evalúa la implementación de licitaciones para avanzar en proyectos de energía renovable?

En abstracto, el mecanismo de licitaciones es un mecanismo aceptado, que puede motivar la generación de nuevos proyectos. Ahora bien todo dependerá de cómo se organice el proceso de licitación y en especial, las reglas de juego definidas en los pliegos de bases y condiciones. El punto central pasará por determinar cuál será el objeto central de la licitación, o dicho de otra forma, qué bien bajo disponibilidad o administración del Estado, será licitado: por ejemplo, contratos de construcción y operación con Cammesa u otro organismo del Estado; o fondos disponibles del fondo fiduciario FODER creado recientemente por ley 27.191 para ser destinados a capital, garantías de pago o financiamiento; o cuotas presupuestarias destinadas a ser aplicadas automáticamente a los beneficios impositivos vigentes a favor de los adjudicatarios; o un mix de esos elementos, etc.

A priori… ¿cuáles son los pro y contras de este mecanismo?

Como elemento a favor se evidencia la decisión del Estado de motivar la realización de nuevos proyectos, de manera transparente, con reglas de juego iguales para todos los participantes, con exposición pública del proceso y con los beneficios de un proceso competitivo que tienda a mejorar las condiciones de oferta, ya sea en precio, plazos de construcción, etc. Se evita de esta forma el elemento negativo de la discrecionalidad del Estado para aprobar contratos, beneficios impositivos, precios, etc. Los puntos en contra surgirán especialmente de los defectos o ambigüedades que puedan tener los pliegos de bases y condiciones y que justamente, atenten contra la claridad de las reglas de juego, permitan discrecionalidades, confusiones y finalmente, generen conflictos legales con los participantes o adjudicatarios o peor aún, que las licitaciones queden desiertas.

¿Cómo deberían instrumentarse teniendo en cuenta la realidad del mercado en Argentina?

Creo que el punto principal es no olvidarse de la experiencia inmediata reciente: la falta de financiamiento a tasas competitivas como obstáculo al desarrollo de esa industria, que incluso llegó a impedir la continuidad de contratos GENREN ya firmados. Al menos durante estos primeros años –y en línea con los nuevos objetivos de la ley 27.191- entiendo que una medida saludable a través de las licitaciones, es poder ofrecerse algún mecanismo que favorezca la financiación de proyectos (uso de fondos del FODER, créditos soberanos con instituciones financieras internacionales o locales, etc.

Luego de la suspensión de la Resolución 108 ¿Cómo pueden las empresas avanzar en nuevos proyectos de renovables?

En primer lugar, desde el punto de vista estrictamente legal no puedo afirmar que la resolución esté “suspendida”, ya que la misma no ha sido formalmente suspendida, modificada o derogada, aunque de hecho sabemos que los proyectos en trámite bajo este instituto no avanzan. Entiendo que las nuevas autoridades están reevaluando la contratación bajo esta resolución, en conjunto con la reglamentación de la ley 27.191, que entiendo está próxima a aprobarse. Por ello, es saludable esperar el dictado de tal reglamentación como también de otra normativa complementaria –el proceso licitatorio es un ejemplo de ello- para avanzar concretamente en nuevos proyectos. Claramente las autoridades deberán definir una posición al respecto; personalmente entiendo que un marco diversificado de institutos regulatorios y no excluyente uno de otro –mercado de contratos directos, licitaciones, cuotas- generará distintas vías para canalizar distintos proyectos.