El año pasado, en dos subastas estatales, el Gobierno actual de Iván Duque adjudicó alrededor de 2.500 MW en proyectos eólicos y solares fotovoltaicos.

Tras la propagación del COVID-19 a nivel mundial, los mercados se cerraron, las monedas se devaluaron respecto al dólar -en Colombia fue de un 20%- y el aislamiento social paralizó obras.

¿Cómo impacta esta situación en las centrales de energías renovables adjudicadas en Colombia? En una entrevista para Energía Estratégica, la economista y abogada, Rutty Ortiz Jara, quien fue Viceministra de Energía y Superintendenta de Servicios Públicos de la gestión de Juan Manuel Santos, analiza la situación.

Teniendo en cuenta su paso por la función pública, ¿qué análisis hace del proceso de la subasta a largo plazo de energías renovables?

¡La subasta fue un éxito rotundo!

Colombia hizo una apuesta arriesgada, ya que a diferencia de otros países que se han lanzado a subastas exclusivas, nuestra matriz es reconocida como una de las más limpias del mundo.

La motivación para Colombia era diferente, pese a tener una contribución pequeña en términos de emisiones de gases efecto invernadero por generación energética, somos un país altamente vulnerable a los fenómenos climáticos que son cada vez más intensos y frecuentes.

Por ello, nuestra generación que es principalmente hídrica debe complementarse con otros energéticos de baja emisión que aprovechen nuestras riquezas naturales.

La cantidad de energía asignada y el precio de asignación superaron las expectativas de agentes y usuarios: con los 10.186 MWh/día adjudicada, sumandos a los proyectos en construcción el país, superará la meta propuesta de 1.500 MW en 2022.

A su vez el precio promedio ponderado de COP$95.65 kWh significa una reducción de más del 30% de los niveles acostumbrados. Este precio ratifica la competitividad de las renovables con contratos de largo plazo.

Ahora bien, el resultado respondió a un proceso largo, que se comenzó a estructurar desde el Gobierno anterior con el decreto 570 de 2018, en el marco de una conversación compleja entre agentes establecidos en el sector y el Estado.

En un sector que ha construido estabilidad y confiabilidad desde mediados de los 90 y que se ha caracterizado por la neutralidad tecnológica era natural que la discusión fuera álgida, pero con resultados positivos.

En ese marco, fue necesaria una milimétrica articulación de políticas, normas y regulación que implicó el trabajo del Ministerio, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la Unidad de Planificación Minero Energética, además del apoyo de la banca multilateral.

Tratándose de un mecanismo novedoso se requirieron muchos ajustes y aprendizajes. Incluso la experiencia de la primera subasta que no salió adjudicada, dejó importantes lecciones que llevaron a ajustar el mecanismo y lograr el éxito innegable de la subasta de octubre. Esta subasta es, sin duda, un hito en la historia energética nacional.

¿Considera que el Gobierno debiera lanzar una nueva subasta de energías renovables para este año?

La subasta, como lo he dicho, fue un tremendo éxito y aún están en desarrollo los proyectos. Estos tiempos son de mesura y planificación, la afectación que el Covid-19 ha hecho a la economía mundial (y seguirá haciendo mientras se controla), cambiará las prioridades de política y de esfuerzos.

Por otro lado, la CREG abrió las opciones al permitir que el mismo sector cree mecanismos de contratación particulares que promuevan la agilidad de los mecanismos de subasta de origen particular. Hoy dentro de ese modelo, el regulador está revisando los mecanismos propuestos por dos interesados: Derivex y la Bolsa Mercantil.

Tendremos que hacer seguimiento a su evolución para definir los pasos a seguir, pero el mercado ya cuenta con instrumentos que promueven la contratación de largo plazo de las renovables y la subasta estatal probó su competitividad, por lo que no veo necesaria una subasta de origen estatal este año.

¿Cree que esta situación de devaluación, siendo que los contratos son en pesos, afectaría la posibilidad de conseguir financiamiento por parte de los adjudicatarios?

Por el momento el Gobierno amplió dos meses el plazo para para que compradores y comercializadores asignados en el mecanismo complementario de la subasta presenten sus garantías de pago. Creo que en la crisis no se pueden hacer cábalas sin las cifras y el monitoreo detallado de todos los factores que afectan este mercado.

Sin embargo, es evidente que la pandemia tiene graves consecuencias sobre la economía y lo que es de esperarse es que, tras las medidas para controlar y atender el contagio, vendrán acciones de reactivación económica y por supuesto, el sector minero energético debe ser uno de los privilegiados por esas medidas por sus implicaciones en el empleo y en la economía nacional.

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