René O. Galiano, coordinador de Nuevas fuentes y URE, que trabaja en la Gerencia de Infraestructura de la Empresa Provincial de la Energía y es asesor de la Secretaría de Estado de la Energía Provincia de Santa Fe, analizó en contacto para energiaestratégica.com las falencias que la normativa presenta para el desarrollo de las energías alternativas en nuestro país.

¿En qué aspectos considera que hace falta una legislación nacional para estimular energías renovables?

Esta pregunta tiene respuestas que generalmente son coincidentes: la legislación nacional favorece escasamente a las energías renovables. Esto, sin dudas, es porque no hay firmeza política en el desarrollo de esta vía, que podría diversificar grandemente nuestra angustiante matriz energética, tan dependiente de los combustibles fósiles.

¿Cuál es la legislación vigente que apoya equitativamente el desarrollo de las fuentes renovables frente a las tradicionales, sabiendo que estas últimas son cada vez más escasas, caras y contaminantes? No la hay, por que no se imponen leyes por metas y objetivos cumplidos, como ocurre en otros países que han avanzado en este sentido. Debe haber seguridad jurídica real para los emprendimientos que necesitan del apoyo financiero externo, so pena de encontrarnos con grandes fracasos como el GENREN, cuando se cambian las reglas de juego en el aspecto económico-financiero.

El Global Status Report, conocido como REN 21, estimó que la participación global de la fuentes renovables en el consumo mundial en 2012 fue del orden del 19% entre renovables modernas y biomasa tradicional, siendo el 10% el de las R. modernas. Estamos muy lejos como país de esos valores. Claro indicador que nos están faltando políticas y leyes para seguir esa tendencia mundial. Sin embargo escuchamos «que estamos dispuestos a hacer grandes proyectos hidráulicos (reñidos con la sustentabilidad ambiental), y/o centrales atómicas, que nuestra historia indica cuan caros son, y las interminables deudas que algunos han generado.

Es claro que no es fácil planificar y legislar sobre energía, pero si realmente somos conscientes de la importancia estratégica que la planificación energética tiene para un país, deberíamos ya tener otros resultados. Agua, Alimentos, Cambio Climático y Energía son cuatro realidades que, literalmente hablando, «se nos vienen encima».

¿Es lógico que las provincias avancen en normativas independientes? ¿Puede ser un problema a futuro?

No suena lógico un avance con normativas independientes, pero es un modo que intenta «conmover» a la política nacional. Es evidente que las provincias tienen interés en «generar su propia energía» para contribuir al desarrollo de sus territorios. En esto es claro que en muchas partes del mundo nació (caso Alemania), con incipientes desarrollos de las fuentes renovables en manos de cooperativas o pequeñas organizaciones no gubernamentales. Pero el gobierno central estudió la situación y tomó la posta; y hoy podemos palpar el desarrollo increíble de las fuentes renovables en ese país, movilizando industrias y puestos de trabajos especializados en infinidad de categorías, con alto impacto en la economía del país. Y a ese paradigma, las provincias lo conocen y anhelan.

Ante esto, uno se pregunta ¿Por qué las provincias no utilizan las herramientas que por ley tienen ante la Nación? Como lo es el Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE). Es allí donde deberían plantear lo que entienden como política de desarrollo estratégico coadyuvante de la política nacional, que tiene la potestad sobre las grandes líneas de transmisión. Hoy el país podría estar impulsando la generación distribuida, hay infinidad de puntos donde se podría inyectar energía con centrales eólicas, fotovoltaicas, biogás, mini hidráulicas, biomasa de residuos urbanos y boscosos, geotermia, hasta solar térmica en el extremo noroeste del país.

En una reciente recorrida que hice por la provincia de Chubut, comprobé ( y no es nada nuevo), el inmenso potencial de sus vientos constantes, el magnífico aporte del parque eólico Rawson, una de las mejores performance a nivel mundial, y kilómetros de líneas en alta tensión conectadas al SADI que podrían tener más puntos de inyección,  en lugar de ver algún sitio en el que un par de grupos diesel móviles generan las 24 hs.

Obviamente, que las provincias si «se cortan solas», podrían crear  un problema a futuro, pero eso es poco probable estando el sistema de Distribución en extra alta tensión y la venta de energía (a precios super subsidiados), en manos del Estado Nacional.

¿Es por falta de un marco jurídico nacional que las provincias avanzan de manera independiente?

Es como ya lo comentara: el marco jurídico nacional ¿Qué condiciones de contorno impone o cubre, según sea el caso? Las provincias intentan utilizar herramientas como la Resolución 108 de la Secretaría de Energía, pero esta debería  establecer fehacientemente los precios a pagar por cada tipo de energía renovable que el inversor pretenda desarrollar, en vez de tener que discutir caso por caso, generando tiempos de gestión excesivamente largos. El resultado es que en este contexto las provincias avanzan en forma incipiente, por ahora, tratando de fomentar el uso de energías renovables en sus territorios, mientras penan por la falta de potencia en los finales de sus líneas de distribución. La carencia de un marco jurídico adecuado, es un grave error de estado que impone una notable barrera  en el desarrollo de los objetivos. Sin un marco adecuado,  como lo dijo una máxima figura mundial, seguiremos siendo «el país de las oportunidades perdidas»