El estudio del CEARE es de excelencia. Es muy completo y cuenta con recomendaciones muy apropiadas y analizadas de manera interdisciplinaria. No tiene opiniones técnicas, jurídicas y económicas disgregadas, sino que las propuestas y recomendaciones incorporan de manera integrada todos estos aspectos, comprendiendo que en la diversidad y en la interdisciplina se encuentran las mejores respuestas”, describe en diálogo con energiaestrategica.com, Mariela Beljansky, experta en bioenergías y una de las encargadas de evaluar técnicamente el trabajo del CEARE.

El documento encargado por FAO en el marco del proyecto PROBIOMASA cuenta con 6 módulos y se desarrolló entre octubre de 2014 y octubre del 2015. Allí se identifican mecanismos normativos existentes a nivel nacional y provincial para la incorporación de biomasa como fuente de generación de energía renovable; se analizan las normas que regulan el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en cuanto a su vinculación con la generación de energía eléctrica a partir de biomasa; y se considera la normativa ambiental aplicable a la actividad, entre otras cuestiones.

Según Beljansky, una de las pautas que tuvieron en cuenta los expertos del CEARE fue identificar barreras y vacíos normativos y hacer propuestas que agilicen, faciliten y den transparencia al marco normativo aplicable a los aprovechamientos  de biomasa como fuente energética, ya que la mayoría de los actores que cuentan con el recurso (como productores agropecuarios o foresto-industriales) no están vinculados al área energética.

Se busca facilitarles las condiciones y darles más claridad sobre los requisitos y procedimientos a llevar a cabo para desarrollar sus proyectos de bioenergía dándole valor a un residuo o produciendo combustible biomásico a partir de plantaciones dedicadas”, señala al respecto.

Otro de los aspectos que resalta la especialista es el propósito de incentivar a las distribuidoras a adoptar la energía proveniente de la biomasa dentro de sus redes.

Explica: “Hoy ninguna distribuidora de energía eléctrica tiene dentro de su contrato de concesión obligación o incentivo alguno de promover  la incorporación de energía renovable en su área; al contrario, lo que visualizan es que la autoproducción de energía  afecta su rentabilidad porque deben realizar inversiones para administrarla dentro de sus redes y, además, los autoproductores  no sólo dejan de comprar energía sino que la generan y venden”.

Beljansky aclara que para incentivar el desarrollo de este tipo de energía renovable hace falta inversión, confianza y atender a las normativas, requerimiento y habilitaciones que el CEARE propone. Es clave para la inserción de bioenergía en la matriz eléctrica cómo resulte la reglamentación de la ley de promoción de energías renovables.

Asimismo, como complemento la FAO está realizando un manual de procedimientos administrativos, pronto a lanzarse, que precisa sobre requerimientos, pasos y gestiones necesarias para lograr tener un generador de bioenergía habilitado.

Si bien el estudio del CEARE está finalizado aún no se hizo público porque se está trabajando en un método de difusión más didáctico que permita una lectura más sencilla.

Informe, consideraciones y puntos de observación

Los expertos del CEARE trabajaron sobre las barreras y los vacíos normativos identificados, con énfasis en la incidencia de los incentivos económicos existentes para los combustibles fósiles, las ventajas comparativas que se derivan de ser cliente del MEM, el rol de las distribuidoras de energía eléctrica en las provincias, la falta de normativa específica sobre aspectos ambientales y de seguridad de las instalaciones.

Se analizaron también las regulaciones sobre energías renovables vigentes en otros países (Alemania, Brasil, Chile, China, España, Uruguay) a fin de obtener conclusiones acerca de su eficacia en el desarrollo de la biomasa como fuente energética.

Como un avance de los contenidos a discutir en el Taller desarrollado a fines del mes pasado, puede señalarse que los planes de aprovechamiento de la biomasa con fines térmicos (creados y administrados por las provincias conforme a sus competencias constitucionales) deberían ser respaldados por un programa nacional de desarrollo de la industria de pellets, calderas y estufas de pellets, con capacidad de reemplazar a instalaciones de GLP.

En cuanto a la generación de energía eléctrica con biomasa, la principal barrera identificada se relaciona con la distorsión que sufren los precios de los combustibles fósiles en el mercado mayorista de la energía. Superada esta dificultad, existen distintas herramientas utilizadas internacionalmente que podrían implementarse a nivel nacional y provincial.

Cabe esperar que por vía reglamentaria se introduzcan mecanismos específicos para la promoción de los desarrollos con biomasa, tales como la realización de subastas para la licitación de contratos de compra de energía a partir de esta fuente.

En cuanto a la normativa eléctrica, además de la simplificación de los requisitos para la incorporación al MEM de los productores de electricidad en base a biomasa, se propone la debida publicación (y eventualmente el subsidio) de las tarifas de peaje para pequeños productores, conforme a una clasificación por tamaño y por potencia.

Para promover la producción de biogás, se considera prioritaria la elaboración de guías ambientales y la determinación de los estándares técnicos para su utilización en artefactos y para su introducción en las redes de gas natural.

Finalmente, ante la ausencia de una normativa ambiental específica para proyectos con biomasa y biogás, se considera conveniente la elaboración por parte de la Secretaría de Energía de unas Guías técnico-regulatorias para la instalación de proyectos con biomasa y biogás, hasta tanto estén dadas las condiciones para sancionar una ley de presupuestos mínimos ambientales específica para esta materia.