“Esta modificación es una paso en la dirección correcta, sin perjuicio de que queden aún temas pendientes por resolver. Es muy positivo que se hayan incrementado los incentivos fiscales, para promover el desarrollo de este sector. La reglamentación de la ley debe permitir que estos beneficios se hagan efectivos simplificando su instrumentación. Recordemos que en la primera etapa de la ley 26.190 que rigió desde 2009, han sido muy pocas las compañías que han podido gozar de los beneficios fiscales previstos por la norma”, explica Omar Díaz, Socio Responsable de Energías Renovables de KPMG Argentina.

A casi una década de la sanción de la ley original la participación de las energías renovables en la generación de energía eléctrica es menor al 2 por ciento, lejos del objetivo planteado por esa norma que tenía como meta alcanzar para fines del 2016 el 8 por ciento.  “Es por eso que, de acuerdo a la última encuesta que hizo KPMG con los principales referentes de la industria, el 89 por ciento de los consultados afirmó que era necesaria una reforma de la ley para reactivar la industria”, agrega Díaz.

La Argentina cuenta con  recursos naturales de excepción para el desarrollo de las energías renovables. Figura entre los 10 países con mejor potencial para el desarrollo de esta clase de energías las que, a su vez, contribuyen al cuidado del medio ambiente. Las modificaciones centrales introducidas por la reforma aprobada en el Congreso de la Nación son:

• Se fija la meta del 8 por ciento para el año 2017.  En la segunda etapa de la aplicación de las energías renovables se establece un objetivo de participación del 20 por ciento para fines del año 2025.
• Se introducen importantes modificaciones en materia tributaria incrementando los incentivos fiscales para la actividad: amortización acelerada en el impuesto a las ganancias;  extensión del plazo para el cómputo de quebrantos a 10 años;  devolución anticipada del IVA;  exención en el Impuesto a las Ganancia Mínima Presunta, hasta el octavo año posterior a la puesta en marcha; certificado de Crédito Fiscal por valor del 20 por ciento del componente nacional del proyecto –excluida la obra civil-  siempre que se integre un mínimo del 30 por ciento, exención del impuesto sobre los dividendos (10 por ciento) en el caso de reinversión, y exención de los derechos de importación para bienes de capital y equipos hasta 2017.
• Se crea el FODER (Fondo Fiduciario) para la promoción del financiamiento de los proyectos. El fiduciante del FODER será el Ministerio de Economía, el Fiduciario el BICE y los beneficiarios serán titulares de los proyectos.
• Establece una obligación con penalidad en cabeza de los grandes usuarios de energía eléctrica – consumo igual o superior a 300 kW- para el cumplimiento en forma individual de las metas de consumo establecidas por la ley.  Se puso un límite de 113 U$S/MWh promedio al precio de los contratos que suscriban los Grandes Usuarios, inferior a la penalidad que es de 200 U$S/MWh.

“No obstante lo positivo de estos cambios, queda aún pendiente incentivar la diversificación de la matriz energética utilizando todas las fuentes de energía renovables como, por ejemplo, la solar y biomasa”, concluye Díaz.

De acuerdo con resultados obtenidos en la encuesta de KPMG, el sector con mayor potencial entre las energías renovables es el eólico  con el 41 por ciento de las respuestas, seguido por el de biocombustibles e hidráulico con el 18 por ciento. Respecto al desarrollo de la energía eólica, el 89 por ciento consideró que es conveniente la instalación de nuevos parques en otras zonas del país más allá de la patagónica, señalaron los directivos de las principales empresas del sector. Es de esperar que la pronta reglamentación de la ley permita lograr una mayor participación de estas fuentes en la matriz energética de la Argentina.