«Estoy contento porque es un gran paso el haber superado tres Comisiones: la que trata energía; la de medio ambiente, y la de legislación general. A nivel país se está planteando una política muy fuerte en cuanto al uso y aprovechamiento de energías limpias, por lo que considero que Santa Cruz no debe atrasarse más, quedando al margen de programas e inversiones”, manifestó el diputado provincial Santiago Gómez.

El legislador comentó que «el espíritu de esta normativa es fomentar la diversificación de la matriz energética a nivel país. Hoy está basada en un 90 por ciento en combustibles fósiles, que son generadores de los gases del efecto invernadero, sumamente nocivos para el medio ambiente”.

Agregó que es importante adherir desde Santa Cruz «para ser beneficiaria directa de políticas nacionales, porque posee muchas posibilidades de desarrollo a partir del aprovechamiento de energías renovables; e incentiva a inversiones de grandes empresas que trabajan con la energía solar o mareomotriz, por ejemplo”.

«Además– resaltó- que la Ley tiene un gran carga de sustentabilidad y conciencia ambiental, al garantizar la calidad de vida de las nuevas generaciones, preservando con la mayor antelación los recursos propensos a extinguirse”.

Nuevo proyecto: Régimen de responsabilidad fiscal

Por otra parte, Gómez adelantó que mañana tomará estado parlamentario su propuesta de establecer un Régimen de responsabilidad fiscal para la provincia de Santa Cruz. «El principio rector de la presente normativa es que el dinero público es sagrado”.

«Es una iniciativa muy seria que traerá transparencia y nos permitirá tomar decisiones de gran importancia. Contar con los balances, ingresos y egresos de áreas municipales y provinciales, además de informes sobre inversiones y necesidades, nos posibilitará actuar con mayor respaldo, y saber a dónde dirigimos recursos”, sostuvo.

Y ejemplificó: «un sistema de ordenamiento administrativo de estas características nos ayudaría a entender el déficit que, según sostienen, sufren la mayoría de los sectores, y del cual no contamos con datos específicos sobre cantidades ni cómo se originó. Saberlo, será también la herramienta de respaldo para que se actúe en caso de no poder justificarse en qué se gastaron partidas”.

Para finalizar especificó que el proyecto plantea normativas para elaborar presupuestos; sanciones por incumplimientos; la creación de un fondo anticíclico; y la implementación de una plataforma web, que se debe actualizar diariamente con toda la información, entre otras pautas.

«Es una solución viable para el vacío legal que tenemos. La información sobre el dinero público debe ser publicada y puesta a consideración de todos para el control y la toma de decisiones”, concluyó.

Fuente: El Diario Nuevo Día.