El sector hidroeléctrico señala una falta de planificación del Estado que incluya un gran porcentaje de participación a esta fuente de generación a través de aprovechamientos multipropósitos pensados en el país.

En el marco de una jornada de “Aprovechamientos Multipropósito y Generación Hidroeléctrica” llevada a cabo el día de ayer. Miembros del Consejo Directivo del Comité Argentino de Presas (CAP) compartieron con Energía Estratégica los principales puntos que urgen tratamiento.

“Se planteó la necesidad y la conveniencia de analizar cuáles serían las políticas de estado que nuestro país debiera tener a los efectos de seguir construyendo obras multipropósito que tantos beneficios pueden da a comunidades aledañas y a todo un país”, introdujo el Presidente del CAP, Ing. Fabián Restelli.

Para ello, en la jornada que fue organizada por el CAP junto a la Cámara Argentina de Consultoras de Ingeniería (CADECI) se apuntó a identificar y analizar el plan de desarrollo de los Proyectos Multipropósito e Hidroeléctricos previstos, las formas posibles de su financiación, el estudio y planificación de proyectos por ejecutar, la relación de las presas con la comunidad y las alternativas que surgen ante la finalización de los contratos de concesión a centrales hidroeléctricas vigentes al 2023.

La experiencia local indica que en los últimos 25 años, han existido problemas para conseguir financiación privada para que se realicen este tipo de proyectos. Los ingenieros Oscar Navarro y Guillermo Malinow compartieron sus reflexiones al respecto.

“Creemos que es necesario buscar alguna forma de financiar nuevos proyectos y la creación de un fondo específico sería una de las mejores alternativas, ya que podría provenir de la propia generación hidroeléctrica de aquellas centrales que se encuentran operando con excelente resultado y de las que el Estado es hoy propietario”, dijo Oscar Navarro, Secretario del CAP.

Una vez que terminen los contratos de concesión en aquellas centrales (2023), el Ing. Guillermo Malinow, vocero del CAP, señaló que existen dos alternativas: o se extiende el período de concesión o el gobierno recibe las obras. Por ello, ya resulta prioritario que se empiece a debatir qué será lo más oportuno y los pasos a seguir.

En el caso de que el Gobierno reciba las obras, el ingeniero Malinow advirtió que podría ser necesaria una estructura que lo respalde. En este sentido, propuso que para direccionar el accionar de estas centrales será menester contar con un ámbito específico dentro de la Administración Nacional que funcione bajo la forma de una agencia autárquica.

“Esta agencia debería ser un organismo descentralizado con patrimonio propio y personería jurídica; en la cual, una de sus funciones más importantes sea administrar los fondos provenientes de la generación hidroeléctrica”, puntualizó el vocero del CAP.

Por otro lado, el Ing. Oscar Navarro agregó que no considera que el Estado necesite volver a crear una nueva empresa como Agua y Energía Eléctrica o Hidronor para que opere estas centrales hidroeléctricas, sino que el Estado podría licitar la operación y mantenimiento de esas centrales pero quedarse con la comercialización generada y, a través de eso, poder buscar fondos para impulsar el desarrollo hidroeléctrico.

A partir de allí, desde el CAP acordaron que sería posible que los proyectos se financien con la propia generación hidroeléctrica luego del año 2023 ya que esa energía daría un flujo de dinero tal que podría tener otros destinos más de aprovechamiento.

“Si se asume una tarifa futura para la hidroelectricidad en el orden de 80 u$d/MWh, el Estado Nacional, con todos los préstamos ya amortizados, pasaría a obtener ingresos cercanos a 1.440 millones de dólares por año”, observó el Ing. Guillermo Malinow.

Aquella cifra, obtenida por la venta de energía eléctrica de hidroeléctricas, podrá tener distintos niveles de aprovechamiento. De allí, el Ing. Malinow puntualizó que se podría:

– financiar la ejecución de estudios y proyectos futuros;

– licitar la operación y mantenimiento de los aprovechamientos existentes;

– financiar parte de las inversiones en obras futuras; y,

– atender el envejecimiento y obsolescencia del equipamiento eléctrico y mecánico de las centrales hidroeléctricas para seguir prestando un servicio confiable.

Para ello, resulta provechoso el Estado junto al sector renovable, incluyendo empresarios y académicos, trabajen intercambiando posiciones para llegar pronto a una definición de políticas que fomenten la participación de proyectos hidroeléctricos en los próximos años.

“Nuestras propuestas no adquirieron aún la forma de proyecto de Ley, pero sí las dotamos de difusión pública para que las entidades de Gobierno, que consideren necesario avanzar en su estudio y ejecución, las tomen y las lleven adelante. En ese sentido, estamos dispuestos a colaborar con quien quiera impulsarlo para generar una política de mediano y largo plazo tendiente al mejor uso de los recursos hidráulicos de nuestro país”, finalizó Oscar Navarro.