De acuerdo a los últimos datos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) en 2018 el Estado recibió US$ 188,3 millones por parte de los 93 establecimientos que están afectados por el denominado “impuesto verde”, aquel que penaliza la emisión de gases de efecto invernadero.

Esta cifra, similar a la de 2017, es el resultado de la fórmula de cálculo que se determinó para los contaminantes locales que, en el caso del dióxido de carbono (CO {-2} significa US$ 5 por tonelada emitida.

José Ignacio Escobar, presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables (ACERA) consideró oportuno revisar la alícuota, dados los magros resultados alcanzados hasta el momento.

“El monto de 5USD/tonCO2 es muy bajo respecto a cualquier estándar internacional”, cuestionó.

Y consideró que por cómo fue instrumentado, el impuesto “ha sido meramente recaudatorio, donde, además, los generadores ERNC -sin emisiones- están pagando parte del impuesto por un sistema de compensaciones, lo cual es absurdo”.

Teniendo en cuenta que se están discutiendo los compromisos de reducción de emisiones de cara a la propuesta de la COP25, Escobar tiene expectativas de que haya un acuerdo entre oficialismo y oposición.

“Estamos confiados que en la actual discusión de la reforma tributaria se generará también un interesante debate sobre el impuesto verde, el cual debe ser un instrumento fiscal eficaz para incentivar la transformación hacia una economía descarbonizada”, señaló.

Como gestión ante las autoridades, Escobar aseguró que “ACERA seguirá trabajando para demostrar que el actual mecanismo de impuesto no está dando los resultados esperados”.

Medidas en estudio

Además de aumentar el cargo de 5USD/tonCO2, permanece en análisis incluir actores que hoy no están alcanzados por el impuesto, modificando el criterio de afectación.

Una de las propuestas en debate apunta a que toda unidad que anualmente libere 25 mil toneladas de CO {-2} o cien toneladas de material particulado en forma anual abone el tributo.

Así quedarían penalizadas cementeras, plantas de celulosa, fundiciones, mineras, entre otras industrias que, aprovechando los bajos costos, podrían avanzar con nuevos proyectos de energías limpias.

Actualmente, son más de 40 plantas termoeléctricas que pagan impuestos por tener emisiones en torno a los 40 millones de toneladas de CO {-2} anuales.

Resistencia de los industriales

Representantes del Instituto del Cemento y Hormigón de Chile (ICH) señalaron que un incremento impositivo afectaría los niveles de producción, al punto que podrían cerrarse hornos de generación de clínker, que es la materia prima para la preparación del cemento.