Uno de los viejos reclamos del empresariado de las energías renovables dentro de Colombia es la regulación del espectro eléctrico. Muchos proyectos ocupan capacidad de red disponible desde hace largos años y les quitan oportunidades a emprendimientos con posibilidades reales de avanzar en construcción.

A partir de la Resolución CREG 075, reglamentada a fines del año pasado, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) estableció lineamientos para resolver este inconveniente: Quitar los proyectos que no se construirán y darles lugar a aquellos con capacidad de hacerlo.

“Todos estábamos muy contentos con la nueva medida, pero ahora nos llevamos una sorpresa grandísima: La UPME no está respetando los proyectos que están en lista de espera desde hace años, con concepto favorable de los operadores de red y de la subestación eléctrica que asegura que hay capacidad de red disponible”, advierte Iván Martínez, presidente de Egal.

El empresario explica que la UPME les solicita volver a presentar los proyectos, incorporándose al nuevo padrón.

“Por qué tenemos que hacer nuevamente todos los papeles, volver a contratar estudios y hacer de nuevo la fila como si fuéramos un proyecto que recién llega si hace tiempo que estamos esperando para que nos habiliten capacidad para poder avanzar con nuestros emprendimientos”, cuestiona Martínez.

Cabe señalar que la Resolución 075 propone que, una vez que se apruebe el punto de conexión para un emprendimiento, el inversor tendrá dos meses para abonar garantías, que consisten en 10 dólares por kW (siendo que antes era de 1 dólar por kW); además, la empresa debe indicar una Fecha de Puesta en Operación (FPO), la cual será difícil de modificar.

“Nosotros no tenemos problemas de que nos impongan esas condiciones, pero necesitamos que no nos desplacen a los proyectos que venimos haciendo la fila desde hace tiempo”, enfatiza el titular de Egal. Y remata: “Los inversionistas están muy molestos porque dicen que no se están respetando las reglas de juego”.

Por esta situación, desarrolladores presentaron derechos de réplica ante la UPME, esperando una respuesta favorable de la entidad. Aun no hubo respuestas.

Por otra parte, cabe destacar que el Gobierno todavía no se ha expedido sobre cuáles serán los criterios que se priorizarán para otorgar las conexiones en caso de que más de un proyecto compita por capacidad de red.

Propuestas ante esta situación

Paralelamente, Martínez baraja algunas medidas que podrían tomarse para que se establezca “una transición normativa adecuada en el sector de las energías renovables en Colombia”.

“Proponemos que los proyectos con conexiones aprobadas por la UPME que no colocaron las garantías en los tiempos exigidos y/o tienen FPO (Fecha de Puesta en Operación) vencidas liberen de inmediato su capacidad”, indica.

Y ejemplifica: “Proyectos como Termo Palmeros, de 650 MW, y muchos otros en esa situación deben liberar su capacidad inmediatamente, sin dilaciones, pues los tiempos para recursos ya han vencido”.

Propone que los proyectos que están en fila con concepto negativo por “capacidad de red” y que han solicitado dentro de los términos de ley los derechos de reposición deben ser nueva y rápidamente evaluados.

“En caso de que realmente no existiera capacidad antes de la liberación, se deben evaluar teniendo en cuenta las nuevas capacidades disponibles. En caso de ser autorizados deben colocar garantías en tiempos y montos estipulados en la 075”, agrega.

Además, opina que los proyectos con autorizaciones negadas por “capacidad de red” que no presentaron derechos de reposición, pero desean avanzar, deben de manera automática previa simple solicitud por escrito del promotor ingresar a la nueva lista de proyectos con prioridad, sin tener que llenar más formulario ni estudio alguno.

“En caso de aprobación deben colocar las garantías en monto y tiempo de la 075 (no debemos olvidar que los montos son 10 veces mayores a las anteriores en un tiempo muy corto). De lo contrario perderán su posibilidad y si desean persistir allí si hacer la fila desde cero”, sostiene.

Y remata: “De esa manera se tendría una transición justa para todos, que no desconoce el trabajo previo de muchos desarrolladores e inversionistas y que evitaría las demandas que vendrán si persisten en la estrategia arrasadora de borrón y cuenta nueva”.