7 de abril 2016

EMESA y sus profundas críticas a la reglamentación de la Ley 27.191: contratos y licitaciones

Todo el sector energético, en especial los desarrolladores de proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables, ha esperado pacientemente, un instrumento que disipe la incertidumbre que provocó la suspensión de hecho de la resolución N° 108/11 de Secretaría de Energía. Muchos apostaban a que esa herramienta sería el Decreto que debía reglamentar […]

Todo el sector energético, en especial los desarrolladores de proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables, ha esperado pacientemente, un instrumento que disipe la incertidumbre que provocó la suspensión de hecho de la resolución N° 108/11 de Secretaría de Energía.

Muchos apostaban a que esa herramienta sería el Decreto que debía reglamentar la ley 27.191, y pospusieron asociaciones estratégicas y decisiones empresariales, mirando fijo ese punto en el horizonte. Otros, tal vez los más escépticos, consideraban que una norma jurídica general, que contenía metas, instrumentaba regímenes de fomento, e incentivos al sector privado, no podría colmar tal expectativa, y el gobierno debía resolver que hacía con la resolución N° 108.

Pensamos con alivio que ese momento había llegado, con la publicación del Decreto /16. Sin embargo, una lectura desapasionada y más profunda de la norma, parece haberles dado la razón a los recelosos. Esta norma, lamentablemente delega definiciones fundamentales del procedimiento de presentación, selección de los proyectos, y adjudicación de los PPA, –esta vez ojalá que sí- en una futura reglamentación de la reglamentación.

Es que el Decreto 531/16, regula con exhaustivo detalle todo lo relativo a metas, incentivos, beneficios impositivos, régimen de fomento (certificados), FODER, lo que no está mal, pero en cambio, deviene abstracta en lo que se refiere, precisamente, a la llave de ingreso al sistema.

Luego de señalar que el mecanismo para seleccionar los contratos de abastecimiento con CAMMESA, o quien la reemplace –esto también dependerá de la futura resolución que se dicte-, será la licitación pública, vuelve a encargar a la Autoridad de Aplicación una definición respecto de: a) los plazos de puesta en marcha de la misma –pese a que las autoridades señalan el mes de mayo como fecha cada vez más cierta-; b) el plazo, moneda -aunque podrán ser en dólares estadounidenses- y precio de los contratos.

Respecto de los parámetros a tener en cuenta en la licitación, también los delega en la futura regulación que se dicte, enumerando sólo que el proceso será público, competitivo y expeditivo, favoreciendo ofertas con menor precio y plazos de instalación más breves. También se menciona al pasar, que podrán ser favorecidos aquellos que contengan contratación de mano de obra local.

El Decreto 531/16, guarda absoluto silencio respecto a si el contrato de PPA será transferible o no; si podrán presentarse a la licitación Uniones Transitorias, o si, como lo dice la fría letra de la ley, sólo serán admitidas personas jurídicas; si los proyectos deben concurrir con financiamiento acordado;  si es necesario como requisito de presentación, ser agente del MEM; cuáles serán los ponderadores del proceso de selección de oferentes; el nivel del detalle de los proyectos; que grado de avance en estudios eléctricos y ambientales; título jurídico mínimo respecto de los terrenos donde se emplacen, etc.

La provincia de Mendoza, a través de la Empresa Mendocina de Energía S.A., posee una cartera de cerca de 500 MW en energías renovables, de diversas fuentes (solar, eólico, hidroeléctrico). Nos preocupa que las definiciones necesarias para el éxito de la próxima subasta -si es que ese es el medio elegido- se difundan con la debida anticipación, dado que los silencios del régimen vigente, atentan contra la planificación e imposibilita a los desarrolladores, priorizar los diversos proyectos.

La tan esperada reglamentación, ha terminado dando la razón a quienes pensaron que la solución no pasaba tanto por reglamentar las metas y beneficios que otorga la ley 27.191, sino  por delinear un sistema eficaz que permitiera generar proyectos confiables, realizables y seguros.

Nuestro mayor beneficio, pasa por generar las bases de un mercado de las energías renovables serio, seguro, eficiente y con equidad territorial. Donde los plazos sean acordes al tipo de procedimientos y obras a realizar, y en el cual, tanto el desarrollador como el inversor, encuentren seguridad jurídica. De lo contrario, la industria y el mercado pagarán las consecuencias de la improvisación y el apuro.

Nos resulta, al menos llamativo, la mención que se realiza de los proyectos encuadrados bajo la resolución N° 108, en el sentido que sólo escaparán al nuevo régimen, aquellos que hayan comenzado su construcción. Esto constituye, sin dudas, el punto más débil de la nueva reglamentación. Los proyectos con PPA suscriptos antes de la “suspensión” de la resolución N° 108/11, deberían ser respetados dentro del marco jurídico anterior. De lo contrario, si a ello sumamos lo acotado de los plazos –declamados por las autoridades- para realizar la primera subasta, y las indefiniciones que todavía subsisten, no podemos sino concluir que pareciera que sólo estarían destinados a ella, aquellos proyectos. Esperemos que no.

5 Comentarios

  1. Agustín Reyes

    Voy a corregir algo, en la provincia de mendoza la cartera es mucho mas de 500mw los que estan pensados, las inversiones prevén un 70% del personal de las comunas, materias primas nacionales, salvo los paneles, el resto es todo comprado en argentina, se invierte en establecimientos educativos para que en no mas de 5 años las plantas en su totalidad sean manejadas por mendocinos y de otras provincias, claro esto es todo lo lindo, pero ya es casi irrealizable gracias a la nueva ley, donde los precios de venta no serán acordes a inversión que se requiere, la diferencia entre los empresarios y el gobierno es que unos piensan en chico y otros en grande, sigamos comprando energía a otros países que estamos pagando poco por suerte.

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  2. Anónimo

    Coincido con las apreciaciones de Bertolini. Conforme vaya pasando el tiempo y el Gobierno no logre cumplir los objetivos de esta Ley «Kind» (porque Guinle «ni mu»), más y más gente, que hoy le tiene miedo al soberbio de Kind, y al petrolero «liberal»(?) Aranguren, y se van a animar a decir la verdad, que no será otra cosa que la realidad. Los electrones, como los dólares, no irán hacia donde Kind lo ordene. Con este instrumento defectuoso, no parece factible que aparezcan los 2.500 MW al 31/12/17… faltan 20 meses! A «Cambiemos» : Si no hay diálogo franco, si no asumen sus errores, no cambia nada. Será igual que durante el Kirchnerato. Lo lamento, tenía esperanzas… pero cada vez hay menos razones para sostenerlas. Sigo intentando.

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  3. Roman Garcia

    Lo que pasa que este Decreto Reglamentario de la Ley 27.191 esta hecha a medida y a pedido del Grupo Empresario de los Bulgheroni y del Grupo Fortabat,ya que ellos financiaron la campaña de Mauricio Macri para las Presidenciales y a cambio les entrego el Ministerio de Energia y Minas de la Nacion y la Secretaria de Energia de la Nacion,ademas Panamerica (Grupo Bulgheroni) les vendia toda su produccion de petroleo a la ESSO (cuyo Presidente era Juan Jose Aranguren) hoy AXXION del Grupo Bulgheroni,mas claro hechenle agua,toda una verguenza y un papelon internacional,ESTA NUEVA REGLAMENTACION DESTRUYE A LAS ECONOMIAS REGIONALES Y AHOGA EL DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS.SEGUIMOS SIENDO UN PAIS BANANERO y si siguen descubriendo los PANAMA PAPERS,el Presidente tiene mas de 15 cuentas todas Offshore y todas con testaferro,Angelici es uno de ellos,el Presidente de Boca,y dale nomas!!

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  4. Rosana De Giuseppe

    Excelente análisis normativo efectuado por Emesa.
    Esperamos y deseamos que estas incertidumbres sean revisadas nuevamente, porque estamos todos muy contentos con que las renovables esten bastante seguido, presentes en debates y periodicos de nuestro medio y fuera, pero aun hay una zona de grises que no sabemos francamente con que letras completar y esperábamos que con el Decreto Reglamentario esto sucediera.
    Esto retorna a las inseguridades jurídicas y economicas a la hora de la inversión. Y por lo tanto en muchas ocasiones damos marcha atras. Solo porque no tenemos respuestas y no podemos decir lo que la ley y el decreto no dicen. Solicitamos a la mayor brevedad que se allanen nuestras dudas de manera de poder seguirlas promoviendo.

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  5. Francisco Noguera Rojas

    Por lo visto hay muchas dudas. Yo me pregunto, porqué no se hace como en Alemania, Italia, España, etc. Donde cualquier hijo de vecino hace una instalación en el techo de su casa para producir su propia energía y el sobrante lo inyecta a la red cobrando los kWh a precios promocionados. Se deberían leer las re lamentaciones de estos países y tomar nota. Por algo son líderes en la materia.

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