Los Pequeños Medios de Generación (PMG) y PMG Distribuidos (PMGD) que no se hayan podido declarar en construcción antes de abril del 2022 no podrán acceder al régimen transitorio del Decreto Supremo 88.

No alcanzarlo supone una menor remuneración por energía inyectada, debido a que la nueva formula de cálculo del precio estabilizado lleva el precio a la baja en aproximadamente un 30 % respecto al precio nudo de corto plazo (PNCP), valores que, aseguran en la industria, no le dan factibilidad financiera a estos proyectos.

En efecto, los proyectos necesitan una serie de permisos de distintos organismos estatales, además de las órdenes de compra de los principales equipos que utilizarán en su construcción y montaje, y acreditar el pago de los refuerzos a las líneas de distribución entre otros requisitos.

Sin embargo, desde gremios vinculados a la industria de las renovables vienen advirtiendo demoras por parte de algunas instituciones del Estado para las entregas de los documentos que las empresas requieren.

Y esto se debe no sólo al efecto de la pandemia pandemia, que ha reducido la capacidad de las distintas entidades, sino por el propio boom de proyectos que se han presentado en muy poco tiempo.

“El régimen transitorio se había definido considerando que estos permisos podían obtenerse en ciertos plazos, que son los que no se están cumpliendo ahora”, contó una empresaria a Energía Estratégica, quien solicitó no darse a conocer.

Además, desarrolladores de proyectos están solicitando que las distribuidoras cumplan con los plazos normativos en los procesos de conexión. “Hay algunos operadores de red que demoran más de un año en trámites que no debieran tardar más de 4 meses”, aseguran.

Agregan que “este tipo de situaciones generan que muchos proyectos, que han hecho diligentemente su gestión para declararse en construcción antes del vencimiento del transitorio, esté peligrando la concreción de su proyecto”.

Y lo paradójico de esta situación, explican, es que si se eleva algún reclamo ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), los plazos de resolución de controversias superan los 6 meses, a pesar de que el plazo indicado en la norma es de sesenta días, lo que se torna nuevamente en una posición desfavorable para las empresas.

Gremios, como la Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL) y la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA AG), vienen advirtiendo esta situación hace algún tiempo. Sus directivos se han reunido con autoridades solicitando la implementación de medidas que permitan a los proyectos acogerse al PNCP, a pesar de los retrasos de los organismos públicos  y empresas distribuidoras en el otorgamiento de los respectivos permisos.

Si bien desde el Gobierno se comprometieron a evaluar la situación y a expedirse al respecto, aun no hay definiciones y el tiempo apremia.

Las cámaras empresarias contabilizan que alrededor de 200 de estos emprendimientos de hasta 9 MW se encuentran afectados, los cuales en conjunto totalizan unos 1.500 MW.

Pero observan que 150 de ellos (por unos 830 MW), son los que están más perjudicados y necesitarán de prórrogas. “Los proyectos que no lleguen a declararse en construcción en la fecha (antes de abril del 2022), se terminarán por no hacer perdiéndose toda la inversión ya hecha ”, advirtió la fuente.

Algunas medidas favorables

Cabe señalar que el pasado 18 de noviembre, la Comisión Nacional de Energía lanzó un oficio (ver) que permite la flexibilización  de algunos requisitos de la declaración en construcción, una demanda que estaban solicitando hace un tiempo desde el sector.

Sin embargo las empresas desarrolladoras consultadas señalan que estas medidas son insuficientes y que solo aminoran parte de los efectos  perjudiciales de los retrasos y situaciones de fuerza mayor que generó y seguirá generando la pandemia de COVID 19 en el desarrollo de los proyectos de energía.