La 18va asamblea legislativa de Puerto Rico, en su cuarta sesión ordinaria del 6 de noviembre de 2018 aprobó el proyecto 1121 que crea la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”.

La misma indica que la transición energética tendrá como objetivo alcanzar una cobertura de la demanda de un mínimo de 20% para el 2025; 50% para el 2040; y 100% para el 2050. Esto sería en parte un retroceso a lo anteriormente fijado desde el ejecutivo. Como declaración exclusiva para Energía Estratégica, el Gobernador de Puerto Rico afirmaba que la intención era ir por un 42% de renovables hacia el 2025 y alcanzar la meta del 100% antes.

“Puerto Rico tiene que transicionar hacia un modelo que sea centrado en el individuo y que crezca significativamente en renovables. Nuestro objetivo es saltar de un 1% de renovables a un 40% y lo esperamos hacer en los próximos 5 a 7 años”, declaró Ricardo Rosselló a Energía Estratégica.

Tras el embate de los huracanes Irma y María, Puerto Rico sufrió “el peor desastre natural en la historia de los Estados Unidos”, según el Federal Emergency Management Agency (FEMA, por sus siglas en inglés). De allí que una necesidad de ir por un modelo moderno, sostenible y resiliente del sistema sería prioridad para el Gobierno.

La Ley aprobada señala en ese sentido que «el sistema eléctrico quedó devastado con el colapso del 80% de la red de transmisión y distribución» y que por ello surge la necesidad de tener un marco regulatorio: completo, viable, confiable que dirija hacia dónde se encamina el sistema eléctrico de la Isla y considere la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático.

La nueva política pública energética estaría dirigida a estimular el uso de nueva tecnología, métodos alternos de generación, la generación distribuida, las fuentes de energía renovable, la integración de microredes y la flexibilidad de un mercado competitivo. Para ello señala que la autoridad o concesionario de la red de transmisión y distribución deberá facilitar el uso de energía renovable en forma directa por parte de sus clientes y maximizarlo.

Además de ser alagado por estos aportes al crecimiento resiliente de la red, la matriz renovable al 2050, el proyecto también fue tema de debate desde el 17 de octubre de 2018, cuando fue presentado por Seilhamer Rodríguez y Bhatia Gautier al Senado. Los temas de discusión rondaron en torno a que algunos empresarios indicaban ciertas inconsistencias que podrían abrir el camino al gas natural en el corto plazo, sobrecargas a clientes en la medición neta que complicaría la incorporación de la generación renovable distribuida; y, por otro lado, se observaron las reglas que aplicarían para venta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

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Finalmente a las 20 horas del día de ayer, el Senado decidió con 22 votos a favor (cinco en contra y una abstención) aprobar el proyecto de ley, no sin antes permitir que se realicen modificaciones al mismo que permitan mejorar el propuesto inicialmente.

De allí, tuvo buena acogida en el senado la enmienda que sugirió la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) para que se puedan en principio asegurar un convenio colectivo para los empleados de la AEE, por lo que fue incorporada efectivamente al proyecto de ley aprobado.