El Ministerio de Minas y Energía continúa trabajando codo a codo con sus organismos estatales, UPME y CREG, en la subasta a largo plazo de energías renovables.

Obviamente, el objetivo es crear un mecanismo que pueda seducir a los oferentes a que presenten proyectos, pero, sobre todo, a la demanda, como distribuidores y comercializadores, que hoy es un factor clave en esta planificación ya que, cabe recordar, su escasa participación terminó anulando la primera versión de esta subasta.

En búsqueda de ese proceso, ayer, la cartera que preside María Fernanda Suárez lanzó una nueva consulta pública –ver resolución-, complementaria a la de la semana pasada (ver nota).

La resolución instruye a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) a “implementar el proceso de adjudicación de la subasta de contratación de largo plazo de energía eléctrica a más tardar el 30 de septiembre de 2019”.

Por otra parte, fija un período de vigencia para los contratos de abastecimiento de energía (PPA, por sus siglas en inglés) renovable sea a 12 años, tal como se había planteado en la primera versión de la licitación. El plazo no seduce demasiado a la oferta, que espera acuerdos entre 15 y 20 años; pero el Gobierno en este caso piensa más en la demanda.

Desde el Viceministerio de Energía, encabezado por Diego Mesa Puyo, saben que la bancabilidad de los proyectos parte desde los 10 años, y que las comercializadoras y distribuidoras serán más reacias a celebrar contratos muy extensos, dado que hoy por hoy están acostumbradas a no hacerlo por más de 5 años.

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Como argumento a este planteo, el Gobierno en la resolución explica que “el 5 de abril de 2019, el Ministerio de Minas y Energía emitió la consulta pública sobre las alternativas de producto para la subasta de contratación a largo plazo de energía eléctrica, en la que los agentes se pronunciaron sobre el período de vigencia del producto a subastar”.

“Los resultados de la consulta indicaron que los agentes interesados muestran igual preferencia para contratos con un plazo de diez (10) años como para los contratos con plazo de quince (15) años”, asegura.

Por otro lado, y finalmente, la resolución expedida ayer, sometida a consulta pública, propone que el COD (Commercial Operation Date), es decir la fecha de inicio de funcionamiento de los proyectos que pudieran resultar adjudicatarios sea el 1 de enero del 2022, otro aspecto que se había fijado en la versión pasada de esta subasta.

Cabe destacar que este proceso de convocatoria, que pretende recabar opiniones del sector privado, empezó el día de ayer y tendrá vigencia hasta el martes 28 de la semana que viene.