De cara a la instalación de los primeros sistemas para generación distribuida que podrían darse este año amparados por la Ley nacional 27424, ¿qué camino debe seguir un usuario para iniciar los trámites? 

La Ley nacional lo que procura es que el trámite sea sencillo. Yo como usuario quiero poner un sistema de generación distribuida, la primera gestión que tengo que hacer es solicitar el permiso a la distribuidora (Edenor, Epec, Ejesa, dependiendo la provincia).

Una vez que tengo la autorización, este trámite se inscribe en la web y a partir de ahí la Secretaría –de Energía- activa el mecanismo que esté en ese momento previsto para el usuario, haciendo que este reciba los beneficios que le correspondan. Por lo que, absolutamente todo lo operativo se resuelve en cada provincia.

Y, ¿cómo viene este año el proceso de adhesión de las provincias a la Ley nacional de Generación Distribuida?

En enero y febrero no se esperan novedades respecto a la adhesión de las provincias, puesto que aún no retomaron actividad las legislaturas. Desde el 20 de diciembre hasta el 1-15 de marzo no podrá tratarse el tema, pero a posterior pretendemos tener un rol activo para que la discusión llegue a todas las cámaras; entendiendo que, al ser año electoral, baja la actividad parlamentaria y este tema debería ser retomado idealmente antes del segundo semestre.

La adhesión no encierra más secretos que adhesiones simples, de manera tal de que el mecanismo fluya sencilla y claramente.

¿Podría darse una adhesión masiva en 2019?

Yo creo que sí, porque con las provincias que ya han adherido, la Secretaría de Energía les va a estar publicando las normas técnicas necesarias y va a dejar habilitada la web para la inscripción de todos aquellos que vayan solicitando los permisos. Eso va a generar un cierto dinamismo.

Lea también: «Las 5 provincias que han adherido a la Ley nacional de Generación Renovable Distribuida hasta el momento»

¿Qué actor tendrá un rol significativo para apalancar esas adhesiones? 

Para mí, el sector –refiriéndome al grupo de interesados en que se mueva este segmento de negocios– tiene que levantar la voz hacia los gobiernos provinciales. Eso tiene que aparecer ahora porque sino la adhesión puede ser malinterpretada como una cuestión partidaria.

Los privados tiene que aclarar cómo esto es provechoso sino –tengo la sensación– los Gobiernos provinciales lo están mirando pura y exclusivamente como una cuestión política.

En ese sentido, algunas provincias plantean dudas respecto a cómo se manejarán los fondos…

Sucede que en ese tema hay una confusión. El FODIS no es un fondo coparticipable, que se distribuya a las provincias. El FODIS es un fondo para los usuarios. Por lo que, ingresarán fondos a las provincias en la medida de que sus usuarios lo pidan. Porque no es que se dará dinero a las provincias y estas la distribuirán. No.

Más allá de que después eso se operativice a través de la distribuidora, no va a dejar de ser un simple trámite.

En la Ley se contemplan Certificados de Créditos Fiscales, ¿esto motivará que usuarios comerciales opten por instalar sistemas de Generación Distribuida para evitar los crecientes costos en la compra conjunta a CAMMESA?  

Esa es una herramienta que sin duda va a ser interesante para el sector comercial e industrial. Por eso, considero que incluso desde la Secretaría se vería como mucho más movilizante ese mecanismo, que el propio FODIS. El sector que ya se está moviendo hará que edificios corporativos, centros comerciales y PyMEs sean los que rápidamente se vayan a mover.

Esto se deja ver en la Ley, pero ¿pueden continuar estas dudas? 

No deberían.

Cuando se discutió la Ley en el Senado, hubo un reclamo de este tipo por parte del senador Pais. El representante por Chubut dijo que le gustaría que en la Ley fuese reflejado cierto equilibrio que aún no le era claro. Se tomó este comentario y hubo un compromiso por parte de la Secretaría de Energía para instrumentar la Ley de tal manera que haya la mayor equidad posible.

De ahí, mi lectura es que la voluntad existe desde Nación. Ahora bien, por el lado de las provincias debe estar la voluntad de adherir; porque si estas no adhieren, el problema está en que sus ciudadanos que son usuarios con intenciones de conectar sistemas de generación a la red, no podrán solicitar los beneficios tan esperados que ofrece la Ley nacional, y los perjudican.