Energía Estratégica accedió a un documento preliminar denominado Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME) –DESCARGAR– que tiene como objetivo “definir las acciones que permitan acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica, teniendo como meta la incorporación de seiscientos mil vehículos eléctricos a 2030”.

El informe fue elaborado por el Ministerio de Minas y Energía (Minenergía); Ambiente (Minambiente); Comercio (Mincomercio); Salud (Minsalud); Transporte (Mintransporte); entre otros. Además contó con el aporte de la ONU Medio Ambiente y Euroclima+.

Allí se plantea que “es necesario un marco regulatorio y de política que oriente todos estos esfuerzos hacia objetivos comunes del Gobierno nacional. En este sentido, la formulación de la ENME se configura como un primer paso, recogiendo la experiencia de las entidades nacionales frente a la creación de instrumentos de política y regulación en temas relacionados con la movilidad eléctrica”.

En ese sentido, se proponen una serie de puntos:

1. Eficiencia energética: a 2022, Minenergía en colaboración con Minambiente y Mintransporte definirán estándares mínimos de eficiencia energética para tecnologías vehiculares, lo cual deberá ir acompañado por una etiqueta de eficiencia vehicular.
2. Restricción a la circulación de vehículos en función de sus emisiones contaminantes: a 2020, Minambiente en colaboración con Mintransporte y las autoridades locales, deberán generar medidas que desincentiven el uso de vehículos contaminantes en áreas o tiempos específicos.
3. Esquema tarifario de energía: a 2022, Minenergía en conjunto con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y los demás actores involucrados, reglamentarán los aspectos necesarios sobre regulación en la tarifa de energía eléctrica e infraestructura para carga de vehículos, analizando su interacción con la red vehicle to grid.
4. Penetración de tecnologías eléctricas: a 2021 Mintransporte, Minambiente, Minhacienda, Minenergía, Mincomercio y la UPME deberán formular el programa de reemplazo de la flota oficial a vehículos eléctricos. Igualmente, deberán formular un programa de incorporación de vehículos eléctricos en flotas de uso intensivo como transporte público y taxis, así como aquellas otras clases y modalidades que se estimen convenientes.
5. Ordenamiento territorial: a 2020, las administraciones locales, con el acompañamiento de Minenergía, DNP y Minvivienda, deberán considerar medidas de ordenamiento territorial y planificación de infraestructura de carga en espacios públicos y privados.
6. Mesa de tecnologías vehiculares de cero y bajas emisiones: Minambiente, Mintransporte, Minenergía y DNP deberán fortalecer la Mesa de tecnologías vehiculares de cero y bajas emisiones, de forma que sea un espacio de trabajo permanente y que permita la articulación de los diferentes actores generando recomendaciones de políticas e instrumentos regulatorios y técnicos, y que incentive la cooperación técnica facilitando el despliegue de la capacidad técnica del país, en la transición energética del sector transporte.

Además, se señala la necesidad de definir instrumentos financieros:

1. 2022, Mintransporte, Minambiente, Minenergía, Minhacienda, Mincomercio y DNP, diseñarán y promoverán mecanismos de apoyo financiero para tecnologías vehiculares eléctricas y su infraestructura de carga.
2. Revisión y ajuste de incentivos y tributos: a 2020, Minambiente, Minhacienda, Minenergía y Mintransporte, evaluarán formas de incentivos recurrentes para estimular la compra y uso de vehículos eléctricos. Igualmente, se deberán evaluar los incentivos definidos en la normativa vigente, con el propósito de generar los ajustes para su mejoramiento.

El documento va en línea con los anuncios que el Presidente Iván Duque pronunció a fines de agosto pasado, donde presentó la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME) y aseguró que a partir de esta iniciativa “tendremos un parque automotor más limpio, más amigable y más acorde con lo que queremos para nuestras ciudades”.

El Plan de Acción

Desde el equipo de trabajo diseñaron un esquema que propone los lineamientos a llevar a cabo en los próximos años:

Antecedentes

Colombia expidió la Ley 1844 de 2017, «por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de París», Colombia se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 %, respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030. Adicionalmente, se expidió la Ley 1931 de 2018 por la cual se establecen las directrices para la gestión del cambio climático.

En la Ley, el sector transporte se define como uno de los seis sectores prioritarios de la economía en los que se debe intervenir, para lograr el cumplimiento de estos compromisos.

Se requiere además de la implementación de transformaciones en la economía, el desarrollo urbano y rural, las políticas energéticas, entre otros. Sumado a lo anterior, para el cumplimiento de la Agenda 2030, los ODS y la declaración de crecimiento verde de la OCDE, Colombia definió unas metas y estrategias, así como una hoja de ruta mediante la expedición del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES 39187 .

Con el fin de alcanzar el cumplimiento del séptimo de los ODS «Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos», se definió como meta «aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias al año 2030» .

Este objetivo se alinea con el undécimo de los ODS “Ciudades y comunidades sostenibles”, el cual tiene como meta para 2030, reducir el impacto ambiental de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire.

Además, en la línea de gestión «Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático» de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 — 2022, «Pacto por Colombia, pacto por la equidad» se identifican las intervenciones para impulsar el uso eficiente de recursos y la reconversión de actividades hacia procesos limpios y bajos en carbono

Lo anterior se visibiliza en la Ley 1955 de 2019 que expide el PND 2018 — 2022, la cual brinda un marco regulatorio amplio y una política integral para fomentar la transición hacia la movilidad de cero y bajas emisiones. La Ley incorpora aspectos como los planes de movilidad sostenible, fuentes de financiación para los Sistemas de Transporte Público, la definición de energéticos de cero o bajas emisiones, entre otros.