La vocación verde es uno de los aspectos menos conocidos de la política macrista pero tal vez uno de los más consistentes y en los que se manifiesta cierta divisoria ideológica clara respecto al kirchnerismo.

La solución de los problemas ecológicos tiene bastante relevancia para el nuevo gobierno, algo que en principio demuestra la conformación de un ministerio específico, que estará a cargo del rabino Sergio Bergman.

A esta jerarquización institucional se le añaden otros indicios de que el cuidado del ambiente importa más allá de las proclamas discursivas.

Mauricio Macri designó como secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable — lugar de un eventual viceministro– a Diego Moreno, hasta hace días Director General de la Fundación Vida Silvestre, ONG militante en el tema.

Nadie podría pensar que un gobierno convoca y encumbra a un activista verde si no está dispuesto a darle ese sesgo a su gestión.

El ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, tiene una subsecretaría de Energías Renovables con el fin de promoverlas. Sebastián Kind será el responsable, entre otras cuestiones, de la la reglamentación de la ley sobre el tema.

El macrismo no coincide a pie juntillas con la posición que llevó Argentina a la reciente cumbre de París, que culminó con un acuerdo mundial para combatir la emisión de gases que producen el efecto invernadero.

Ese documento propuso redoblar el compromiso nacional para reducir la contaminación del planeta si y sólo si recibe créditos y tecnología de los países desarrollados. Un toma y daca que a priori resulta sensato: yo hago (país emergente) si vos me das (desarrollado).

La filosofía de los hombres y mujeres recién llegados a la Rosada no coincide con esa propuesta condicional. Aunque aún no tuvo tiempo de plasmarlo en ningún documento, el macrismo sugiere ser más proclive a transformar su estructura productiva aún sin ninguna contrapartida de los países ricos.

Que pague el culpable

La división entre países ricos y contaminantes y pobres víctimas del calentamiento global atravesó en los últimos años toda discusión sobre un acuerdo planetario. Por eso en esas discusiones bajo el paraguas de Naciones Unidas se habla de responsabilidades “compartidas pero diferenciadas”, principio bien plasmado en el documento local.

El acuerdo de París expresa el consenso del mundo para frenar el calentamiento en menos de 2 grados respecto al momento previo a la Revolución Industrial. Cada grado implica una modificación severa en el clima y fuerza a importantes obras para adaptarse a esa nueva realidad.

Las naciones desarrolladas se comprometieron a aportar desde el 2020 un fondo anual de 100 mil millones de dólares para ayudar a los emergentes a esa tarea. Cómo y a través de quién se asignarán esos recursos aún se discute ardientemente.

El daño mundial lo lideran Estados Unidos y China, seguido por naciones ricas. Aunque su cuota es mucho más modesta, Argentina también aporta a la carbonización y sufre sus consecuencias.

La delegación local llevó a Francia un papel que propone recortar la contaminación un 15 por ciento respecto a la que habría en el año 2030 si no se tomara ninguna medida para frenar el fenómeno dañiño. Pero ese esfuerzo descarbonizante podría llegar al 30 por ciento si se reciben fondos y transferencia tecnológica del exterior.

En cualquier caso, las propuestas de cada país es voluntaria y aún no hay autoridad con poder de coarción para obligar a cumplirlo.

Petróleo, bosques y campo

Contaminar menos implica cambiar los modos de producción. El 43 por ciento de la contaminación del país es por el uso de combustibles de fósiles, una causa más para reemplazar el petróleo por biocombustibles o fuentes más limpias.

La pregunta es qué pasará con Vaca Muerta o yacimientos de explotación costosa y que postulan prácticas ambientales controvertidas como el fracking.

También implica estimular fuertemente el ahorro de energía, distinguiendo a los artefactos que consumen menos y forzando una baja en la demanda, algo que el Gobierno de Cambiemos logrará de facto con la suba tarifaria de luz y gas.

Otro punto clave es frenar la veloz tala de bosques. En el año 2007 se sancionó una ley específica que ordena a las provincias a inventariarlos, categorizándolos según se puedan erradicar para el uso agrícola o haya que mantenerlos sin alteración.

En base a ese listado la Nación debe girar a las gobernaciones ayuda económica para la conservación de esos espacios. Según la estimación de Fundación Vida Silvestre ese auxilio hoy se ubica en 5000 millones de pesos al año, monto veinte veces superior a los 250 millones que previó el presupuesto del 2016 como ayuda del poder central.

Aquella ONG ambientalista, advierte que con sólo instrumentar una política de eficiencia estricta en todas las formas de consumo energético del país podrían economizarse unos 6000 MW, equivalentes a dos Yacyretá. Pero no ve acciones eficaces en ese sentido: las inversiones en bioenergía son magras, tanto como los estímulos oficiales para que una producción agrícola ganadera menos lesiva.

Los desafíos del nuevo gobierno para honrar sus afanes verdes no son pocos. Implican obligar a sus aliados del campo a cambiar los modos de producción, subir partidas presupuestarias para proteger 8 millones de hectáreas de bosques y, por qué no, enfrentar el lobby petrolero.

Fuente: Cledis Candelaresi/ Diario BAE.