Reaviva la discusión por el sistema de medición que deberán emplear los usuarios a la hora de generar su propia energía, mediante fuentes renovables.

“Este es un tema que está preocupando a las distribuidoras y cooperativas eléctricas, y en el caso de la provincia, el Alumbrado Público es un impuesto que pagamos entre todos y podría verse afectado también», cuenta a Energía Estratégica Rubén García, Subsecretario de Energía del Chaco.

Es que según ratificó Ignacio Romero, Director Nacional de Generación Distribuida de la Secretaría de Energía de la Nación, la inminente reglamentación de la Ley 27.424 exigirá que todos los usuarios residenciales y pymes que deseen inyectar energía renovable a la red deberán cambiar su medidor por uno bidireccional.

Según advierten las cooperativas y distribuidoras este tipo de medición afectará su rentabilidad. Sostienen que la operación debería emplearse con dos medidores, para que el contraste entre energía inyectada y consumida sea claro y no afecte a cargos como el VAD o impuestos provinciales.

“En el hipotético caso en que todos los usuarios pudieran generar su propia energía, las distribuidoras y cooperativas no podrían recaudar», respalda García.

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Sin embargo desde el Gobierno sostienen que una exigencia de ese tipo desalentará a los usuarios realizar inversiones para inyectar energía limpia a la red.

Es por ello que desde el Chaco están analizando si va a adherir una vez que se reglamente la Ley. “Hemos dialogado con diferentes dirigentes sobre la posibilidad de adherir, como el diputado Juan Carlos Villalonga, pero aún no hemos definido nada», confía el Subsecretario de Energía del Chaco.

El funcionario provincial considera que la propuesta del gobierno es «interesante» por los beneficios que otorga pero que la analizarán en detalle una vez que sea publicado el Decreto Reglamentario, el cual se supone que será publicado próximamente.

Una de las alternativas que están empezando a plantear desde la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios (FACE) es que las provincias apliquen un cuadro tarifario donde la potencia y la energía están separadas, de modo que no haya necesidad de instalar dos medidores.