El acuerdo se enmarca en el «Programa de Apoyo al Financiamiento de Infraestructura Productiva en Argentina», firmado en agosto pasado con el BID, según señala el decreto 449, que se publica en el Boletín Oficial.

El programa, se indicó, «contribuirá a mitigar los riesgos que inhiben el financiamiento privado para el desarrollo productivo» mediante la atracción de «un volumen significativo de inversión privada», de origen local, internacional o multilateral.

La norma precisó que se busca promover el «financiamiento eficiente de un portafolio de proyectos de infraestructura productiva privada, que acople las necesidades de rendimiento, riesgo y plazo de los inversionistas con las necesidades de largo plazo de los proyectos».

A tales fines se establecerá una «Facilidad Flexible de Mitigación de Riesgos» asociados a Proyectos Elegibles Garantizados, mediante «el otorgamiento de garantías parciales de crédito y garantías contra riesgo político».

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Para la implementación de la Facilidad el BID financiará servicios de consultoría orientados a la preparación técnica y financiera, monitoreo, evaluación y supervisión de los proyectos que se podrían beneficiar.

Serán elegibles un conjunto de proyectos de inversión en infraestructura productiva, bajo la modalidad de PPP, entre ellos corredores viales (por ejemplo, construcción de autopistas y carriles de sobrepaso, rehabilitación de rutas existentes, pavimentación de banquinas, variantes de traza en zonas urbanas y obras complementarias).

Se respaldarán también emprendimientos de transmisión eléctrica (tales como líneas de transmisión y obras complementarias); y de generación de energía renovable (con tecnologías eólica, fotovoltaica, biomasa y biogás); así como los respectivos sub proyectos.

El decreto recordó que en el marco del proyecto «Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP – Etapa I (RARS)», establecido por el Gobierno nacional como la primera iniciativa dentro del Programa de Participación Público Privada, se prevé estructurar un fideicomiso de asistencia financiera para canalizar financiamiento con el fin de otorgar préstamos de capital de trabajo a los contratistas.