Una de las promesas de campaña de Iván Duque fue dejar su mandato con 1.500 MW de renovables no convencionales en marcha. Con el éxito de la subasta por cargo de confiabilidad, donde se adjudicaron 1.398 MW eólicos y solares, parece que lo conseguirá.

Hasta antes de Duque, Colombia contaba con menos de 250 MW de energías renovables no convencionales instalada, pero con una potente normativa aprobada por la anterior administración de Manuel Santos: la ley N°1715. Con sagacidad, la nueva gestión la está sabiendo explotar e, inclusive, mejorar.

“La idea inicial del Gobierno era instalar 1.500 MW de capacidad instalada (de energías renovables no convencionales), que es lo que necesitan Cali y Medellín juntas para abastecer su demanda de generación eléctrica”, explicó el viceministro de Energía, Diego Mesa, durante su participación en la feria ExpoSolar 2019.

Pero acto seguido el funcionario redobló la apuesta. “Queremos llegar al 10 por ciento cuanto termine el Gobierno”, retrucó.

Por un lado, Mesa confía en que esta vez la subasta a largo plazo de energías renovables será exitosa, cuyos pliegos se darán a conocer próximamente. Se les otorgó mejores condiciones de participación a la demanda y, además, permite un plazo mayor de construcción a los proyectos a los adjudicados.

Si bien la fecha comprometida para la puesta en marcha de las centrales es el 1 de enero del año 2022, Alejandro Lucio, Director de Óptima Consultores, cuenta a Energía Estratégica que al tratarse de un contrato financiero el que ahora se pone en juego en la subasta (ya no uno físico) “ahora el proyecto podrá atrasarse hasta dos años, lo cual no implicará que el contrato no se honre”.

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“Como es un contrato financiero, puede suceder que el acuerdo no se honrará con la energía que tu central produzca, sino con la del spot. Ahí hay un riesgo para el generador pero le permite extender plazos”, resalta el experto.

De ese modo, para Lucio podrán participar mayor cantidad de emprendimientos de los que lo hicieron en la primera versión de la subasta, que quedó trunca a principios de año.

“Hay unos proyectos eólicos muy grandes en La Guajira que tienen una capacidad de cerca de 1.000 MW y están previstos que entren en operación en 2023, porque dependen de una línea de transmisión que se está construyendo. En la subasta pasada esas centrales no pudieron presentarse pero con estas nuevas reglas seguramente vayan a participar”, opina el consultor.

Por otro lado, el énfasis del viceministro de Energía radica en algunas modificaciones que su propia área ha realizado sobre la ley 1715 a través de la Ley de Financiamiento y el Plan Nacional de Desarrollo, como incentivos tributarios para las industrias de energías renovables.

Entre ellas, puede destacarse la democratización de los paneles solares a través de la ley 1715, «que permite al ciudadano de a pie poner un panel con exclusión del IVA, reduciendo en 19% el costo de estos equipos», destacó Diego Mesa.