Gran preocupación en la comunidad virasoreña y el movimiento cooperativo causa la situación por la que atraviesa la Cooperativa de Servicios Públicos de Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes. La entidadestá afectada por el decreto 3523/16, firmado por el gobernador Horacio Ricardo Colombi, que determina el cese de la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica por parte de la cooperativa y lo traspasa a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes.

Desde la publicación del decreto en diciembre del año pasado hasta el momento, cuando pende la amenaza de ejecutarlo a partir del mes próximo, “la única propuesta que tenemos es la aceptación del traspaso, lo que entendemos como una imposición, no una propuesta”, aclara el gerente de la entidad, Ing. Qco. Gonzalo Cabral.

La cooperativa tiene la propiedad del 85% de las líneas instaladas en el área de concesión. El otro 15% le pertenece al Estado provincial. En el año 2000, para subsanar este problema, se traspasó ese porcentaje del tendido a la cooperativa por un plazo de uso venció el año pasado. “Con la excusa del fin del acuerdo, la provincia emite este decreto que nos quita toda la concesión”, sostiene Cabral.

En el 2000 el servicio en la región era deficitario. Había 700 usuarios y ninguna industria. 17 años después, esta zona tiene un desarrollo productivo con más de 3.000 usuarios y casi 70 industrias. “La ecuación económica ha cambiado. Entonces, lo que ahora pretende el gobierno es traspasar la zona productiva y dejarnos a nosotros las marginales, los usuarios rurales”, explica Cabral.

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Este intento de avance sobre una institución, que expresa en sus 57 años de historia el esfuerzo acumulado por varias generaciones de vecinos organizados bajo la forma cooperativa, motivó el apoyo concreto y solidario de organizaciones nacionales y provinciales del sector. El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE), José Álvarez, viajó a Gobernador Virasoro días pasados y expresó que “el decreto 3253/16 es ilegítimo e ilegal, implica la violación del estado de derecho y una verdadera expropiación de los bienes de una cooperativa, lo que en la práctica implica la quiebra de la institución con la perdida de ochenta puestos de trabajo directos”.

Álvarez aseguró que “desde FACE se van a llevar adelante las acciones administrativas y judiciales que sean procedentes en defensa del sistema cooperativo y de las cooperativas”. Asimismo, tanto la Federación de Cooperativas de Corrientes(FEDECOOP) como la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (FECEM) expresaron públicamente su preocupación por la situación de la cooperativa y, junto con FACE, acompañaron la búsqueda de un diálogo que, hasta el momento, no ha dado resultados favorables.

Con esta acción, el gobierno provincial pone en situación de riesgo a una cooperativa nacida en 1960 para brindar electrificación rural, quea lo largo de su historia fue incorporando prestaciones para su comunidad, entre ellas, agua potable, cloacas, gas envasado, sepelio y agua envasada. Cooperativa que -además- acompañó el crecimiento de Gobernador Virasoro llevando la energía a cada rincón del área de concesión, con 3.000 kilómetros de líneas eléctricas tendidas y mantenidas con recursos propios, que llegan a las localidades de Ituzaingo, San Carlos, Liebig, Garruchos, Garabí, Santo Tomé y Paraje San Justo.

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Las cooperativas tienen su fuerte en los principios y valores solidarios que las sustentan y en el capital humano que les da vida. La Cooperativa de Servicios Públicos de Gobernador Virasoro representa a más de 11.000 asociados/usuarios y genera 84 puestos de trabajo directos. Ese entramado humano, económico y social, corre peligro hoy por una medida injusta e ilegal del gobierno provincial.

Nuestra entidad y las organizaciones cooperativas que nos respaldan reclamamos la apertura de un proceso de diálogo en el que podamos encontrar una solución justa para esta situación.