En un extenso escrito presentado ante la Justicia, el Ministerio de Energía y Minería de la República Argentina solicitó el rechazo a la acción de amparo iniciada por la Asociación Argentina de Abogados varios- 169 Ambientalistas de la Patagonia- por la construcción de las represas hidroeléctricas “Néstor Kirchner” (ex “Condor Cliff”) y “Jorge Cépernic” (ex “La Barrancosa”) sobre el Río Santa Cruz, en la provincia homónima.

En principal planteo esgrimido por el Poder Ejecutivo es que la acción de amparo interpuesta data del año 2014 y que desde entonces el proyecto de la obra fue modificado, por lo que corresponde declarar la improcedencia de la acción mencionada. En función de ello, el Ministerio afirma que dado que el proyecto fue readecuado y que “cambió sustancialmente”, las hipótesis y/o predicciones planteadas oportunamente por la actora en cuanto a sus efectos sobre el medio ambiente “nunca ocurrirán” (sic).

Además de lo anterior, el escrito afirma de manera temeraria que es “totalmente errónea” (sic) la afirmación de que la energía eólica sería una alternativa válida en sustitución de los proyectos en cuestión para generar una cantidad equivalente (o aún mayor) de energía en pos de evitar cualquier tipo de daño ambiental sobre el entorno glaciar y periglaciar del Parque Nacional Los Glaciares.

Para el Ministerio de Energía evaluar la opción eólica carece de “fundamento alguno” y su mero planteo resulta “improcedente” (!).

De modo que a través de la cartera energética, y en abierta contradicción con la manifiesta voluntad del mismo Poder Ejecutivo Nacional de apoyar y alentar el desarrollo de energías limpias, el Estado Nacional -en un absurdo jurídico sin precedentes- no sólo descarta la posibilidad de evaluar la alternativa eólica o hidro-eólica en reemplazo de las represas sin haber presentado para ello un solo argumento técnico en contrario sino que, además, asegura de manera irresponsable que el proyecto no supondrá afectación de ningún tipo sobre el medio ambiente cuando todavía no dispone de los estudios de Impacto Ambiental (EIA) que ordena la ley y que, una vez concluidos deberá remitir al Congreso de la Nación para ser presentados en audiencia pública.

La negación de lo que todavía se desconoce llega al ridículo de rechazar de plano acontecimientos e impactos ambientales que de manera perfectamente lógica podrían acaecer una vez concluido el emprendimiento por la magnitud de las obras en cuestión y por la elevadísima sensibilidad de los ecosistemas en juego.

En otras palabras, la ciudadanía debe saber que el Estado nacional, a través de uno de sus ministerios públicos, apoya y defiende la construcción de las represas sobre el Río Santa Cruz.

Así, sin siquiera esperar los resultados de los estudios ambientales en curso y adelantándose a cualquier conclusión posible, el Ministerio de Energía emite opiniones tajantes y niega:

§ “(…) que las obras cuestionadas afecten y/o pudieren afectar al Lago Argentino, a los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala, y/o al Parque Nacional Los Glaciares”;

§ “(…) que dichas obras pudieren ocasionar un gravísimo daño al ambiente”, por ser esto “totalmente falso e infundado”.

§ “(…) que las energías eólica y solar fueren idóneas para suplantar a la energía hidroeléctrica, en las condiciones actuales”.

§ (…) que las hipótesis y conclusiones de los artículos, ensayos, trabajos y estudios acompañados por los amparistas “fueren valederas y científicamente correctas, en consideración al proyecto de las obras en cuestión».

§ Por último, y de manera poco creíble, la presentación de Energía desestima “que se estuviere anteponiendo “negocios” por encima del medio ambiente y la legislación aplicable”[1].

Pero lo que resulta aún más sorprendente, es que el PEN avale en su integridad el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la audiencia pública y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) llevadas adelante para el proyecto por la provincia de Santa Cruz, procesos que estuvieron viciados -desde su inicio- de todo tipo de irregularidades.

Empezando por el simple hecho de que el estudio de impacto ambiental (EIA) fue ejecutado a pedido de la misma unión transitoria de empresas (UTE) designada como contratista de las obras y pagado por ella a una consultora privada.

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O siguiendo por la anomalía flagrante de que la audiencia pública fue llevada a cabo a menos de 24 horas del recambio del Gobierno nacional en la pequeña ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, ante poco más de dos centenares de asistentes, gran parte de las cuales eran empleados de la UTE “Represas Patagónicas”.

El actual Ministerio de Energía de la Nación a cargo del Ing. Juan José Aranguren, pondera en su rechazo al amparo que las dos presas sobre el Río Santa Cruz inyectarán al sistema Interconectado nacional 1.310 MW de potencia instalada lo que se traduciría en “un beneficio a todos los habitantes del país”.

Si se toma en cuenta que en un día normal de verano la demanda energética a nivel nacional supera los 24.000 MW de potencia instalada, concluimos que estas obras cuyos efectos sobre el sistema de glaciares del Parque Nacional Los Glaciares todavía se desconocen, apenas representarían un aporte de un 5,5% de energía adicional a un costo ambiental imposible de prever a futuro.

¿Vale la pena arriesgar tanto por tan poco?

De acuerdo con las afirmaciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, todo parecería indicar que sí.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia lamenta profundamente esta presentación del Estado Nacional. Presentación que demuestra a las claras que las represas sobre el Río Santa Cruz son un excelente negocio que despierta un inmediato afán de lucro en aquellos que sueñan con ser financistas, proveedores o contratistas del Estado Nacional y que anteponen frente a cualquier consideración de índole ambiental su propio interés particular.

Lamentamos aún más, la negación categórica a la posibilidad de evaluar y/o analizar la creación de un programa eólico que suplante en mejor forma las obras en cuestión, esto es, de manera económica, segura, generando fuentes de trabajo genuino para los argentinos y tomando al pie de la letra el principio de sustentabilidad ambiental, en concomitancia con las líneas y políticas de estado que aplican en el siglo XXI países desarrollados.

El actual Gobierno Nacional tiene ante sí la oportunidad histórica de que Santa Cruz y la Patagonia sean un primer hito en ese sentido, descartando opciones de generación que siendo viables han quedado obsoletas frente a otras de menor coste e impacto ambiental.

Nuestros nietos gozan del derecho inalienable a disfrutar de los avances y rupturas del Glaciar Perito Moreno, de sus bosques milenarios y de sus hermosísimos lagos y ríos glaciarios al igual que lo tuvieron nuestros ancestros. Al igual que lo hemos tenido y seguimos teniendo nosotros mismos.

No arriesguemos ni un palmo más de Naturaleza. Mañana podría ser tarde.

El ambiente primero.