El diputado reclama al “Poder Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inciso 11 de la C.N. para que por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Secretaría de Energía; Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y demás organismos competentes en la materia, informen a esta H. Cámara de Diputados respecto de las siguientes cuestiones vinculadas a las medidas concretas que hubiere adoptado tendientes a la promoción del consumo de biomasa, su uso eficiente como fuente de energía y otras cuestiones conexas”.

Los puntos a los que hace referencia son:

  • Especificar de qué manera se propicia el consumo o uso eficiente de la biomasa como fuente de energía, tanto para el sector doméstico rural como para atender las demandas de las industrias rurales y urbanas.
  • Establecer cuál es el programa de desarrollo implementado por el gobierno destinado a la sustitución de combustibles, a efectos de reducir la contaminación ambiental.
  • Referir las estrategias aplicadas con el objeto de generar el suministro sostenible de biomasa.
  • Puntualizar los mecanismos financieros vigentes destinados al desarrollo de proyectos de aplicación de medidas de eficiencia energética y energías renovables y si se dispuso flexibilizar las condiciones de acceso al crédito por parte de usuarios portadores de proyectos de uso energético racional de biomasa en las industrias rurales y urbanas.
  • Precisar cuáles son los programas vigentes de promoción de la generación y uso de energía eólica y solar, a tenor de lo normado por la ley 25.019.
  • Determinar cómo el Estado promueve la investigación y el uso de las siguientes energías no convencionales o renovables:
  • La producida hidráulicamente en tanto la usina tenga una capacidad instalada potencial igual o inferior a los 15 MW;
  • Las energías geotérmicas;
  • La energía solar;
  • La energía eólica;
  • La energía biomásica;
  • La energía mareomotriz;
  • Los gases de vertedero y de plantas de depuración; y
  • Toda otra fuente energética que según criterios técnicos, científicos y ambientales quepan en el concepto de renovable.

Assef sostiene que en septiembre de 1998 se sancionó la ley 25.019, que declara de interés nacional la generación de energía eléctrica de origen eólico y solar en todo el territorio nacional, y promueve la investigación y el uso de energías no convencionales o renovables.

Esta misma ley estableció incentivos impositivos a toda actividad de generación eólica y solar destinada a la prestación de servicios públicos. No obstante, nunca pudo ser una herramienta efectiva ya que durante el año 1999 estuvo retardada su reglamentación y durante todo el año 2000 se demoraron las resoluciones técnicas y burocráticas que la pondrían en vigencia. Cuando comenzó a tener vigencia plena, en el 2001, en el país se profundizó una fuerte crisis y se decretó hasta hoy la ininterrumpida emergencia económica. Desde entonces las condiciones para nuevas inversiones en materia de generación energética son adversas”, concluyó.